Opinión

Más funcionarios públicos (I)

Entre los informes que se presentan conjuntamente con la Rendición de Cuentas, figura el relativo al número de funcionarios públicos, que este año sólo informó sobre la cantidad de vínculos directos con el Estado.

Foto: archivo El País
Foto: archivo El País

Sabido es que, por fuera de la estadística que publica la ONSC, existen más vínculos que podemos llamar empleo indirecto. En efecto, además de los vínculos laborales con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, organismos del 220 y 221 de la Constitución, los gobiernos departamentales, personas de derecho público no estatal y algunas empresas propiedad del aparato estatal, donde éste tiene mayoría, existen otras formas de contratación como los contratos con ONG, directamente con organizaciones gremiales y otras de servicios que encubren el empleo estatal.

Cifras.

Primero, me congratulo en comprobar que algunos de los gruesos errores que tenía el informe del año pasado y fueron señalados desde esta columna, se tomaron en cuenta (1).

El informe muestra que en 2017 los vínculos con el Estado crecieron en 3.707, lo cual contrasta con la caída estimada del total de empleo en unas 4.000 personas. Es decir, el sector privado habría perdido el año pasado unos 7.700 empleos, situación que, atendiendo a las cifras oficiales del INE, notoriamente se agravó en los primeros meses del corriente 2018.

En total, los vínculos laborales con el Estado sumaron 310.126 a fin del año pasado, casi 70.000 más que en 2004. La proporción de empleados públicos sobre el total de la población, a quien se le presta los servicios, llegó a 8,9% —junto con el 2014, el mayor registro de la serie de la ONSC desde 1995— y el empleo público alcanzó el 18,8% del total, también en valores máximos de la serie disponible.

Llama la atención que la cantidad de funcionarios públicos, que había llegado a su máximo en 2014 con 307.000 y reducido ligeramente en los dos años posteriores, haya vuelto a aumentar. El Poder Ejecutivo había anunciado un plan de reducción de vacantes —una de cada 3— que hacía pensar en que la reducción de la plantilla continuaría, ya que eso es parte esencial de lo que necesita nuestra economía. No sólo no fue así, sino que el aumento resultó significativo:1,2% en un año. Cuando se discutió la iniciativa, dos años atrás, se dijo —con razón— que esos planes había que plasmarlos en la ley, porque de lo contrario, sin la limitación que ésta supone, el riesgo de violación de la voluntad seguiría presente. Es claro que las directivas impartidas no fueron respetadas y se siguió actuando como si nada pasara, cuando el país se encuentra en medio de notorias dificultades en materia económica y, el sector público con sus finanzas comprometidas. Recordemos que un déficit persistente del 4% del PIB no se recuerda desde épocas cuando su financiamiento era básicamente inflacionario.

Aspectos conceptuales.

Si tenemos más de 300.000 empleados públicos, alrededor de 700.000 jubilados y pensionistas (todos los fondos), y aproximadamente en promedio unos 30.000 trabajadores que cobran seguro de enfermedad y 40.000 de desempleo, hay alrededor de 1:270.000 trabajadores del sector privado que deben generar ingresos para hacer frente a 1:080.000 sueldos, subsidios y pasividades (2). Claramente no es posible y, entonces, una parte importante de los impuestos generales (IVA, Imesi, aranceles, etc) se utiliza para abonar las propias prestaciones, por lo que los beneficiarios también contribuyen. El problema es cómo ha sido la evolución relativa de cada uno de los conceptos, donde las prestaciones han aumentado, tanto el empleo público, como el número de pasivos y , proporcionalmente, muy por encima de la cantidad de trabajadores privados. Su lógica consecuencia es cómo ha crecido la carga de impuestos en general y al trabajo en particular, que agobia a la población y por cierto es muy inconveniente para cualquier sociedad.

A su vez, en los llamados a provisión de cargos de parte del sector público, los salarios ofrecidos, salvo a partir de cierto nivel de especialización, son notoriamente superiores a los que puede abonar el sector privado. La situación para los privados se agrava porque deben pagar los impuestos para solventar a su generoso competidor, todo un círculo perverso, insólito, pero real.

La respuesta al crecimiento en el número de funcionarios es "son en sectores prioritarios educación, salud, seguridad", o sea, para mejorar los servicios. Más allá que en todos los citados sectores las cosas parecen peor año a año, la realidad es que hay que mirar más a fondo y relevar la realidad. Así, nos encontraremos con lugares de la administración dentro de esos "grandes conceptos" donde antes había 3 funcionarios y hoy hay 12 o 15. A su vez, han proliferado los "observatorios", "agencias" y todo tipo de reparticiones cuya razón en la mayoría de los casos, me resulta difícil encontrar. A vía de ejemplo, el propio informe de la ONSC donde se presentan las cifras de las que hablamos está encabezado por el Director, Sub-director y los funcionarios superiores del "Laboratorio de Innovación, Observatorio de la función pública, Observatorio de la Gestión Humana del Estado". Por nombre seguramente no será que falte nada; de las reales funciones, mejor no preguntar.

La seguimos en 15 días.

(1) La población no se toma constante y se elimina la serie que mostraba la creación de 300.000 empleos en 2006. Columnas del 10 y 24 de julio de 2017.

(2) Se omiten los pagos a beneficiarios de asignaciones familiares, subsidio al Fonasa y planes.

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