OPINIÓN

Ignorancia, intereses e idiosincrasia

El gobierno de los Fernández arremete con medidas propias de los sesenta, con la convicción de quien cree estar en el camino correcto.

Alberto Fernández y Cristina Fernández celebran la victoria electoral.
Alberto Fernández y Cristina Fernández celebran la victoria electoral. Foto: Archivo

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Una vez más, con el retorno del Peronismo, Argentina nos permite viajar al pasado, a los sesenta, con medidas propias de aquellos años: atraso en el ajuste de los precios de los servicios públicos, tipos de cambio múltiples, controles de precios, altos impuestos sobre las exportaciones, subsidios a la industria nacional.

Es cierto que en términos generales estas cosas sobrevivieron a lo largo del período de Macri, pero hay una diferencia importante. Mientras que Macri, por ser pusilánime, primero no se animó a desfacer esos entuertos por completo y después terminó usándolos con mayor intensidad, el gobierno de los Fernández arremete con esas medidas en ristre con la convicción de quien cree estar en el camino correcto.

Me he referido desde esta página a las tres íes a las que habitualmente están asociadas las malas políticas: la ignorancia (por ejemplo, de los efectos económicos de las políticas); la ideología (retrógrada, propia de otra época y que da lugar a políticas que están probadamente equivocadas); y los intereses creados (es decir razones espurias). Hace poco, en una conferencia, alguien me indicó con razón una cuarta “i” para mi lista: la idiosincrasia, o sea el modo de ser característico de una sociedad, digamos, su ADN. Obviamente, hay un poco de todo esto en las políticas que está reimpulsando la Argentina peronista.

Viene al caso comentar algunas de las locuras en curso porque en este lado del Plata también hay partidarios de políticas sesentistas, si bien en los gobiernos de quienes vuelven a la oposición ellos, felizmente y gracias a Astori, no tuvieron demasiada incidencia. Pero como de ellos hay por todos lados, por aquello de las cuatro íes, no debemos bajar la guardia y es bueno insistir en estas cosas.

Quizá el caso más elocuente sea el del “atraso tarifario”, o sea, el congelamiento de los precios de los servicios públicos. Con la inflación que tiene Argentina, congelarlos por seis meses implica un abatimiento real considerable en esos precios que, por otra parte, ya venían atrasados. Esto tendrá como consecuencia un mayor déficit fiscal (si el gobierno se hace cargo de los aumentos que no concede a las empresas) o un problema financiero para las empresas (si no lo hace) que como primera medida tenderán a reducir sus planes de inversiones.

Pero lo peor del caso consiste en que esa política de “energía barata para todas y todos” no focaliza el subsidio en quienes lo necesitan, por tener bajos niveles de ingresos. Se subsidia también al rico, que aprovecha la energía barata, por ejemplo, para calefaccionar su piscina. La no focalización de los subsidios en la verdadera población objetivo es uno de los grandes números en materia de malgasto público. Dicho sea de paso, en Uruguay tenemos subsidios en el transporte y en la salud a cargo del erario público.

Lo anterior nos lleva a otro tema: se debe evitar usar numerosos instrumentos para acometer el mismo objetivo, lo que se suele aplicar a la redistribución de ingresos. Hay que buscar usar cada instrumento para lo que mejor hace. No es con cada impuesto ni con cada precio administrado que se debe buscar la redistribución porque se generan daños colaterales en materia de asignación de recursos y eficiencia en la economía. Es con el presupuesto, con políticas sociales específicas que se debe buscar aquel objetivo.

Otro ejemplo de estos días en el país vecino ha sido la llamada “doble indemnización” que implica pagar un despido doble a los trabajadores. Esto constituye el caso típico que “se vende” como una ayuda al trabajador pero que en realidad es en su perjuicio, porque la consecuencia obvia de esa medida es dejar de contratar trabajadores ante el encarecimiento inducido por esa medida.

Algo similar sucede cuando se hacen leyes de alquileres que pretenden ayudar al inquilino, pero que lo perjudican al dar lugar a una disminución en la oferta de casas en alquiler.

O poner un impuesto con el propósito de que afecte a determinado sector pero que, por desconocer los legisladores sobre elasticidades, logran el efecto opuesto. Una vez más, el caso de los alquileres es paradigmático en ese sentido.

Y ya que estamos, en materia de impuestos todo es posible si se vincula la creación o el aumento de uno con un propósito benemérito. El impuesto de primaria en nuestro país es un ejemplo perfecto de esto y pocos nos animamos a criticarlo porque hacerlo implica ser políticamente incorrecto. Pero, en realidad, es un impuesto inmobiliario adicional al impuesto al patrimonio y a la contribución inmobiliaria, que solo lo justifican por el destino de su producido. Dicho sea de paso, llevar esa práctica de las rentas afectadas al extremo, implicaría dejar sin flexibilidad presupuestal al gobierno.

Podríamos seguir con la política comercial, el mal llamado proteccionismo que en realidad implica privilegiar industrias que suelen agregar poco valor en detrimento de los sectores exportadores. En nuestro país hubo recientemente un impulso a prohibir las exportaciones de ganado en pie, lo que en realidad lograría el efecto de desincentivar la cría de ganado.

En la misma línea, la imposición de detracciones (retenciones, en el lenguaje argentino) sobre las exportaciones de la producción más competitiva no es otra cosa que pegarse un tiro en el pie.

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