Opinión

“Es difícil imaginar que el déficit fiscal que está en torno a 4% pueda bajar de aquí al cambio de gobierno y en todo caso, puede llegar a subir".

Tras conocerse la "tarjeta amarilla" que, razonablemente, mostró la agencia Fitch a Uruguay, los economistas que venían planteando la necesidad de realizar un ajuste fiscal en el inicio del próximo gobierno sumaron adhesiones a su posición y fueron más lejos todavía, al argumentar que el actual gobierno debería tomar medidas cuanto antes.

Algunos economistas expresaron que ese ajuste debería incluir inevitablemente aumentos de impuestos, y uno de ellos llegó a detallar los tributos que a su juicio deberían ser subidos (IVA e IRPF).

Dato atrasado. Como expresé varias veces desde aquí, esas agencias calificadoras de riesgo siempre llegan tarde con sus juicios, tanto para otorgar el grado de inversión como para quitarlo y todo parece indicar que esta vez no será la excepción. Llevamos cinco años consecutivos con déficit fiscales considerables, que hacen insostenible a la trayectoria de la deuda.

Lo anterior me genera los siguientes comentarios.

Uno, lo primero a analizar consiste en la necesidad o no de efectuar un ajuste fiscal. El déficit fiscal se encuentra en torno al 4% del PIB, es difícil imaginar que de aquí al cambio de gobierno pueda bajar y en todo caso, puede llegar a subir un poco más en función de cuánto pegue en la recaudación la actual recesión, que está implícita en los pronósticos del producto bruto (lo que podremos comprobar en forma diferida con la difusión de los datos trimestrales del PIB del tercer y el cuarto trimestres). Frente a ese déficit existe un límite aceptable, que comparto con el MEF que se ubica en 2,5% del PIB, por lo que efectivamente hace falta un ajuste, de por lo menos 1,5 puntos del producto al día de hoy.

Dos, no sabemos si el tiempo nos permitirá llegar a 2020 sin realizar el ajuste necesario durante tanto tiempo o si las circunstancias se volverán apremiantes y habrá que hacerlo antes. En tal caso, lo hará el actual gobierno, ya sea que lo diseñe él mismo o que se lo impongan las circunstancias (como a Macri desde abril). Lo mismo vale para el próximo gobierno si hereda el ajuste pendiente. Tras lo de Fitch, sería razonable que el gobierno empezara ya mismo a corregir la situación.

Tres, ¿será imprescindible subir impuestos o se lo podrá realizar mediante ajustes del presupuesto? Porque no hay que asimilar "ajuste fiscal" a "subir impuestos"; si bien es lo más común (y sencillo) también existe la posibilidad de reducir el presupuesto. Una vez más el tiempo disponible resulta clave para poder responder esa pregunta. Si hay tiempo para que el nuevo gobierno produzca las leyes que ajusten el presupuesto (reforma previsional, política de recursos humanos en el sector público, reducción del "malgasto" público, entre otros) y para que esas reformas empiecen a generar ahorros, se podrá ir por ese lado. De lo contrario, si la situación es grave, no habrá más remedio que subir impuestos, quizá de manera transitoria mientras esas reformas no estén operativas.

Cuatro, creo que, por una vez en nuestro país, se debería apuntar al lado difícil del gasto y no al lado fácil de los impuestos. Y creo que también por una vez se debería repensar el presupuesto "desde cero", pidiéndole a los respectivos jerarcas que justifiquen el mantenimiento de las dependencias, los trámites y las dotaciones de recursos humanos que gestionan. Se debería cortar con esa inercia presupuestal que cada año, en presupuestos y rendiciones, implica dar por bueno lo que viene de antes y sólo plantear aumentos diferenciales para adelante.

Mejor gasto. En este contexto ha caído muy oportuno un reciente estudio del BID titulado. "Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe (ALC) pueden hacer más con menos". En ese trabajo se estima en 4,4% del PIB en el promedio de ALC los ahorros potenciales derivados de corregir filtraciones en transferencias a poblaciones no objetivo, de malgasto en compras públicas y de malgasto en remuneraciones a empleados públicos.

En el caso de nuestro país, el BID estimó en 3,7% del PIB el ahorro potencial por subsanar esas malas prácticas en la gestión de los recursos públicos. Una cifra casi similar a la de todo nuestro déficit fiscal. Parafraseando el BID, es muy posible que podamos hacer más (mejores resultados) con menos en vez de acudir siempre a más presupuesto, como en el caso de la enseñanza pública, donde subió el presupuesto y empeoraron los resultados.

Hasta este momento no contábamos con una estimación como la referida. Y casi siempre que se habla de recortar gastos excesivos o redundantes, se habla para la tribuna de las mismas cosas que suman monedas (autos oficiales, viajes y otras pamplinas). Ahora hay una cifra grande, contundente, sobre la cual trabajar. El sistema político no tendrá excusas, en particular quien se haga cargo del gobierno desde marzo de 2020, y deberá hincarle el diente al presupuesto, a la forma en que se lo gestiona y a sentar las bases para evitar nuevos desvíos, estableciendo metas y objetivos sobre los cuales rendir cuentas debidamente.

El tiempo dirá si el ajuste necesario será realizado por el actual gobierno o por el próximo, si se llegará a que lo diseñe el gobierno, o si lo impondrá la realidad, y en caso de que lo diseñe el gobierno, qué combinación de aumentos impositivos y reducciones presupuestales utilizará.