JULIO PREVE FOLLE

La granja se nos muere

La divulgación reciente de los datos definitivos del Censo General Agropecuario del 2011, permite analizar lo ocurrido en la granja en la década transcurrida entre censos —once años—, porque el resultado, aunque esperable, incluye cifras de tal magnitud que permiten pensar que, así, la granja se muere. Más de una década de políticas que no han tenido ningún resultado justifican pensar en cambiar.

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Cultivo de lechugas. Foto: Archivo El País

En el anuario de Opypa de este año, se incluye un trabajo titulado "Horticultura: situación y perspectivas" que analiza los datos catastróficos del Censo. Lo llamativo y en buena medida triste de este artículo, es que no dice una sola palabra, al menos como hipótesis, acerca del fracaso de las políticas aplicadas como causa de este problema.

Las cifras.

Entre el Censo del 2000 y el del 2011 el número de explotaciones cayó 54%, cifra que alcanza al 62,7% en la papa. Esta estrepitosa caída en el número de explotaciones de la huerta a campo, es algo menor en la huerta "protegida" es decir básicamente de invernáculo: la caída es "solo" de 14,5%. En cuanto a la superficie en la huerta a campo también baja, 54%, en tanto crece en la protegida 41% (300 hás. más).

Las mayores reducciones se registraron en los productores más chicos. Esta menor área dedicada a la horticultura, con desaparición nada menos que de 3.500 explotaciones, permite en base a la expansión del riego lograr una producción no tanto menor, debido a mejoras en la productividad de los que se quedan en el rubro. Concretamente, el dato es que la producción global cae a razón de un 1,8% acumulativo anual desde 2005, lo que marca un desempeño inverso al del agro en general, o de la agricultura en particular. El fenómeno es más notorio en el sur, especialmente en Canelones.

En cuanto al consumo doméstico, que es prácticamente el único destino de la producción, está estancado o incluso en descenso, situándose en valores por debajo de lo recomendado por la OMS, (peor en el interior). El informe se refiere también a los precios, destacando su variabilidad, aunque evolucionando en general por encima del IPC.

Otro estudio del mismo anuario, en este caso realizado por un técnico destacado, el Ing. Heber Freiría, da cuenta de intentos institucionales para construir un plan estratégico para la horticultura. Allí sí aparecen por ejemplo cifras sobre el costo de la protección que costea el consumidor, de cerca de US$ 35 millones por año. Y aparece un análisis interesante sobre la capacidad de este sector de disputar factores de producción. Se demuestra claramente que no diputa por la tierra frente a otras actividades, subrayándose que el incremento de valor en la destinada a todos los demás usos, no ocurrió en la dedicada a este fin.

Algo parecido pasa con la mano de obra, y con otro indicador que es el número de agrónomos que estudian esa orientación granjera: son los mismos pocos de siempre, en ellos no se registra el aumento verificado en las demás orientaciones. Finalmente y como indicador indirecto de inversión Freiría mira los proyectos primarios e industriales de la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de inversiones, MEF) y no encuentra ninguno. En resumen: se reduce estrepitosamente el número de explotaciones, el área hortícola, desaparecen en especial los productores chicos, la producción global está estancada o aun cayendo, el consumo no solo cae sino que está por debajo de parámetros de la OMS, no se exporta los precios superan al IPC, la inversión y el precio de la tierra no registran nada, los trabajadores descienden, la edad de los productores aumenta, los agrónomos no quieren estudiar horticultura.

La política.

Es esta una política de Estado que viene desde el gobierno de Batlle que convirtió el encierro en muralla, y consiste en cerrar por completo la granja a la competencia externa. Los instrumentos utilizados para lograrlo son básicamente dos. El primero es cobrar IVA a la importación de frutas y verduras, disfrazando así un arancel que legalmente no se pude cobrar. Pero lo peor está en el uso absolutamente discrecional caso a caso de una traba sanitaria, que se utiliza o no en base a criterios de encierro: solo se libera un permiso sanitario que debió ser solo eso, un tema sanitario, cuando el gobierno entiende que no se perjudica a la producción nacional a juicio de las gremiales de productores. Obviamente estamos también ante otra ilegalidad —usar una traba sanitaria para cuotificar el comercio— idéntica a lo que como exportadores denunciamos en el mundo cuando nos aplican las análogas en la carne, el arroz, los lácteos o el citrus. Los estudios citados no incluyen a la avicultura que es un caso idéntico, o a la vitivinicultura que es mucho peor. Véase que no se podrá decir que quienes creemos mucho mejor intentar la apertura que vincule la granja al mundo no se podrá decir que abrir supone desempleo, concentración de la tierra, expulsión de productores o perjuicio para los consumidores, porque esto es lo que precisamente ha ocurrido con 11 años de encierro y al margen del derecho, intentando imponer una vez más lo político —supuestamente ayudar a la granja— sobre lo jurídico, que implicaría hacerlo sin discrecionalidad y dentro de la ley. El consumidor paga una política de encierro que solo trajo males. Financia la protección, recibe a cambio lo que las autoridades dejan, absorbe las fluctuaciones de precios que obviamente se producen con una economía cerrada, paga más que el IPC, sin resultados para nadie.

Propuesta.

Primero hay que rescatar la legalidad y la ausencia de discrecionalidad en cualquier diseño de protección. En este sentido y por el tiempo que sea, para los rubros —que no son todos— en los que predominan los productores vulnerables, deberá aplicarse el arancel externo común, máximo valor reconocido de protección nominal. Si con la protección natural de estos productos tan perecederos y un arancel del 35 %, que es el máximo, no alcanza, habrá que cambiar de rubro. Pero fuera de este arancel transparente y no discrecional, nada. Y eliminar ya por su agravio grosero a la legalidad el uso del Afidi (Acreditación Fitosanitaria de Importación) como traba no arancelaria. Fuera de estas excepciones, empezar a abrir la economía granjera, y que sus precios vayan arbitrando con los internacionales, para lograr lo que pasó en todos los rubros que se expusieron a competencia, empezando por ejemplo por el trigo, liberado totalmente en 1994, y siguiendo por los demás granos. Sin miedo a que esa apertura genere desaparición de productores, concentración, sobreprecios al consumidor y todos los horrores, porque esa es precisamente la cosecha de más de una década de encierro absoluto y discrecional.

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