OPINIÓN

Una de las noticias de la semana es que el mega acuerdo comercial concebido y propulsado por Estados Unidos, continúa su marcha sin la participación de su progenitor.

El acuerdo Transpacífico (Tppca) integrado por varios países de América Latina y la cuenca del Pacífico, menos China, será firmado el 11 del corriente en Chile. Aun sin la participación de su mentor, será el acuerdo multilateral más grande de liberación comercial y de servicios jamás firmado.

A su importancia en materia comercial, se le incluyen temáticas tales como derechos laborales, protección ambiental y propiedad intelectual, las cuales servirán de modelo para futuros acuerdos a otras regiones del mundo.

Su ratificación, que se espera que culmine en 2019, movilizará otras fuerzas potentes en el comercio global como reacomodo a la nueva situación. Que China esté excluida, hecho buscado por Estados Unidos al propulsar la iniciativa, genera un espacio comercial y político que diluye su presencia, la que tratará de rescatar.

De manera tal que es esperable alguna forma de acercamiento por parte de China, donde el nuevo conglomerado tendrá una mejor posición negociadora frente al coloso asiático, particularmente en materia de estándares que fueron trabajosamente negociados entre los miembros del Tppca.

Más allá de las implicancias aun difíciles de predecir que desatará este ambicioso acuerdo, corresponde resaltar el papel de Chile en evitar el naufragio de esta iniciativa torpedeada por el presidente Trump, poco después de asumir. En ello, la administración Bachelet tomó el liderazgo, reavivo el espíritu del acuerdo y logró sortear obstáculos que planteaban países como México, Malasia, Singapur y Brunei para llegar a los acuerdos finales que posibilitarán su firma.

Sin duda, esto resulta de una política de Estado sabia, permanente, desprendida de preconceptos e ideologismos, que solo busca mejorar el bienestar de sus ciudadanos. En una década y media, Chile ha negociado 26 acuerdos de libre comercio, que abarcan 64 países que representan el 85% del PIB global y el 60% de la población mundial. A su vez, lidera el espacio subregional Alianza del Pacífico, integrada por México, Perú y Colombia, que actuará como facilitador del comercio entre sus socios y de catapulta negociadora para futuros acuerdos.

Esta nueva realidad abre nuevas avenidas en la relación de la región con Estados Unidos y promueve un ejercicio de introspección dentro del Mercosur en general y de nuestro país en particular, respecto a las políticas acordes para zafar de la paralización actual y trazar rumbos nuevos.

En esto nos encontramos que la administración Trump ha colocado a la relación de la región con ese país en un plano nuevo y complejo, fruto de un proceso de décadas que también tuvo sus vaivenes. De la frustrada Iniciativa de las Américas del Presidente George W. Bush creando una zona de libre comercio hemisférica, pasando por las versiones restringidas de las administraciones siguientes plasmadas en TLC, se ha llegado a una forma de comercio bilateral producto por producto bajo el manto del comercio "justo" (fair trade). Ejemplos representativos son la actual renegociación del Nafta, la imposición de trabas a importaciones como el biodiesel (Argentina) o artículos de línea blanca (México). Esto genera además un halo de desconfianza en la relación bilateral con América Latina, lo que ayuda a despertar resquemores históricos.

Este panorama le presenta a China la oportunidad de ocupar los espacios entregados tanto sea en aspectos comerciales como financieros y también políticos. La mayoría de la región depende hoy de la demanda de sus exportaciones, a lo que en algunos casos se le agregan créditos o inversiones directas en montos no despreciables. Por ende, una región negociando con algún grado de cohesión parece ser una alternativa adecuada para mejorar los resultados de la relación comercial con el coloso asiático.

Finalmente el Mercosur, y nosotros en particular, deben salir del estado de negación, insistiendo en un esquema de integración que con su diseño actual no da para más.

Estos países se han integrado comercialmente a China por default y no por decisión propia. Pero a costa de pagar aranceles innecesarios por no tener acuerdos comerciales vigentes que se traducen en centenas de millones de dólares anuales más el costo invisible que genera una oferta restringida por el menor precio que recibe el productor. A lo largo de sólo una década implica pérdidas sociales equivalentes a varios puntos del PIB por una política errónea.

Siempre queda como pregunta si quienes impiden o restringen los cambios necesarios en la política comercial, sienten responsabilidad por el daño que han ocasionado. Es difícil de aceptar que la ideología o el desconocimiento pueda neutralizar lo que muestra el análisis sereno de los hechos. Más aun, cuando la oposición al cambio proviene de ámbitos reducidos, cargados de poder político, pero escasos en representación ciudadana. Y para colmo, la ciudadanía depositaria de la última palabra se muestra indiferente porque lo percibe como un tema lejano sin efectos concretos sobre su bienestar. La respuesta es generar una política de estado transpartidaria en materia de inserción externa, con amplio consenso ciudadano.

Es la forma de diluir el poder de los grupúsculos, y salir del atolladero. Y eso es lo que nos está faltando.