OPINIÓN

Teniendo como insignia a los ahora más conocidos Bonos Verdes, la crisis global consecuencia del COVID-19 puso números al surgimiento de otros bonos relacionados, ya que las finanzas sostenibles también incluyen aspectos sociales. Los Bonos Verdes centuplicaron los montos emitidos a nivel global en tan solo siete años.

Se trata de una rama de las finanzas que incorpora a las finanzas tradicionales los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), tanto en el mercado tradicional bancario como en el mercado de capitales.

Contrario a lo que muchos piensan, el Acuerdo de Paris firmado por 180 países en 2015, es posterior al surgimiento de las finanzas sostenibles, aunque claramente aquel hito diplomático potenció los Green Bonds. Entre 2015 y 2016, los Bonos Verdes emitidos en todo el mundo crecieron más de 100%, y en 2019 se alcanzó un nuevo record cercano a los US$ 250.000 millones.

Por su parte, una de las iniciativas internacionales pioneras dentro de las finanzas sostenibles, fueron los Principios de Ecuador. Básicamente vinculados a grandes obras de infraestructura, vieron la luz en 2003 de la mano de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y de un grupo de bancos internacionales.

A través de sus diez principios, proyectos de inversión son categorizados en A, B o C, según el nivel de riesgo que representen en términos tanto sociales como ambientales. Dependiendo de sus características, los proyectos A y B deben cumplir más o menos requisitos como, por ejemplo, contar con una evaluación de impacto ambiental. Catalizadores para la financiación de obras de infraestructura de gran magnitud, son más de cien los bancos de todas las latitudes que adhieren a estos principios. Se estima que más del 70% de project finance en mercados emergentes se realiza bajo los Principios de Ecuador. Los bancos de América Latina tienen una participación del 12%, destacándose el caso de Brasil, con 5 bancos. El Banco de la República Oriental del Uruguay es el único en este país.

Otra iniciativa de gran desarrollo son los Principios de Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés), surgidos en 2005. Actualmente cuenta con más de 3.000 signatarios que administran activos financieros por unos US$ 80 trillions. Entre ellos se cuentan los principales asset owners y asset managers del mundo, así como proveedores de información. Nuevamente, Brasil se destaca en la región por la cantidad de entidades firmantes. Este año se sumó el primer signatario de Uruguay, Unión Capital AFAP S.A.

A nivel regional existen diversas iniciativas, la mayoría ellas voluntarias, que involucran a entidades financieras interesadas en incorporar criterios ESG tanto a la hora de invertir como de evaluar riesgos. Brasil fue el primer país, a través de su Protocolo Verde y es, en la actualidad, el que mayor desarrollo ha tenido. Colombia, Paraguay, Ecuador y México muestran avances a partir de 2010. Argentina, por su lado, recorrió un largo camino previo. Finalmente, en 2019 lanzamos desde Fundación Vida Silvestre el Protocolo de Finanzas Sostenibles, firmado por 19 entidades con un market share del 80%.

Para alcanzar este objetivo, fue crítico armar una línea de base a través de encuestas, así como el trabajo con bancos que realizamos en los últimos dos años. Si bien los bancos mostraban acciones relevantes en cuanto a reciclado, eficiencia energética o edificios LEED, una asignatura pendiente era la huella indirecta, dado el acotado análisis de aspectos ambientales y sociales a la hora de realizar la evaluación de riesgo crediticio de clientes y de potenciales clientes corporativos.

Esto conduce a la necesidad de valuar correctamente un colateral (su valor se verá reducido si se trata de un campo contaminado, por ejemplo). No contemplar los criterios ESG puede llevar a sobrevaluar un colateral que luego repercuta en una pérdida financiera para el banco. Por otro lado, existe una clara vinculación con la economía real y con tendencias internacionales. Esto puede ser graficado a través de un exportador del Mercosur que no considere los aspectos ambientales y laborales que contempla el Acuerdo Unión Europea – Mercosur. Si el acuerdo entra en vigencia en un futuro, probablemente esa compañía no pueda continuar exportando a ese mercado. Sus ventas al exterior caerán y, eventualmente, no contará con fondos para repagar el crédito.

A través de las encuestas, las entidades manifestaron tener un déficit de capacitación en finanzas sostenibles en general; en el armado de un sistema de gestión ambiental y social, ídem en inversiones, entre otros, en momentos que no existía a nivel local.

Poniéndome del lado del inversor, en mis épocas de gerente de riesgo del cuarto fondo de pensiones de Argentina, el deber fiduciario no estaba vinculado con estos criterios. En la actualidad, los principales inversores institucionales del mundo y, en particular, quienes administran fondos de terceros con obligaciones de largo plazo, cuentan con una política de sostenibilidad financiera que incluso los lleva a desinvertir en ciertos sectores sensibles.

El riesgo reputacional juega un rol clave. El riesgo ambiental constituye un potencial riesgo financiero, tal como afirma Larry Fink, CEO de Blackrock, en la carta anual a sus pares de empresas cotizantes.

La irrupción del COVID-19 motivó una importante escalada de los Bonos Sociales y de los Bonos Sostenibles. El volumen emitido en el primer cuatrimestre de 2020 iguala el total emitido en 2019. Esta tendencia se mantendrá aun después del fin de la pandemia, pues el destino de estos bonos puede ser tanto infraestructura y fines sanitarios como proyectos vinculados con la recuperación de ciertos sectores económicos, microfinanzas, por mencionar algunos de los posibles destinos.

Las finanzas sostenibles llegaron para quedarse, y resulta fundamental no perder este nuevo tren que promete transformar el actual nicho en mainstream. Dado el crecimiento mencionado, es probable que esto se cumpla en un mediano plazo, para lo cual es necesario estar preparados.

(*) Columnista invitado. Director Programa Bonos Verdes y Finanzas Sostenibles, UCEMA (Argentina).