Es sabido que acciones de personas, empresas, instituciones estatales o locales y de otros agentes económicos, pueden provocar efectos importantes, adversos o favorables, sobre terceros. Algunos pueden alterar sus costos o sus beneficios marginales.

La evidencia empírica sobre ellos permite elaborar leyes indiscutibles y de inexorable aplicación. Como se recordará los vecinos de Gualeguaychú reclamaron por la construcción de una planta de celulosa en Fray Bentos. Se denunciaba, pidiendo la prohibición de su instalación, que provocaría un grado de polución que afectaría adversamente al agua del río Uruguay y a las actividades que en él se desarrollan.

Otro ejemplo, de los muchísimos que hay, es el del reclamo de quienes viven en una zona residencial por las actividades de terceros que afecten negativamente el valor de los inmuebles de la zona. Pero no olvidemos que también acciones de ciertos agentes pueden provocar efectos positivos sobre terceros sin que éstos hayan hecho algo para lograrlos. Un ejemplo es cuando se pavimenta una calle o se instala por un gobierno local infraestructura de saneamiento antes inexistente. Se trata de una acción que eleva el valor de los inmuebles beneficiados por las obras.

En numerosos ejemplos como los citados, ante la indefinición de derechos de propiedad, el mercado falla para establecer lo que debe pagar quien involuntariamente infringe costos a terceros y lo que debe pagar quien recibe los beneficios que involuntariamente provocan terceros. La determinación de los pagos no se puede hacer porque el costo de transacciones que tiene el que cada afectado deba reclamar a quien afecta y el que tiene que recibir quien provoca el beneficio al tercero es sumamente alto para que se concrete en la realidad. En caso que existiera el perjuicio de la empresa de celulosa —algo que no se ha probado—, ¿cuánto debe reclamarle un residente de Gualeguaychú? Es prácticamente imposible conocer el efecto negativo de la empresa —si hubiera existido— sobre el costo marginal que impone sobre cada uno de los pobladores de esa ciudad. El mercado falla en resolver el problema, en determinar un precio, y en consecuencia se debe acudir a la intervención estatal, que fije el castigo y que determine lo que se debe pagar por el eventual beneficio recibido por un tercero debido a una acción llevada adelante por otro sujeto económico. En nuestro país el gobierno, nacional o cualquiera municipal participa en la solución del problema que provoca la falla del mercado. Prohíbe determinadas acciones que imponen costos a terceros, exige inversiones para evitar que permitiéndose, esas acciones no provoquen esos costos y llega a cobrar por tales castigos que se provocan a terceros. También cobra por sus acciones que benefician terceros. Para evitar accidentes que pueden ser provocados por acciones de conductores de vehículos sobre otras personas, la comuna ha establecido lógicas regulaciones de tránsito: límites de velocidad, uso del cinturón de seguridad, prohibición del uso de celulares cuando se conduce, y otras regulaciones por el estilo. También ha establecido regulaciones que no autorizan la construcción de ciertos inmuebles en determinadas zonas e impide que hayan determinados negocios en ciertos lugares de la ciudad y hasta eleva tributos municipales cuando los inmuebles de algunas zonas pasan a ser favorecidas por las inversiones comunales.

Además de ser beneficioso intrínsecamente, el progreso medido por el aumento del ingreso per cápita, sin que alguien lo quiera ha provocado externalidades negativas. Un reflejo es el notable crecimiento del parque automotor nacional. Ese aumento es constatable no solo en cifras. También en el propio movimiento en particular en nuestra capital y cómo provoca externalidades negativas sobre la población. Los costos de desplazamiento en Montevideo han aumentado significativamente. Por un lado los explícitos para los usuarios: combustibles, reparaciones, colisiones, multas y por otros conceptos por el estilo. Pero el mayor costo para los usuarios es implícito y es el del aumento considerable del tiempo que toma ahora llegar desde el lugar de partida al lugar de destino. Lo provocan el generalizado uso de automóviles del creciente parque automotor, la concentración de negocios en el centro de la ciudad y la ausencia por muchos años, de obras de infraestructura para una movilidad más ágil.

Quienes sufren tales costos, que no se han aplacado a pesar del natural crecimiento de los ingresos comunales por el mayor número de vehículos, no pueden cobrarlos a nadie. La solución la tiene la autoridad comunal cuando la indefinición de los derechos de propiedad asociados impide a los conductores cobrarle a alguien —uno por uno— los costos que le impone el progreso.

Hasta que las obras se realicen se impone en consecuencia una acción oficial que no castigando al progreso ni pudiendo cobrarse a sí misma por la falta de obras, encuentre alternativas sustitutivas: menor énfasis en buscar infractores leves y mayor dedicación al ordenamiento del tránsito, sobretodo en horas pico. Es la sustitución que se debe hacer del mercado, pero cuidado, solo cuando éste falla.

JORGE CAUMONT