OPINIÓN

La importancia del conflicto en el agro

El costo de la producción nacional se ha ido encareciendo progresivamente por el desproporcionado costo del Estado y por el creciente costo de la mano de obra, en términos relativos con otros países exportadores de productos agropecuarios.

Durazno. Foto: Rodrigo García.
Protesta del campo en Durazno. Foto: Rodrigo García.

Los salarios, en la mayoría de los sectores, se incrementaron en base a acuerdos de Consejo de Salarios que no tuvieron en cuenta la productividad, y eso en definitiva termina atentando contra la propia generación de puestos de trabajo.

Fue así que, pasado el boom de los commodities con precios internacionales que soportaban cualquier incremento de los costos de producción, la actividad agropecuaria se da de frente con la realidad, y se queda prácticamente sin rentabilidad en casi todos sus sectores.

Para colmo de males, el gobierno decide subir las tarifas a fin de año y le niega una reunión a las gremiales agropecuarias.

El Presidente no estuvo nada feliz con su decisión y con esa actitud despertó un movimiento popular con una militancia que nadie imaginaba. Lo cierto es que, mientras Vázquez descansaba en Anchorena —su pequeño Versalles— lejos de la realidad del país, actuó con la indiferencia de Luis XVI el día antes de la Toma de la Bastilla, quien escribió en su diario personal "rien" que en español significa nada, ignorando que había comenzado la revolución.

Luego, consciente de la magnitud del movimiento de "los autoconvocados", Vázquez recibió a los representantes del sector agropecuario para realizarles una propuesta insignificante, que sabía de antemano que no sería suficiente para solucionar el problema de competitividad del sector.

Como era de esperar, desde el FA salieron rápidamente a tratar de politizar la discusión, intentando transformar un problema netamente económico en un falaz debate político entre derecha e izquierda o entre terratenientes y trabajadores.

El Presidente está preocupado, porque por primera vez no se enfrenta a las críticas de la oposición —adversario conocido al que suele descalificar para defenderse—, sino al planteo pacífico de un sector productivo, que por ser común al interés de toda la sociedad, comenzó a permear en la conciencia de la gente.

Es por ello que no debe cesar la tarea de explicarle a la sociedad cuál es la situación de todos los sectores productivos y cuáles serán sus consecuencias si no se corrige el rumbo.

También es importante aclarar que el problema del agro no está en el gasto social, en la redistribución de la riqueza ni en la equidad, pues en esos temas no puede haber diferencias dentro de la sociedad. Todos queremos un Uruguay más próspero y justo. Pero sin prosperidad económica no hay justicia social, porque inexorablemente quienes soportan lo peor de una crisis económica son las familias de los sectores más pobres de la sociedad, y especialmente los niños.

Los autoconvocados pusieron sobre la mesa un tema netamente económico que resulta fácil de entender:

1°) Que los ingresos genuinos de un país provienen de las exportaciones, del turismo y de la inversión extranjera y que la existencia de estos sectores, está indisolublemente asociada a la rentabilidad del negocio. Nadie viene a invertir para perder dinero. Del mismo modo, los ingresos por concepto de exportaciones dependen de la posibilidad de llegar a los mercados internacionales con precios competitivos, y el 80 % de las exportaciones nacionales provienen de la actividad agroindustrial.

2°) Sin inversión no hay crecimiento económico y sin crecimiento económico se mantiene el déficit fiscal, que por cierto es de U$S 2 mil millones a 2017 (3,5 % del PIB). Obviamente, de la mano del déficit fiscal viene el endeudamiento del país.

3°) Si el sector exportador no puede colocar sus productos en el mercado internacional, habrá de reducir la inversión y la producción, con lo cual disminuirán las divisas que ingresan al país y especialmente el empleo.

En el camino correcto.

Si el agro continúa con su prédica pacífica, tarde o temprano el pueblo va a tomar conciencia de que el gasto del Estado lo terminan pagando principalmente los que trabajan, porque este es un país de trabajadores y pequeños empresarios. Los datos de recaudación de la DGI son un claro indicador sobre cómo se distribuye la carga tributaria. Así, mientras los impuestos al consumo, IVA e Imesi representan 55,9 % de los ingresos totales de la DGI en 2017 -45,8% y 10,1 % respectivamente-, el IRPF categoría II que grava las rentas del trabajo dependiente e independiente representó el 15,4 % de los ingresos, con lo cual, estos impuestos representan más del 75 % de los ingresos de la DGI. Es cierto que el 64 % de los trabajadores tienen ingresos inferiores al mínimo no imponible y no pagan IRPF, pero como estos generalmente consumen todas sus rentas adquiriendo bienes y servicios gravados con IVA, este impuesto se les lleva una buena parte de sus ingresos.

En conclusión, lo que está en discusión no es la rentabilidad de un grupo de terratenientes, sino los efectos devastadores que tiene sobre la economía el peso del costo del Estado que se traduce en tarifas e impuestos y el atraso cambiario, que deterioró enormemente la competitividad. En un mundo cada vez más abierto y competitivo, Uruguay es cada vez más caro e ineficiente, porque, entre otras cosas, no ha logrado revertir los resultados de la educación, que es la única forma de generar un crecimiento económico sostenible y eliminar las inequidades sociales.

Si los autoconvocados continúan discutiendo con cifras y argumentos objetivos, lograrán convencer a la sociedad sobre la importancia que tiene el manejo serio de la economía y la administración austera y republicana de los dineros públicos. En ese momento, habrá comenzado a cambiar la conciencia de un pueblo que se acostumbró a votar por candidatos que prometen los que no es posible cumplir y esa será, sin duda, la más importante de las revoluciones.

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