OPINIÓN

Es difícil creer que alguien piense que la ganancia o la probabilidad de lograrla no motive las decisiones humanas.

Todos tenemos, al menos, una minúscula intención de comparar los costos con los beneficios de una acción. Es un proceder "económico", una actitud del ser humano, desde el menos hasta el más racional, consciente o inconscientemente.

La ganancia a la que me refiero no es exclusivamente la pecuniaria, el rendimiento monetario de una inversión. También es la no pecuniaria. Imagen, solidaridad, beneplácito por lograr la satisfacción de otros por la acción de uno, son otras formas de ganancia de una inversión. Me interesa referirme a la ganancia que proviene de la inversión en bienes de capital y en otros activos fijos —excluyo hoy la del capital humano— porque la asignación de recursos a su multiplicación o al menos a su mantenimiento, constituye una de las bases para el crecimiento productivo y el empleo.

Según los últimos datos, ello no ocurre: declina la inversión en bienes de capital, disminuye el empleo y sube el desempleo que sería aún mayor si el sector público no hubiera aumentado su dotación de personal. Una situación que preocupa hasta a las autoridades económicas. La secuencia parece ser la siguiente: menos inversión, menor empleo y más desempleo. Es por ello que las autoridades insisten en promover más inversión con desgravaciones tributarias, exigiendo como contrapartida el aumento de los puestos laborales de los beneficiarios.

Si por el aumento de la inversión se logra mayor empleo, importa considerar lo que viene ocurriendo con el factor estimulante de aquella: la ganancia o el retorno esperado de la asignación de recursos de las empresas a la incorporación de bienes de activo fijo. Es notorio, a partir de lo que ha ocurrido en los últimos años, que si bien hay exoneraciones de tributos para empresas que invierten, también existen otros factores que han jugado en contra al terminar por reducir la rentabilidad esperada.

Recientemente se ha intentado mejorar el programa de exoneración de tributos para empresas que inviertan en activos fijos, con la contrapartida requerida del aumento del empleo. Se trata de un beneficio que puede considerarse efectivo cuando se realiza la inversión, porque la ganancia esperada es buena y los recursos propios o de terceros están disponibles. Pero para que la decisión de invertir se concrete, se debe tener la expectativa que —con los recursos monetarios disponibles— la inversión va a generar resultados favorables y mejores que los que se tendrían en asignaciones alternativas. Y esas no parecen ser, al menos por lo que se infiere de la información que se dispone, las expectativas que se manejan. El ingreso monetario que generaría la inversión a lo largo de su vida útil no tendría el comportamiento expansivo que sí tendrían los costos directos e indirectos, por salarios, cargas sociales, tarifas públicas y los demás, por lo que los saldos netos de caja del negocio no compensarían el monto de la inversión realizada más la ganancia requerida, la que obviamente debería ser mayor que la que se lograría por la asignación de los fondos a inversiones financieras o sencillamente, al consumo. Las cuentas nacionales recientes muestran que el consumo privado crece y la inversión privada declina.

Podríamos concluir entonces que, en Uruguay la inversión privada no crece porque no tiene rentabilidad positiva, o simplemente porque no tiene un retorno atractivo. En una extensa época en la que la tasa de interés ha sido y es sumamente baja y que seguirá siéndolo al menos por algunos años más, cuesta creer que la inversión no se expanda significativamente. La tasa de interés tan baja estimula inversiones con rentabilidades menos exigentes que cuando es más alta y permite financiamiento relativamente poco costoso tanto para ella como para el consumo y la producción. Por lo indicado, más que en las alternativas de inversión financiera se debe hurgar en la relación ingresos-gastos para encontrar y solucionar los problemas que impiden una mayor inversión. Estimo que son el comportamiento de los salarios nominales y el de la presión fiscal directa e indirecta, los factores contrarios al logro de una ganancia atractiva para que ocurra la secuencia que todos reconocemos como necesaria: más inversión para más empleo.

La política salarial es restrictiva de la inversión, en la medida en que los ajustes nominales de las retribuciones se realizan al margen de la verdadera realidad de la contribución del trabajador a la empresa y las condiciones económicas —de mercado— y financieras por las que ésta atraviesa. La política de tarifas públicas mantiene componentes tributarios y cuasi tributarios que las desalinean para la producción local con las que se viven en los países de la competencia. El déficit fiscal exige permanentes ajustes impositivos directos e indirectos, que inciden desfavorablemente en los resultados de las empresas, y en consecuencia sobre las decisiones de inversión.

En resumen, lo más aconsejable para aumentar la inversión para que con ella suba el empleo, pasa por una revisión de la política salarial, de la política fiscal y de la política de tarifas públicas. La concesión de beneficios tributarios a quienes invierten es un "caramelo" poco atractivo cuando el verdadero estímulo, la ganancia, es baja o no existe.