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Más funcionarios públicos (II)

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DGI. Foto: Fernando Ponzetto

Opinión

En mi columna anterior expuse las cifras oficiales sobre el total de vínculos laborales directos con el sector público a fin del pasado 2017, según se informa en un extenso documento de la ONSC.

Se confirma que habían vuelto a crecer luego de dos años de estancamiento y mostraban la contracara de lo sucedido en el sector privado de la economía, donde el empleo se redujo ante dificultades económicas y la enorme inflexibilidad del mercado laboral.

El incremento de funcionarios públicos acumula unos 70.000 entre fines de 2004 y 2017 y sólo en el último año fueron 3.700 nuevos puestos. En la columna expresé que resultaba imposible que alrededor de 1:270.000 trabajadores del sector privado puedan generar ingresos para hacer frente a 1:080.000 sueldos, subsidios —sin contar planes ni asignaciones familiares— y pasividades y, entonces, una parte importante de los impuestos generales (IVA, Imesi, aranceles, etc.) se deben utilizar para abonar las propias prestaciones, por lo que, obviamente, los propios beneficiarios también contribuyen. Los funcionarios públicos, naturalmente que también abonan los impuestos sobre su salario, incluyendo el IRPF, pero éstos representan una porción pequeña de los recursos totales necesarios. Nadie dice que el sector público no es necesario ni que no genera valor; el tema es la relación valor generado a costo y es ahí donde no sale bien parado, menos aún con el injustificado aumento de su empleo total.

comparaciones varias. A fines de 2004 los dependientes del sector público representaban el 7,17% de la población total, siendo 8,88% en la actualidad. Si, por ejemplo, el porcentaje de funcionarios sobre la población se hubiese mantenido, el total de personal debió crecer en unas 10.000 personas. Lo hizo 7 veces más en el período. En 2017 el número total de desocupados promedio fue de unos 142.000 y la tasa de desempleo 7.95%. Si el sector público hubiese "respetado la proporción", habrían unos 60.000 funcionarios menos lo que, "si todo el resto queda constante", llevaría la tasa de desempleo total, al 11% y, la comparable con la estadística que se elaboraba hasta el 2006 (localidades de 5.000 y más habitantes), a 11.4%, no muy diferente al 11,8% que había a febrero de 2005, momento previo a la asunción del actual partido de gobierno. Es decir que, pese a la desconocida bonanza de precios de exportación, la "revolución agrícola" que trajeron los productores argentinos huyendo de la locura de su país, el enorme flujo de inversiones extranjeras (que comienza en 2003 2004), las casi nulas tasas de interés nominal internacionales y reales negativas, es como si hubiéramos dado una vuelta en círculo para volver a empezar.

Comentarios Finales.

El costo adicional de estos nuevos 3.700 funcionarios de 2017 ronda los US$ 50 millones anuales y de los 70.000, seguramente sea del orden de los US$ 1.000 millones al año, más del 50% del total de la recaudación por IASS e IRPF sobre salarios.

En 13 años, el gasto primario sube unos 7 puntos porcentuales del PIB, siendo necesario financiarlo, misión harto difícil para un país de ingresos medios donde, según la ECH durante el 2017, el 80% de todos quienes perciben ingresos, incluyendo a quienes perciben rentas del capital y utilidades, tenían un ingreso líquido inferior a los $ 42.000, en tanto el ingreso medio por perceptor del 20% de mayores ingresos apenas era de $ 72.250. Es decir, la capacidad para pagar impuestos realmente no es muy importante. Por el momento, el aumento de deuda financia la fiesta y borrachera. Ya sabemos el final del cuento.

Como se ha vuelto costumbre en los documentos públicos, éste no es la excepción, lo que se arregla con la publicación de cuadros y una breve descripción del significado de cada variable, se adorna con decenas y hasta cientos de páginas que lo único que hacen es describir lo que los cuadros dicen por sí solos y, en ciertos casos, sesgar el análisis hacia una "posición oficial". En este informe el sesgo está en la comparación entre la variación porcentual de la cantidad de funcionarios públicos con la del PIB. Más allá de las cuestiones metodológicas que están sobreestimando la variación real del PBI, la comparación es sencillamente ridícula. En todo caso, lo que habría que comparar es la tasa de variación en la generación de PIB per cápita en el sector público y privado. Seguramente el sector público saldría muy mal parado; la evolución de la productividad en el sector privado ha sido muy superior.

Más allá de lo anterior, el PIB crece por el aumento en la utilización de factores productivos (tierra, trabajo, capital) y el mejor uso de su combinación, lo que los economistas llaman "productividad total de factores". Si la productividad no crece, podrá crecer el PIB, pero no el PIB por unidad de factor utilizado y, por ende, no mejora el bienestar de la población.

El extenso informe trae algunas cifras intrascendentes, como que mide un "índice de masculinidad" en la cantidad de funcionarios, además de tener un "tercer género", ahora somos mujeres, hombres y trans. En esto perdemos el tiempo y dilapidamos recursos. Después falta personal y, sobre todo, aspirinas y gasas en las puertas de las emergencias de los hospitales. Si no fuera para llorar, resultaría gracioso.

Este tema es el botón de muestra de por qué cuando se dice que la competitividad del país está "destruida", es cierto.

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