JULIO PREVE FOLLE

Festejen, uruguayos

Con un entusiasmo digno de mejor causa, el gobierno celebra los diez años de la ley 17.797, que estableció la trazabilidad individual y obligatoria del ganado bovino.

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Polémica sobre el sistema de trazabilidad.

Diez años después no se registra un solo efecto beneficioso medible y, lo que es peor, nadie siente la obligación de dar cuenta del resultado de semejante agravio a la libertad de la gente y a la reserva empresarial, tan atacada hoy.

Obligatoriedad.

Creo que es notorio desde el principio mi desacuerdo total con este tema de la obligatoriedad de una forma de encarar un negocio, que no debió salir jamás del ámbito estrictamente privado, voluntario, libre. Pero aún así parece increíble que el gobierno festeje lo que no inventó ni comenzó. Es como si se propusiera festejar la ley forestal, o la de zonas francas, por la inversión de UPM: es vestirse con ropa ajena, en este caso ropa en mi concepto de escaso valor, pero de otros. Como quizás no se recuerde bien, el tema de la trazabilidad lo inició un ministro de Batlle, quien en el marco de un programa del MGAP, contrató un crédito con el Banco Mundial que incluyó entre sus objetivos la asistencia para la puesta en funcionamiento de este sistema. Y en el año 2003 o 2004 se creó el SNIG (Sistema Nacional de Información Ganadero) para gestionar este régimen obligatorio.

Transcurridos diez años de la promulgación de la ley que estableció este sistema como obligatorio, se impone alguna reflexión sobre su utilidad. Como tal vez pocos conocen, Uruguay es el único país con este sistema obligatorio. Con su implementación, a partir de la cual según se dijo se obtendrían muchas ganancias comerciales, hasta ahora no se ha podido demostrar ningún beneficio tangible en lo económico. Así por ejemplo un reciente trabajo de comercio internacional del Ing. Juan Peyrou demuestra que Uruguay no logró en estos años mejores precios que ninguno de sus competidores tales como Argentina, Brasil o Paraguay: en todos se han mejorado sus precios, unos más otros menos, algunas veces más y algunas veces menos. Por otra parte si ni Estados Unidos, ni Australia ni Canadá —por citar países de primer mundo— disponen de este sistema obligatorio, cabría preguntarse por qué. En concreto Estados Unidos no nos lo exige cuando exportamos, y cuando ese país exporta, en algunos casos traza su ganado si lo desea su comprador. Paraguay, un país cada vez más ejemplar en el comercio mundial de carnes, con la ganadería que más crece hoy en el mundo, dispone de un sistema privado y voluntario de trazabilidad conducido por la Sociedad Rural del Paraguay, auditado por la Senacsa —una entidad desconcentrada de su ministerio de Ganadería—, en un modelo que bien podría repicarse en nuestro país.

Es falso de toda falsedad que nuestro acceso privilegiado con la cuota 481 a Europa sea el producto de nuestro régimen obligatorio. Por el contrario, es el ejemplo de un negocio en el que un sistema de trazabilidad viene inducido por un buen negocio, que vuelve por tanto innecesaria su obligatoriedad. Además y como se sabe, acceden a esa cuota Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Paraguay, países en los que no existe este régimen obligatorio, costoso y crecientemente alcanzado por lo que podríamos llamar "travesuras metodológicas" de todo tipo. Cabe recordar además que Europa explica algo así como el 15% del volumen exportado y no hay otro mercado donde el sistema sea exigido hasta ahora, ni externo ni obviamente interno. En definitiva todos los países que exportan a la Unión Europea, tienen trazabilidad individual; no solo Uruguay; Argentina, Australia, Estados Unidos, Canadá y también Paraguay y Brasil, todos ellos proveedores relevantes de ese mercado. Pero en ningún caso es obligatoria. Este es el mayor problema de una herramienta para los negocios como cualquier otra, quizás muy buena en el ámbito voluntario, desastrosa al convertirla en una obligación de política pública.

Más allá de lo engorroso, este sistema ha salido mucha plata. En un artículo anterior estimé un costo entre el 2006 y el 2015 inclusive de unos 326 millones de dólares, a partir de un costo por camión de 150 dólares, las caravanas, y el costo del SNIG según licitación, sin contar otros salarios públicos afectados.

Pausa y reflexión.

Es increíble cómo se ha instalado en mucha gente que el sistema ha sido fundamental para nuestras exportaciones cuando no es así. Hay un solo mercado que la exige y muchos países que desarrollan un sistema voluntario y privado para atender ese mercado. Más allá de su utilidad económica, discutible, permanece en pie mi objeción de siempre: que bajo ningún concepto se puede aceptar la intromisión del Estado en las decisiones comerciales y económicas, como si supiera más que nadie qué, cuánto y cómo producir. El Estado no está para eso, no es su función, y cuando se pone a recomendar negocios la macanea; podría recordar ejemplos de este error. Pero sobre todo dejemos que cada empresario se equivoque si quiere o no valorar suficientemente el negocio asociado a identificar su ganado, en especial en este caso en el que además se entrega totalmente la reserva debida a la intimidad empresarial, valor éste hoy tan golpeado.

En definitiva, la condición obligatoria de la trazabilidad y aún el propio sistema, deben ser objeto de evaluación, antes que la sensación de escasa utilidad que se va extendiendo se convierta en el mejor argumento para ir deteriorando como ya ocurre la calidad del sistema.

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