OPINIÓN

Es en las garantías y el cumplimiento de los más culpables que se mide la profundidad de las convicciones y fortaleza de la democracia.

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Los resultados de las políticas públicas de seguridad en Uruguay deben mejorar. Esto implicará cambios no sólo en el sistema penal (que ya están sucediendo, y con mucho ruido), acompañamiento de políticas sociales, y una política carcelaria digna, garantizando el respeto de derechos humanos. Guste o no, todas parecen condiciones necesarias y en lo carcelario -foco de esta columna- estamos lejos de un trato digno. Sin embargo, poco se dice de esto en la campaña. Claro está, gastar tiempo y recursos en este tema no tiene rédito político. De hecho, seguramente el mero análisis o reflexión del caso enfurezca a muchos, al igual que esta columna.

Hay quienes creen que la solución a los problemas de inseguridad es aumentar las penas. Meter más gente en la cárcel. Sin embargo, en Uruguay seguimos acumulando reclusos y los delitos siguen en aumento. Uruguay está entre los 30 países con más personas en cárceles per cápita, 321 presos cada 100,00 habitantes, segundos en Sudamérica después de Brasil (aunque cabeza a cabeza). Seguimos sumando reclusos y los resultados no han cambiado. Es difícil obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo.

Estas descripciones parecen de otros tiempos, de otros países: varias personas señalaron haber recibido patadas, golpes de puño, incluyendo en la cara, y haber sido insultadas y amenazadas […] una persona narró que después que lo “agarraron a palos”, lo ataron a una argolla en una celda en la comisaría 17, en donde permaneció durante varias horas.

En general los centros de detención visitados con una población carcelaria importante, presentaban condiciones inhumanas y degradantes […]. En la Unidad 4, algunos internos se quejaron de haber sufrido mordeduras de ratas, y de que no se les proporcionan productos de higiene y de limpieza. […] En la Unidad 3 de Libertad, el Subcomité observó un pasillo con montones de basura y de restos fecales y podridos, infiltraciones e inundaciones. Un interno señaló que en su celda había gusanos. El Subcomité considera que esta situación es cruel, inhumana y degradante” (*).

Pero esto es Uruguay en pleno 2018. Son descripciones de nuestras cárceles, hechas por un equipo de ONU en una visita a Uruguay en marzo de 2018. ¿Pero estamos dispuestos a reclamar mejores condiciones? Reclamamos soluciones de los políticos, pero no parece haber un acuerdo social en defensa de esta situación “cruel, inhumana y degradante”.

¿Y por qué deberían importarnos los reclusos? Porque es en las garantías y el cumplimiento de los derechos de los más culpables que se mide la profundidad de nuestras convicciones y fortaleza de nuestra democracia.

Los derechos deben cumplirse también para quienes infringen las leyes. La ausencia de torturas y la garantía de condiciones mínimas también debe ser garantizada para los peores criminales. Es la única forma de asegurar que no haya excepciones. Todos somos iguales ante la ley: respecto a la pena que debemos pagar si infringimos la ley, y respecto al respaldo que el Estado debe darnos. No digo siquiera que haya que empatizar con quienes asesinaron a un conocido, golpearon a un niño, violaron a una mujer, o te robaron la moto recién comprada. Quienes infringen la ley deben pagar la pena correspondiente. Punto. Pero la solución no debería ser el ojo por ojo.En segundo lugar, las cárceles parecen estar lejos del lugar de rehabilitación que deberían cumplir. El informe es contundente en describir las condiciones sanitarias, edilicias y psicológicas de los reclusos.

No por nada se les llaman “escuelas del crimen”. Según el censo nacional de reclusos de 2010 (el último disponible) el delito más cometido entre los presos era la rapiña o tentativa de rapiña (37%), mientras el 13% estaba por homicidio. Los recluidos por hurto -un delito menor- eran el 15%. Además, al salir, el estigma social y la dificultad de reinserción es alta no sólo para los criminales más violentos, sino también para aquellos que cometieron delitos mucho más leves. Más de la mitad reinciden.

Esta nota no es un elogio a las personas privadas de libertad, sino una reflexión a que cómo tratamos a los presos es un reflejo de nuestra democracia y es parte clave de la política de seguridad. Como alguien que nació entrada la democracia, siempre juzgué a quienes no alzaron su voz por los crímenes, desapariciones y torturas cometidos tanto por militares como grupos guerrilleros en la dictadura y años anteriores. Hoy pienso que nuestros hijos nos juzgarán por nuestro sistema penitenciario. Querer un país seguro es un país seguro para todos, incluso para quienes están privados de libertad. Más presos no parece ser la solución; especialmente en las condiciones actuales.

(*) Informe del ‘Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes’ de Naciones Unidas, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UYIndex.aspx