Según informó la prensa sobre la reunión entre gremiales de productores y el ministro de Ganadería, la exportación en pie seguiría siendo libre, lo que gratificó a los dirigentes de la Federación Rural.

No existe ningún impedimento en Uruguay para exportar ganado en pie —incluyendo para faena— a los países de la región, informó el ministro. El tema es muy relevante porque en este momento las diferencias de valores de los ganados gordos son apreciables, con lo que de no mediar dificultades podría empezar alguna corriente comercial.

Lo informado a los dirigentes de la Federación Rural demuestra que todos tenemos enfoques diferentes sobre lo que es la libertad de exportación de ganado en pie. Para empezar, hay que recordar que esta libertad, como muchas otras, vino en los 90 junto —por ejemplo— a la libre contratación en los arrendamientos rurales, la libre exportación e importación de carne, de semen y embriones, el abasto libre, el fin de las detracciones, de los precios mínimos y de muchas regulaciones y prohibiciones. Esta libertad para exportar se vio siempre como el establecimiento de un piso para el precio del ganado, determinado por la paridad de exportación a la región.

Lo que se estableció en el decreto 457/92 que aun hoy emociona leer en su valentía y sencillez, fue simplemente la libertad total de importación y exportación de todos los ganados y de todas las carnes, en unos pocos artículos de medio renglón cada uno: "Libérase…Libérase…." como debe ser: la libertad en imperativo. Incluso señala en sus considerandos la inconveniencia de la autorización caso a caso del MGAP al que comete solo el tema sanitario de norma. Más adelante, y por si fuera poco, el decreto 183/98 eliminó alguna autorización previa que había quedado.

Esto era libertad; lo que hay hoy es una caricatura. En la práctica, de lo que se trataba era que un productor de Piedra Sola en 72 horas pudiera arreglar un embarque a Bagé, como de hecho ocurrió, o que un ganadero de Chajarí pudiera comprar terneros en un remate en Durazno. Cumpliendo las disposiciones sanitarias lógicas —que en países de idéntico status sanitario no pueden ser muy exigentes— el ganado debería fluir en los casos limitados de precios diferentes de un lado y otro del Río Uruguay, o de la Laguna Merín. El punto no es alentar una corriente comercial de exportaciones en pie sino, por tener abierta esa posibilidad, lograr que los precios arbitren mejorando así la transparencia al hacer virtualmente imposible todo intento colusivo.

Qué tenemos hoy, cómo es eso que el ministro llama la inexistencia de impedimentos. Como el cajoneo como medida de política resultaba impresentable, el 18 de noviembre de 2013, no por ley ni por decreto sino por una simple resolución ministerial, se terminó formalmente la libertad. Esta resolución estableció que para exportar hay que inscribirse en un registro, para el cual hay que aportar certificados notariales y otra información inútil, un responsable técnico, un predio de cuarentena aunque no lo pida el comprador (también con certificado notarial), contrato marítimo (sic) también certificado, pago de tasas, y esperar el permiso que además tiene fecha de caducidad. Esto no tiene nada que ver con aquella libertad. Aquí lo que hay es la organización del negocio de exportación en pie para empresas grandes, instaladas, con campos de cuarentena, técnicos, alimentación, etc. Por la ruta 5 se pueden ver campos de concentración de animales en espera del barco que los llevará a las antípodas. Es otra cosa. Nada que ver con la libertad y nada que ver —menos todavía— con el beneficio esperable y tangible para productores de todo tamaño que quieran aprovechar su derecho de hacer negocios, aprovechando una oportunidad para ellos y contribuyendo así a la transparencia. En cambio, esos campos de concentración con cuarentena, certificado notarial, asesor técnico y permiso previo solo aportan opacidad al mercado, aunque es mejor que estén. Todas las exigencias solo deberían derivar de los compradores; las autolimitaciones, permisos previos, registros, etc., solo son una caricatura de libertad y están disponibles para muy pocos; nada que ver con la libertad de los 90.

Hacen bien por tanto las gremiales en reclamar transparencia y hace muy bien Lacalle Pou en incluir, entre sus 22 medidas. la eliminación de trabas burocráticas a la exportación de ganado.

No puedo entender que se sostenga que no hay ninguna dificultad para exportar en pie si solo se lee la resolución del MGAP, que es un canto al intervencionismo, a la tutela ominosa del Estado, característica de esta administración que ha multiplicado toda clase de registros inútiles que no solo agregan trámites y costos sino que dejan la decisión del negocio en quien se auto asigna la facultad de prohibir una actividad legítima —sembrar, exportar— a través de disposiciones administrativas, registros, permisos, etc. Incluso hay mercados de los que compran terneros en pie —que también contribuyen al soporte del precio del ternero— en los que la concentración, el registro, el asesor técnico, la cuarentena, les importa un rábano y solo suponen costos que reducen el precio de paridad de exportación en este caso del ternero.

Cuando todo vuelva a la normalidad y la gente recupere sus derechos sin registros, caravanas, planes de suelos ni permisos previos para trabajar, cuando se dejen oír con más fuerza las campanas que ya tocan a rebato por la reconquista de la iniciativa de la gente para trabajar, cuando eso ocurra, sabremos que todos estos registros obligatorios empiezan a desaparecer.

JULIO PREVE FOLLE