OPINIÓN

Los países han adoptado distintas restricciones para hacer frente al problema; algunos con cuarentenas más estrictas, otros confiando en sus ciudadanos.

¿Cuánto agrega la cuarentena a la declinación de la actividad económica? Algunos estudios para Europa y Estados Unidos sugieren que el grueso de la caída se explica por el virus, pero que las cuarentenas agregarían entre 10% y 20% a la merma en el nivel de actividad.

Por ejemplo, analizando transacciones con tarjetas bancarias en Dinamarca y Suecia, los investigadores encontraron que, en Suecia, que fue más liberal, la caída en la cantidad de operaciones fue algo menor (20% vs 25%). En Estados Unidos, donde las restricciones fueron dispuestas por los gobiernos subnacionales, se encontró que las transacciones cayeron alrededor de 10% más en los lugares con cuarentenas más estrictas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos trabajos tienen validez para los países en que fueron realizados, miden cantidad de transacciones y no montos transados y tampoco permiten responder, al menos por ahora, si la eficacia en el diseño de las cuarentenas afecta su duración, que es otra variable a evaluar a la hora de estimar el efecto sobre la actividad económica para todo el lapso que dure la emergencia sanitaria.

En Argentina aparecen dudas acerca de la eficacia con que los diferentes niveles de gobierno
han respondido a los desafíos que plantea el virus. Las condiciones socioeconómicas de cada región pueden explicar algunas de las diferencias que se observan en la cantidad de contagios y de fallecimientos entre ciudades y entre provincias, pero no hay estudios rigurosos que permitan determinar si hay fallas en la política pública que expliquen un peor desempeño (menor cantidad de tests que los deseables, menor eficacia en los rastreos de los posibles contagiados, etc.).

El hecho es que la movilidad, aproximada por los 5 indicadores publicados por Google más relacionados a la actividad económica, muestra que Argentina tuvo una caída similar a Chile, pero mayor a la observada en Brasil o Uruguay. Es razonable pensar que, a mayor caída en la movilidad, mayor será el impacto en la actividad económica, aunque no es posible establecer comparaciones directas entre países por la diferente exposición de cada componente del PIB a la crisis. Por ejemplo, parte de la explicación de la menor caída en la actividad económica observada en Chile se explicaría por la actividad minera que tiene un gran peso en la actividad económica de ese país y que sufrió menos restricciones respecto de un funcionamiento normal.

En Argentina, la movilidad se había reducido 65% respecto de la situación prepandemia en el mes de abril. Eso coincidió con una caída en el PIB de 26% interanual. La movilidad se recuperó algo en mayo (-57%) y en las primeras tres semanas de junio (-49%), lo que sugiere que habría alguna recuperación de actividad en esos dos meses respecto de abril. Las mayores restricciones en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) dispuestas a partir del 1 de julio, hacen pensar que esa mejora podría frenarse o incluso revertirse en el comienzo del tercer trimestre del año. En parte por estos acontecimientos, en FIEL prevemos que el PIB caiga 13,5% en 2020.

La recesión y las acciones de apoyo a familias y a empresas han aumentado notablemente el  déficit fiscal primario, que alcanzó 11% del PIB en el bimestre abril-mayo. Para el año, entre Nación y provincias podría llegar a 8% del PIB. Hay que remontarse a mediados de la década del 70 para encontrar un nivel de déficit similar.

La enorme emisión del primer semestre de este año fue en gran parte esterilizada por el Banco Central. Esa tarea fue ayudada por dos factores: el crédito total (en pesos y dólares) al sector privado no aumentó en moneda constante por el receso y los depósitos transaccionales subieron por la incertidumbre asociada a la pandemia, a contramano de lo que indica una economía en caída. Cuando la crisis sanitaria termine y la economía recupere al menos algo de la actividad perdida, los depósitos transaccionales deberían volver a su nivel normal. Entonces, el BCRA enfrentará un dilema: o aborta la recuperación del crédito manteniendo elevado el stock de Leliq y pases en el activo de los bancos o los reduce, y ello alimenta presiones inflacionarias. En este contexto, tampoco ayuda la inflación reprimida durante el primer semestre del año por la postergación en los congelamientos de tarifas públicas, entre otros.

Peor aún, la extensión del problema económico seguirá presionando a las cuentas públicas y a la emisión durante los próximos meses. Para no incurrir en males mayores, el gobierno debería evitar que los gastos transitorios se conviertan en permanentes. Por ello, llama la atención la idea de mantener el IFE luego de que cese la pandemia para 3 millones de personas. Conservadoramente, eso podría agregar 1% del PIB al gasto primario.

Cuando ocurrió la crisis financiera de 2008/2009, el gobierno de aquel entonces aumentó el gasto público y nunca lo redujo, aún luego de que la economía se normalizó. El resultado primario positivo de 2008 de alrededor de 2% del PIB desapareció durante la crisis y luego se volvió deficitario por la combinación de ingresos que dejaron de crecer, al reducirse los precios de las commodities, y de gastos que siguieron aumentando (subsidios y universales a la energía y al transporte, moratoria jubilatoria universal). En ese entonces, se gastaron recursos que luego probaron ser transitorios. Fue un error grosero que reveló una gran imprudencia y que dio lugar a enormes déficits fiscales en la década siguiente, pero al menos los recursos estaban.

La propuesta de seguir aumentando hoy las transferencias universales cuando no hay recursos disponibles y cuando ya había un déficit primario previo a la pandemia, parece un intento de desafiar las restricciones presupuestarias básicas de la economía. Gastar lo que no hay y financiar todo con emisión, como ocurrió en 1974 y 1975 y terminó en la primera hiperinflación de la Argentina.

La pandemia ha generado enormes desafíos para la política pública, agravados en el caso argentino por la imposibilidad de recurrir al endeudamiento para financiar, al menos, una parte del esfuerzo fiscal, y por un estancamiento económico iniciado en 2011. Lo último que se necesita en una situación difícil es agregar más incertidumbre por propuestas que no respetan un mínimo de consistencia y sentido común.

(*) Economista Jefe de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) de Argentina.