OPINIÓN

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El buen resultado fiscal que se registró en 2021 dio lugar a críticas desde la oposición política, donde se sostuvo que el Gobierno hizo un sobreajuste fiscal, en momentos en que se daban consecuencias adversas en lo económico y social debido a la pandemia. Por lo tanto, se le critica por priorizar las cuentas al costo de retacear recursos para la recuperación. Veamos.

Primero, resulta evidente que los números fiscales fueron mucho mejores que lo esperado, no ya por nosotros los economistas privados, sino, lo que es más relevante, por el propio MEF. En la Rendición de Cuentas del pasado 30 de junio, el MEF incluyó una proyección fiscal que daba lugar a un déficit de 5,6% del PIB en 2021, compuesto por uno de 4,9% del PIB para el Gobierno Central (GC) y el BPS y uno de 0,7% del PIB para el resto del sector público (empresas estatales, BCU, BSE y Gobiernos Departamentales).

Sin embargo, se llegó a un déficit de 4,3% del PIB en el primer caso y a un superávit de 0,1% del PIB en el segundo, por lo que el déficit total fue de 4,2% del PIB. Los desvíos positivos fueron de 0,6% del PIB en el GC y el BPS, de 0,8% del PIB en el resto y de 1,4% del PIB en el total.

O sea que, efectivamente, las cosas fueron mucho mejor que lo esperado. Pero esto no significa, en absoluto, que hubiera una voluntad deliberada para hacerlo. Veremos que hubo circunstancias no previstas por el MEF que explican semejantes desvíos.

Lo primero que ocurrió fue que la economía creció más que lo previsto (una vez más, no sólo por los economistas sino por el propio MEF): 4,5% según la última estimación oficial versus 3,5%. Segundo, la inflación fue más alta que la prevista: 8,2% versus 6,9% en el año calendario y 8,7% versus 8,0% en términos de promedios anuales. Sumando los dos efectos, resulta que el PIB nominal fue, en 2021, 1,5% más alto que lo programado por el MEF. Y esto no es inocuo para las finanzas públicas, dada la diferente “memoria” en la evolución de ingresos y gastos fiscales. Mientras que los ingresos acompañan de cerca al PIB nominal (el IVA se paga en el mes siguiente al de su generación) los egresos lo acompañan de lejos (salarios y pasividades quedan fijas en enero para todo el año).

Lo anterior explica tanto el aumento en los ingresos como la dilución de los egresos con relación a lo previsto y explica casi toda la mejoría fiscal en el GC y el BPS.

Por otro lado, en el resto del sector público, la mejoría tiene dos razones fundamentales en el ámbito de las empresas estatales: las ganancias de UTE por la exportación de electricidad a Brasil (0,4% del PIB) y la reducción de stocks en ANCAP (0,2% del PIB) que ya se revirtió parcialmente en enero.

Por lo que aquí no hay otra cosa que una mejoría fiscal imprevista y ex post, nada deliberado por parte de fiscalistas desalmados. Desde la oposición seguramente se han de añorar los tiempos en los que ante una situación como esta se determinaba que existía un “espacio fiscal adicional” y se lo gastaba raudamente. Así fue que en tiempos de vacas gordas no se ahorró para cuando vinieran los de vacas flacas, tal como se señaló hasta el cansancio desde esta columna en esos años.

Debe destacarse el cumplimiento, por segundo año consecutivo, de la novel regla fiscal para el ámbito del GC y el BPS en sus tres pilares: resultado fiscal estructural, tope de gasto primario y variación de la deuda pública.

Regla que limita la discrecionalidad de los gobiernos y que será clave para desligar al gasto público del ciclo político electoral de los gobiernos. Y para ya no poder inventar cosas tales como los referidos espacios fiscales adicionales.

Para ello resulta clave el mantenimiento de la nueva institucionalidad fiscal que se aprobó en la LUC. Las reglas, como sucede con todo orden normativo, no son relevantes para quienes creen en ellas y desean atenerse a ellas, sino para los que no las quieren.

Volviendo al principio, el resultado fiscal ha sido mejor al previsto y, depurado de efectos transitorios (gasto COVID, exportación de electricidad a Brasil, variación de stocks de Ancap, entre otros) se ubica en torno al 3% del PIB. Mejor que lo esperado por todos, incluido este columnista e incluido el propio MEF. Eso ha permitido, hasta ahora, cumplir con el compromiso electoral de mejorar las cuentas públicas sin subir los impuestos (la mínima reducción del subsidio al consumo pagando con instrumentos electrónicos y las pamplinas referidas al ajuste de la BPC son inmateriales). So far, so good.

Pero ese camino, hasta el momento mejor transitado que lo previsto, se volverá empinado desde ahora, cuando los salarios y las pasividades recuperarán el terreno perdido en el primer bienio, la inversión pública crecerá desde mínimos históricos y la energía, en vez de ayudar, nos complicará las cosas. Como atenuante, esto ocurrirá con la economía en crecimiento (a más del 3% anual) y generando recursos consecuentemente.

Con o sin la regla fiscal en vigencia, el Gobierno deberá atenerse a ella de modo que esta vez no se reediten los habituales “carnavales electorales” característicos de nuestras finanzas públicas.

Para el próximo gobierno, sea del partido o de la coalición que sea, el mantenimiento de la nueva institucionalidad fiscal y, todavía más, el antecedente de su cumplimiento durante todo el actual período de gobierno, será una restricción relevante, difícil de evitar. Además, podrá marcar un hito, un antes y un después, en nuestras finanzas públicas.