INTERNACIONAL

¿Un freno a las inversiones en infraestructura?

El nuevo gobierno español pone en suspenso proyectos de autovías, trenes y aeropuertos.

El nuevo presidente español al presentar ayer a su gabinete de ministros. Foto: AFP
El nuevo presidente español al presentar a su gabinete de ministros. Foto: AFP


El cambio de Gobierno en España deja en el aire inversiones multimillonarias de las empresas públicas o sociedades participadas mayoritariamente por el Estado como AENA, Renfe, Adif o Puertos del Estado. El plan estratégico del gestor aeroportuario 2018-21, el mayor contrato de compra de trenes de Cercanías de Renfe por más de 1.500 millones de euros o la reprivatización de las autopistas de peaje rescatadas son algunos de los proyectos que el relevo en el Ejecutivo podría dejar en suspenso.

A diferencia de las grandes propuestas económicas como las pensiones o el salario mínimo, que precisan de leyes que deben pasar por el Parlamento —donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez está en franca minoría— en los planes de las empresas públicas los responsables elegidos por el Gobierno tienen vía, ya que dependen directamente del gobierno central.

AENA es la situación más desafiante para el nuevo gobierno ya que, al cotizar en los mercados, está sometido a un examen del que carecen el resto de empresas públicas. El consejo del gestor aeroportuario aprobó el pasado 28 de mayo el Plan Estratégico para el periodo 2018-2021, que incluye un programa de expansión internacional y, sobre todo, un generoso plan de pago de dividendos (el 80% del beneficio) que aseguraba unos ingresos mínimos de 500 millones anuales para el Estado en los próximos tres años.

En el ámbito inmobiliario, también se quedan en fase de estudio los desarrollos inmobiliarios de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, con cientos de millones de euros en juego.

Por su parte, Renfe ha dejado en suspenso el concurso público para la compra de nuevas locomotoras y trenes por una inversión de 1.500 millones de euros durante este año y 2019 que había anunciado en marzo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El retraso en el concurso puede suponer un duro golpe a la empresa ferroviaria, que precisa urgentemente de este material ferroviario para cubrir sus necesidades de servicio público. Por ejemplo, solo en Madrid, el plan permitirá cambiar el 60% de los trenes con que se presta el servicio de Cercanías.

El Gobierno tiene pendiente volver a licitar las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado, y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año. El anterior gobierno confiaba en obtener 1.000 millones de euros con la relicitación de las autopistas, para volver a ceder su explotación a empresas privadas.

Además, el nuevo gobierno tendrá que lidiar con los procesos judiciales que van a derivar por el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), la compensación que el Estado debe abonar a cada una de las concesionarias por las inversiones que realizaron en construir esas autopistas. El último cálculo es de 1.800 millones de euros, pero las concesionarias piden más del doble.

Tanto el PSOE como sus apoyos nacionales (Podemos) e independentistas (PDeCat y ERC) se han mostrado muy críticos con este plan de reprivatización, por lo que tendrá difícil legislar sobre la materia.

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