OPINIÓN

Si bien la mayor recaudación por impuestos directos tuvo beneficiarios, también ha restringido el gasto o el ahorro de quienes son alcanzados por ellos.

Es habitual observar que decisiones de política económica que apuntan a un cierto objetivo, son evaluadas solo por los beneficios que puedan generar. Pocas veces se consideran los costos que puedan tener asociados. El economista debe, sin embargo, analizarlas siempre con un enfoque costo-beneficio. Y no desde el ángulo de los costos y beneficios privados, sino desde el punto de vista social.

Lo que se busca es llegar a la verdadera eficiencia social de las decisiones de política económica, es decir, que la eficacia que tengan no provoque efectos negativos mayores en otras áreas de la sociedad y que las lleven a descartar.

Abundan en ese sentido los ejemplos. Uno es el de la protección arancelaria que se justifica por los beneficios que puede traer para las actividades productivas locales y a sus trabajadores, sin tener presente que castiga a la población en general por los mayores precios que debe pagar por los bienes producidos localmente. Otro es el del fomento tributario a ciertas actividades, en detrimento del resto de los contribuyentes que deben cubrir los ingresos que el fisco pierde por las exoneraciones concedidas. O cuando se fija un precio máximo a cierto bien o servicio por debajo del que regiría en caso que el mercado no contara con esa distorsión y que lleva a una menor producción y a mercados negros. Y ni qué hablar cuando se fijan salarios mínimos que benefician solo a aquellos trabajadores que no pierden su puesto y perjudican a los que lo pierden porque quienes deben pagarlo no tienen la posibilidad de hacerlo.

Pero el ejemplo al que me referiré hoy es diferente: el costo que ha venido teniendo en los últimos seis años en términos de empleo, el aumento de la recaudación de los principales impuestos directos: el incremento de los gravámenes sobre el ingreso y la riqueza de la población. El ingreso fiscal por los impuestos a la renta de la persona física (IRPF), a la de las actividades empresariales (IRAE) y al patrimonio (IP), ha crecido significativamente, por ejemplo, desde 2012. Desde ese año, el promedio de la recaudación anual de esos tributos ha sido de 2600 millones de dólares, aunque en los doce meses hasta agosto de 2018 ese monto ha trepado a 4250 millones, a 7,2% del PIB, más de 45% de la recaudación total de la DGI. Por su parte, desde el año 2012, la tasa de empleo ha caído de más de 60% de la población económicamente activa a 57%, más de 80 mil personas, según el Instituto de Estadística (INE). Es obvio que el aumento de la recaudación ha tenido beneficiarios, pero tan obvio es también que ese aumento de lo recaudado por los impuestos directos señalados ha restringido el gasto o el ahorro de quienes son alcanzados por ellos.

Es interesante, entonces, considerar lo que habría pasado si ese aumento de la recaudación de los impuestos directos no hubiese sucedido, y si tanto por el lado de un mayor consumo de los contribuyentes alcanzados por esos impuestos como por el lado de sus inversiones en activos reales o financieros, el empleo no hubiera aumentado. Por el lado del consumo, porque más consumo implica mayor producción y mayor empleo; por el lado de la inversión porque también, tanto las financieras como las reales, impulsan mayor producción y expansión de la ocupación. Evaluar si esos impuestos no castigan al empleo a través de un menor consumo y una menor inversión es, entonces, tan natural como fundamental.

No se debe pasar por alto lo que ha ocurrido en el pasado reciente: hace ya más de tres años el empleo presenta una pronunciada tendencia bajista -según el INE- y la inversión privada en términos brutos y más en términos netos -excluida la depreciación-, también viene en notorio descenso desde 2014, según las cuentas nacionales que calcula y publica el Banco Central (BCU). Son justamente esas dos variables -inversión y empleo- las que por su comportamiento a la baja, la conducción económica busca fomentar desde hace años insistiendo sobre su importancia, lo que lleva a esas autoridades a desgravarla parcial o selectivamente para promover el crecimiento económico y sujetando a esa eventual disminución tributaria a lo que su ejecución se traduzca en términos de ocupación adicional.

Se escucha en sectores políticos y sindicales que es necesario un nuevo modelo económico -o la adecuación del actual- para lograr mejorar las condiciones sociales y para alcanzar una estructura productiva más diversificada del país. No se mencionan las formas de proceder -las políticas- para lograr esos objetivos. Tan solo se vuelve “en reiteración real” a la muy conocida propuesta del Estado intervencionista y desconocedor de los efectos expansivos de la actividad y el empleo cuando existe la libertad de acción y de disposición de sus ingresos y su riqueza por los individuos: “que pague más el que tiene más o el que gana más”. Como si eso no hubiese ya ocurrido, al punto que los impuestos directos han aumentado más de 50% su participación en el total de la recaudación de la DGI en los últimos cinco años, y más aún desde la segunda mitad de la década pasada. Es tal vez por ello que desde la conducción económica se insiste, al igual que desde otros sectores, que contrariamente a lo que desean sectores de peso importante en la conducción política del país y los gremios sindicales, que seguir aumentando esos impuestos no es solución para mejorar la inversión y el empleo que ella trae consigo.