OPINIÓN

El proceso de globalización ha generado fuerte interdependencia entre las distintas economías, con sus consecuencias en el desarrollo de las sociedades. No es casual que los patrones de consumo se hayan globalizado y, también, ciertos patrones culturales. Así pues, en diferentes geografías se consume la misma moda, música, series y películas. Hasta los vínculos laborales se han globalizado y es frecuente observar equipos conformados por trabajadores, desempeñando sus tareas al mismo tiempo en diferentes países en un mismo proyecto.

De modo que la globalización, como fenómeno contemporáneo, más allá de periodos de ralentización o aceleración, es un proceso irreversible. Abarca a las más amplias actividades humanas.

La materia fiscal no ha sido la excepción. Los grupos multinacionales han desarrollado sofisticadas ingenierías procurando optimizar la carga tributaria de sus operaciones, lo que los ha llevado a iniciar y migrar actividades en diferentes jurisdicciones. Como respuesta, desde comienzos de siglo, países, potencias económicas, han mostrado preocupación por la erosión de sus bases tributables y vienen acordando, de forma coordinada, reglas de alcance global para mitigar efectos sobre sus recaudaciones.

En este sentido, se han implementado normas de precios de transferencia para operaciones internacionales con partes vinculadas, exigencias de reportes de rentabilidad país por país, entre otras. Es tendencia acentuada en los últimos meses.

El pasado 1 de julio, 130 países llegaron a un acuerdo para continuar con el desarrollo del proyecto con el que la OCDE pretende mitigar los desafíos en materia de tributación internacional que representa la economía digital. Este proyecto está basado en dos pilares, que tienen como objetivo reformar el sistema fiscal internacional para asegurar que los grupos multinacionales estén sujetos a impuestos en los territorios donde generan sus utilidades y no solamente en aquellos en los que tienen presencia física o legal. La implementación de este acuerdo podría implicar que los diferentes países deban aplicar una tasa mínima de impuesto a la renta corporativa, entre otras innovaciones. Es posible por tanto, que estemos ante la consolidación definitiva de un sistema tributario global.

Múltiples interrogantes surgen al respecto ¿estamos frente al debilitamiento de soberanías? ¿Es una alternativa válida quedar por fuera de este acuerdo internacional? ¿Perderán sentido los incentivos fiscales como herramienta de atracción de inversión? Aventurar respuestas puede sonar prematuro, pero a la luz de la velocidad de los acontecimientos, resulta imprescindible su abordaje en la agenda de temas centrales.

No acompañar un acuerdo que ha alcanzado a priori consenso internacional podría ser opción suicida para un país como Uruguay. No es un tema de gustos o preferencias, avanzará con independencias de nuestras posiciones. Lo que sí es una opción, es el tránsito por esta nueva realidad. Cuanto más abiertos y preparados nos encuentre para realizar transiciones ordenadas, mejor nos posicionará ante cambios inevitables.

Frente a un sistema fiscal globalizado, entiendo probable que los incentivos fiscales como instrumento de atracción de inversiones se vean neutralizados. Claro que las nuevas reglas de alcance global, no serán de alcance universal, habrá excepciones o niveles de actividad que quedarán fuera de los rangos de influencia. De cualquier modo, frente a esta nueva realidad, debemos comenzar a analizar la situación de los diversos regímenes con beneficios tributarios ¿y si pierden su supuesta eficacia para atraer mega inversiones?

El último relevamiento realizado por Uruguay XXI a los inversores extranjeros publicado en 2018, concluyó que las principales razones para decidir invertir en Uruguay han sido la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica. La inversión le escapa a la incertidumbre. Sólo el 34% de los inversores marcaron los incentivos fiscales como un atributo a la hora de decidir invertir. Sin embargo, la inmensa mayoría ha usufructuado de ellos.

Es que en definitiva la carga fiscal, es un componente más de la ecuación en cualquier plan de inversión, no el único. Que, hipotéticamente, se neutralice una de las herramientas ampliamente utilizadas por nuestro país para la atracción de nuevos proyectos, debería implicar el comienzo de una etapa seria de trabajo sobre nuestra competitividad productiva en sentido amplio. Si pretendemos avanzar en un proyecto de país integrador, generador de empleo y de crecimiento sostenido, debemos caer en la cuenta de su correlación con los niveles de inversión.

La Fundación Getulio Vargas, que mide el clima de negocios en América Latina, mostró últimamente un fuerte deterioro para Uruguay, y la falta de competitividad fue uno de los principales problemas identificados. Más que preocupados sobre la posible limitación de incentivos fiscales, deberíamos preocuparnos, sin pretender agotar aquí la lista, en qué y cómo preparamos a nuestros niños y jóvenes; cómo desarrollamos proyectos de inversión de impacto en infraestructura de obra pública; cómo mejoramos la eficiencia en materia logística (una de las más caras de América Latina); cómo avanzamos en gobierno electrónico y simplificación de trámites y procesos; y cómo evitamos trampas cambiarias que produzcan encarecimientos relativos; si logramos trabajar en este tipo de aspectos, los incentivos fiscales podrán ser anécdota.

(*) Decano de UCU Business, Universidad Católica del Uruguay.