Terminó el 12 de junio una semana ajetreada para el Papa Francisco y para el Secretario de Relaciones con Estados de la Santa Sede, Paul Gallagher. El Pontífice se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin a quien le urgió un "sincero y gran esfuerzo para alcanzar la paz" en Ucrania y también en Siria y en Iraq y "proteger a minorías religiosas, particularmente a cristianos".

En la misma semana, el Papa ordenó establecer una corte especial para juzgar a los obispos que no traten adecuadamente los casos de abusos sexuales que involucren a miembros del clero. Y firmó un acuerdo con Estados Unidos para intercambiar información sobre cuentas financieras de norteamericanos que eluden pagos impositivos. Gallagher dijo en una declaración que "como el Papa Francisco frecuentemente recuerda a todos, la evasión impositiva es un robo al Estado y a los pobres". Agregó que Francisco sostiene "que toda persona tiene el deber de contribuir, en caridad y en justicia, a la asistencia de instituciones públicas dedicadas a mejorar las condiciones de la vida humana". La banca vaticana ha sido muy criticada por la falta de transparencia en su accionar y su falla para cumplir con las reglas internacionales de combate a la evasión y al lavado de dinero.

Al margen de lo conversado con Putin y de lo decidido sobre los juicios a los miembros del clero por abuso sexual, la decisión de intercambiar información con el gobierno de Estados Unidos en materia de inversión de norteamericanos ante sospechas de evasión fiscal, es correcta.

Se plantea con una justificación muy interesante pero que, por razones de contexto, no se evalúa en su totalidad. Es lo que sigue a la preocupación por recaudar para brindar justicia y alivio a los pobres lo que interesa abordar.

Yendo más allá de lo expresado por el Papa, el análisis total del tema de la recaudación a la que todos debemos contribuir para que se lleven adelante funciones estatales se debe complementar con el de la eficacia para cumplirlas y con el de la maximización de la eficiencia en lograr los objetivos buscados. La tributación consiste en despedirnos de parte de nuestros ingresos, generados por el trabajo y la preparación de capital humano requerida para ello, para que las instituciones públicas puedan "mejorar las condiciones de la vida humana".

Un sistema tributario es bueno cuando lo que se recauda cumple los fines para los que el sistema existe y lo hace de la manera más eficiente. El mero hecho de llevar la recaudación de los tributos desde los contribuyentes hasta los destinatarios y beneficiarios de los servicios que mejoran las condiciones humanas, ya implica una sensible disminución del monto que llega respecto al que sale de los tributantes.

Es el costo de la recaudación y constituye la parte de la transferencia de ingresos que no alcanza a quienes estaría destinada, o que no es enteramente usufructuada por los pobres. Se trata de una parte de la recaudación que sirve para retribuir los servicios de quienes trabajan para lograrla y acercarla a los beneficiarios de esos servicios estatales. En muchos casos —y en nuestro país no ha sido excepción—, el costo de la recaudación ha sido creciente, aunque los medios para lograrla se hayan hecho relativamente más intensivos en tecnología que en mano de obra y no obstante la relativa estabilidad de habitantes del país.

Generalmente se propugna la necesidad de ser eficaz en la aplicación de las normas tributarias pero se desatiende que el sistema sea eficiente en la recaudación. Es tan fácil decir que se deben pagar los impuestos para mejorar las condiciones de vida de los pobres como lo es de difícil amortiguar luego el afán de quienes usan lo recaudado para mejorar sus propios ingresos pecuniarios o satisfacer sus intenciones políticas. El clientelismo político es claramente un fuerte componente de la ineficiente asignación de recursos provistos por la recaudación impositiva.

El costo de recaudación tiene, además, otros componentes reflejados en el tiempo de los contribuyentes para la liquidación de los tributos que, cuanto más en número, más exigencias de tiempo tienen para quien en definitiva proveerá los fondos para los pobres, para las funciones estatales y para otras cosas por el estilo.

Es importante mencionar la necesidad de las transferencias de ingresos que fuerzan las reglas fiscales, pero es más importante aún que ella se cumpla en la realidad y que todos —y no solamente algunos— sean los que paguen, pues cuando todos pagan, como dice la DGI, menos es lo que pagan todos. Si alguien evade, otros deben pagar o menos servicios estatales se brindarán a la comunidad. Si alguien que debería hacerlo no paga lo que debe, como seguramente está ocurriendo en nuestro país con la evasión, la elusión y las exoneraciones que registra por ejemplo, el Impuesto al Patrimonio, otros tenemos que pagar más con otros impuestos o con los mismos a tasas más altas, o menos recursos monetarios serán los que se destinen a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia y a otros servicios por el estilo.

En un contexto de análisis aún más extenso, resulta difícil justificar la preocupación por la justicia tributaria cuando ya se paga un número importante de tributos y a tasas altas para financiar las funciones estatales que luego no son prestadas adecuadamente a personas que pagan sus tributos, y que se ven en la necesidad de volver a pagar, privadamente, servicios de seguridad, educación y salud entre otros.

No se observa preocupación alguna por frenar el avance que en ese sentido viene existiendo en los gravámenes que alcanzan a determinados grupos de la sociedad en beneficio de otros grupos que no deberían, sobre la base de otros indicadores suministrados oficialmente —se dice y comprueba que la pobreza ha declinado fuertemente—, ser contemplados y ser sí gravados o despojados de beneficios perversos para el resto de la sociedad.

Es el caso de buena parte del empleo estatal que presta funciones no deseadas por el resto de la sociedad, no necesarias para cumplir con los motivos que luego se alegan para aumentar la tributación y que gozan además de beneficios muy superiores a los de los trabajadores privados: no tienen controles de productividad, no tienen motivación para aumentar sus rendimientos porque tampoco existen causales similares para despidos y otras prerrogativas con iguales competencias. Es evidente que el contribuyente se siente burlado ante el parasitismo reinante en numerosos ámbitos de la administración central.

Se deben juzgar estos casos como responsables de una sociedad en la que ya muchos tributan para los pobres pero que, de seguir asistiendo a aumentos en la presión fiscal, lejos de volar al desarrollo se hundirá entre las intenciones mal satisfechas y peor evaluadas por sus conductores.

Jorge Caumont