OPINIÓN

En mi anterior columna intenté mostrar que la inestabilidad que tenemos en el Cono Sur de las Américas, exceptuando a Chile, es muy superior a lo que sucede en el resto del continente.

Así, la devaluación de nuestras monedas y la caída en la cotización de la deuda pública, si bien "siguieron la tendencia internacional de los mercados emergentes" (el signo de su variación es el mismo), son notoriamente mayores. De hecho, la devaluación en Uruguay ronda el 11%, en Brasil el 15% y en Argentina 25%, contra 2 a 3% en otros países. Por tanto, "la influencia mundial" explica una parte menor de lo que acontece, siendo los factores internos los predominantes a la hora de saber las causas. Básicamente sucede que las cuentas fiscales están débiles o muy débiles y, la necesidad de financiar los abultados déficit con préstamos lleva a que, cualquier nerviosismo, amplifique los movimientos.

Tanto Argentina como Brasil tienen problemas de relevancia y, si bien están creciendo, la tasa de expansión no alcanza, ni cercanamente, a lo que precisan para solucionar sus problemas financieros a corto plazo sin recurrir a reducir el gasto o aumentar los impuestos. En ambos casos, subir los impuestos no luce como una solución acertada en función de la carga fiscal, ya fuera de parámetros aceptables, dado el nivel de desarrollo relativo y la maraña de impuestos distorsivos que su ordenamiento tiene. Lo más probable es que un aumento de impuestos termine perjudicando a la economía más de lo que, eventualmente, la beneficiaría a corto plazo. El nivel de deuda pública de Brasil es muy alto y su dinámica no sostenible. Por su parte, Argentina tiene menor volumen de endeudamiento público con agentes por fuera del sector público, pero si se cuenta la que tiene en poder del propio sector público, ya no es tan bajo y, además, en una gran parte es de plazo corto, como lo mostró el mentado vencimiento de dos martes atrás.

Más allá del ajuste de las cuentas públicas, y tan importante como lo anterior, es que ambos países necesitan recorrer un camino de reformas estructurales que impulsen el aumento de la productividad, de manera de mejorar la competitividad y elevar la tasa de crecimiento potencial de largo plazo. En ambos, las condiciones de competencia en los mercados son malas y, de hecho, en sus mercados internos, las regulaciones e impedimentos son de tal significación que impiden la mejora al ritmo necesario.

Por tanto, sin procesar ajustes y reformas estructurales de relevancia, no "habrá paz" en el entorno. Lamentablemente esto está fuera de nuestro control y, dados los antecedentes, debemos actuar como que no harán los deberes y, entonces, proceder en consecuencia de manera profiláctica.

Mirando las cifras de nuestro país las cosas son apenas un poco mejor, pero nada que nos deje a salvo de los problemas regionales. Las estadísticas conocidas del primer trimestre sugieren, sin que exista una que lo contradiga, que el nivel de actividad no es el esperado a comienzos de año, todo lo cual se agravó con la sequía. El ingreso de los hogares ha caído, la producción industrial —sin considerar la refinería que distorsiona la realidad—, también; el empleo retrocede fuerte luego de haber cesado su caída durante el año pasado, la recaudación de IVA también cae y de la zafra agrícola de verano no es necesario decir lo que pasa. A su vez, con las correcciones que se deben hacer a la información de caja, el déficit fiscal no se redujo prácticamente en nada y sigue en el entorno del 3,5%.

Ni que hablar que también Uruguay precisa reformas estructurales que potencien su crecimiento.

Así las cosas domésticas, y con la inestabilidad de los vecinos, en un país bi-monetario, donde la moneda local es casi residual y por tanto, la política monetaria tiene poco "poder de fuego", y sin margen para que la política fiscal sirva de sostén, la única respuesta de política económica posible debe ser la máxima cautela. Lo ideal sería reducir el gasto público, evitar la indexación de la economía y no pretender aumentos en los salarios reales que se vuelvan un boomerang aún mayor contra el empleo y el nivel de actividad.

No espero que en la próxima rendición de cuentas que el PE debe enviar al Legislativo antes del 1º de julio próximo, el proyecto contenga reducción de los créditos presupuestales, como entiendo, debería hacer no solamente como señal, sino como acto de respuesta a la realidad que vivimos.

De todos modos, sería muy conveniente que la RC al menos no modificara los actuales créditos. De esta manera, por poco que se crezca, igual se estaría reduciendo el déficit en relación al PIB y como consecuencia, las necesidades de endeudamiento. Resulta imperioso que nuestras finanzas públicas comiencen a mostrar mejoras continuas y consistentes con una trayectoria de deuda que no se desmadre.

De la misma manera, en las negociaciones de salarios que están en curso, lo razonable serían acuerdos de corto plazo, no más allá de diciembre de 2019, sin cláusulas de indexación, pero con cláusulas de flexibilidad, simétricas al alza y baja, para el caso de shock que podamos recibir. Un error en este sentido puede desembocar en mayor inflación y una caída del nivel de actividad más allá que lo que las propias circunstancias acarrearían.

Ya lo más seguro es que la tasa de crecimiento del año sea bastante inferior a la que el mercado estima. La incertidumbre es importante como para mirar para el costado y no intentar corregir, así como jugarse a plazos muy largos, atarse de pies y manos y terminar sufriendo más de la cuenta.