Hemos asistido al conflicto desatado entre las autoridades del MIEM y Ancap con los estacioneros y distribuidores, discusión que tuvo el foco puesto en la salud económica de la oferta, sin que en ningún momento se haya mencionado el interés del consumidor.

Tampoco en esa discusión se plantearon las razones de las distorsiones que el gobierno pretende corregir, en esta suerte de monopolio (ilegal, por cierto) que se impusiera a las actividades de distribución y ventas al detalle, desde mediados de los años setenta del siglo pasado.

Una idea que parece muy simple y justa como la de decretar las remuneraciones de las tareas de distribución y venta al detalle para un conjunto cerrado de agentes, así como la fijación de un precio único del producto vendido independiente del mercado y cualquiera que sea la ubicación geográfica de la transacción, ha conducido a distorsiones (incluyendo la generación de altos valores llave) y a inequidades entre los agentes, que tanto las autoridades como los propios estacioneros han detectado.

Este sistema de ventas cerrado con movilidad geográfica cuasi congelada y prácticamente cuotificado, anula la sana competencia entre los agentes en favor del consumidor. La distorsión que fácilmente se percibe es la del alto nivel de los precios, pero este apartamiento sistemático del mercado global cuando se decretan los precios, también altera los valores relativos de los productos.

En el mercado global la relación de precios de los productos se ajusta, entre otras causas, por la evolución de las tecnologías, tanto de la demanda (ej. motores de gasolina o diesel), como de la oferta (las tecnologías de conversión o de reformación en la refinación). Un apartamiento artificial de la tendencia de los precios relativos que se dan en el mercado global, puede llevar a los consumidores y al refinador a inversiones a contrapelo del desarrollo tecnológico, perdiendo ambos sectores sus ventajas competitivas.

En este sentido, es paradigmática la política de precios de los combustibles residuales (fuel oil), que debe ser competitivo localmente ya que no soporta el costo de transporte a grandes distancias. Su precio debe ser tal que no pueda ser desplazado por sus competidores naturales (hidráulica, eólica, coke, gas natural, etc).

La pérdida del mercado local para este producto (como es el caso del Uruguay por el cambio de la matriz eléctrica) obliga al refinador a aumentar su conversión hasta el cero residuo, situación económicamente inviable para las refinerías de bajo porte como la nuestra. Las alternativas disponibles son la de exportar a grandes distancias a precios ruinosos o recurrir a la compra de los crudos más caros del mercado para generar un mínimo de fondos (situación actual en Uruguay). Ninguna de las soluciones resulta económicamente viable en el mediano plazo.

Dicho esto, y volviendo al tema de los precios en beneficio del consumidor individual y empresarial, deberían regularse el monopolio de refinación fijando los precios en puerta de refinería de Ancap a la paridad de importación técnicamente bien calculada. Concurrentemente, debería liberalizarse el precio final al consumidor, transformando el cerrado complejo actual de distribución y ventas al detalle, en uno con libre entrada, salida y reubicación geográfica de sus actores (puede considerarse algún caso especial en zonas alejadas, pero conviene primero acordar en el esquema general para evitar perderse en eventuales ajustes de borde).

Es muy factible que en un principio la refinación local no logre empatar la paridad de importación y ese eventual sobreprecio debería ser la variable de ajuste que se imponga para ir disminuyendo los sobreprecios locales a lo largo de un tiempo prudencial, hasta lograr un nivel de precios económicamente competitivo.

Esta política de precios siguiendo el mercado ya ha sido implementada con éxito en otros países de la región, como es el caso de Chile desde hace un buen tiempo y donde, como en Uruguay, hay una única refinería estatal.

Pensamos que en el caso de Uruguay, que nunca subsidió precios sino que siempre cargó todos los costos, esta liberación de precios es políticamente factible dado que los llevaría a la baja por las siguientes razones: 1º porque los distribuidores recibirán precios en puerta de refinería, a la baja; 2º porque en un sistema abierto de entrada, salida y ubicación, distribuidores y estacioneros deben cuidar su permanencia en la actividad y 3º porque una sobrecapacidad instalada de la oferta los llevará a una sana competencia, con un regulador atento a las eventuales desviaciones a la ley de defensa de la competencia.

En el caso de Ancap, referenciados sus precios a la paridad de importación, será fácilmente cuantificable la variable de ajuste a la que deberán dedicarse sus autoridades, en un proceso gradual, continuo y sin pausa.

Cuanto antes les llegue el turno a los consumidores individuales y empresariales de acceder a los precios de mercado, antes estarán estos en mejores condiciones de competir en el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir.

El nuevo directorio de Ancap ha dado señales de buscar avanzar en este camino, deberá centrarse en su core business abandonando negocios ruinosos sin utilidad social, y dejar la actividad regulatoria en manos de las agencias especializadas. Solo con reglas acordes a las mejores prácticas de cada negocio a nivel internacional se podrá obtener un suministro competitivo a largo plazo.

OBSERVATORIO DE ENERGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE - UNIVERSIDAD CATÓLICA