Pocos días atrás nos sorprendimos con la noticia de que el Senado había dado, por unanimidad, media sanción a una ley que en su texto quita las penas a quienes fotocopien libros completos.

La información de prensa indica que la unanimidad se dio en la votación en general, pero los legisladores de la oposición no acompañaron la norma particular, conducta con la que quiere indicar que se acuerda con el espíritu de una la Ley que abarca más temas, pero no se acompaña una parte específica de la regulación.

No soy quién para juzgar a los Senadores, menos habiendo actuado de esa manera en algunas ocasiones, debiendo en ciertos casos arrepentirme de ello. Sin embargo, entiendo que la parte del proyecto que posteriormente no se acompañó en la votación en particular, es de tal relevancia que da razón suficiente para no apoyar la iniciativa en su conjunto. Decía que me había arrepentido en algunas ocasiones y recuerdo la Ley de Biocombustibles donde actué de esa manera, pese a votar una cantidad de artículos en contra. La idea no parecía mala, pero la normativa legal en muchos aspectos la encontraba muy mala, cosa que en general se ha confirmado, lo que no remedia el error.

Es cierto que en algunos comercios la práctica del fotocopiado total, siendo ilegal existe, en otros sólo acceden a fotocopiar algún capítulo aislado, mientras otros, lisa y llanamente se niegan a tal práctica. También es cierto que cualquiera puede en su casa tomarse el trabajo de escanear un libro completo y luego imprimirlo. En la actualidad las posibilidades se han tornado casi ilimitadas. Sin embargo, puesto en una ley funciona como modelo de algo "bueno" cuando no lo es. Un viejo dicho dice "la ley enseña".

Se esgrime "democratizar la educación", mal utilizando el verbo, como es tan común oír, como sinónimo de accesibilidad sin restricciones. Se dice que el costo de los libros los vuelve inaccesibles. Entiendo que el mismo tiene poco peso específico cuando se compara el ahorro entre la compra de un libro y la fotocopia teniendo en cuenta las veces que ese texto se puede usar, pasando de hermano a hermano, primos u otros parientes.

También existe la compraventa de textos usados. No se entiende el por qué, alternativamente, el sector público no amplía las disponibilidades en las bibliotecas de los liceos.

Fácticamente debemos separar situaciones. Los textos que se fotocopian son de estudio ya que el resto se compran por el placer de la lectura en sí mismo y, los lectores gustan de tener el libro en sus bibliotecas para releer y consultar.

Con esa realidad de fondo entiendo que hay cuestiones que no sé si están debidamente evaluadas. Entre los libros de texto en las universidades, se suelen utilizar libros de autores extranjeros. Desde el momento que una ley permite el fotocopiado libre tengo la duda si la norma no es violatoria de los Tratados de Protección y Promoción de Inversiones que el país tiene firmados. Conceptualmente entiendo que sí, ya que estos protegen los derechos de propiedad y los de autor pertenecen a dicha categoría. De estar en lo cierto, la ley nos expondría a juicios internacionales. De todas maneras, la producción docente y científica internacional no va a ser afectada por una ley uruguaya, el mercado es insignificante. Para los autores locales, hacer un libro para estudios terciarios es una tarea enorme que lleva años en función de la bibliografía que se debe estudiar y el rigor que debe tener. ¿Se puede dedicar miles de horas de trabajo arduo sin retribución?

En el otro extremo están los libros de textos locales, sean de primaria o secundaria. En general su calidad se ha reducido frente a los que teníamos no tantos años atrás, no sólo por lo que algunos "enseñan", sino básicamente por la profundidad con que son tratados los temas. Leyéndolos parecen el resumen del resumen con ilustraciones. Opiniones aparte, los autores le dedican su tiempo y esfuerzo a redactarlos y deben ser remunerados por ello. La mayoría, por no decir todos de quienes escriben sienten satisfacción al hacerlo, pero ello no impide que se le pague su trabajo, entre otras cosas porque también tienen que vivir.

Una ley como la aprobada en el Senado deja abierta cuestiones como, ¿quién les va a pagar a los autores de los libros? ¿Lo hará el sector público? ¿A quién le abona y a quién no? ¿Cómo se seleccionan los autores? ¿En función de qué parámetros discrimina el quantum de la paga? De ser así, ¿no habrá un exceso de oferta incentivados por la paga estatal? Si la calidad actual es baja, habrá que esperar a que la ley actúe para saber lo que es peor. Como cualquier bien, usualmente la calidad hay que pagarla. Ésta suele derivar de la existencia de competencia para que el bien o servicio sea demandado y para tener un "buen producto" el tiempo que se dedica a la tarea es fundamental.

Nuestra Constitución consagra la protección de los derechos de propiedad, que sólo pueden ser limitados por razones de interés general. Se podrá decir que el acceso a la educación lo es, pero con ese criterio y razonando por el absurdo obligamos a los maestros y profesores a trabajar gratis. Todo tiene un límite razonable y esta norma lo ultrapasó. Es de esperar que en la Cámara de Diputados se reflexione y no se de sanción definitiva o que, en su defecto, el Poder Ejecutivo vete la norma específica, para lo cual alcanzará con los votos de la oposición para sostenerlo.

ISAAC ALFIE