OPINIÓN

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Han pasado 938 días hasta hoy, desde que asumiera la actual administración del gobierno. Le restan por gobernar 886, días lo que implica que se ha entrado ya a la mitad final del mandato para conducir política, social y económicamente a nuestro país. Recordamos que a 15 días de su asunción, debido al virus de Wuhan, se enfrentaba a un freno significativo para la aplicación del programa de gobierno, que se había elaborado con el respaldo de todos los sectores partidarios de la denominada “coalición multicolor”.

No menos de un año duró la anormal situación social y económica que se creara y que se llevó adelante sin prohibir la actividad y la movilidad de las personas, sino con la postura de sugerir lo que se denominara “libertad responsable”. Una posición contraria a los reclamos locales para la aplicación de restricciones a la actividad y a la movilidad y, también, a similares o más restrictivas prácticas aún, seguidas por numerosas naciones. Los ejemplos y resultados económicos y sociales de casos como el último indicado, son abundantes. Pero lo ocurrido a nivel mundial y local por la aparición de un factor exógeno —no esperado— al funcionamiento económico que es el que deseamos analizar, no fue el único problema en el lapso de 938 días indicado, que llenó de incertidumbre durante algún tiempo y de riesgos en otros, para la marcha de la economía. Las variantes del Covid que fueron apareciendo; el impacto sobre los precios internacionales de la recuperación económica mundial tras la pandemia y, más recientemente, la guerra de Rusia con Ucrania, generaron dificultades para las decisiones macroeconómicas.

Los resultados 

Es interesante describir la evolución de la actividad productiva, la del comportamiento de los precios y del sector externo de la economía que han resultado de medidas económicas, que marcaron el contexto para la realización de los negocios y aumento el empleo.

Hacia el final de 2019 y comienzos de 2020, la economía registraba el mismo nivel de producción que en el comienzo de 2016. En esos cuatro años el producto interno bruto (PIB) no crecía ante el estancamiento, también, de la demanda agregada, es decir, del consumo privado, de la inversión y de las exportaciones de bienes y de servicios. Al cabo del primer semestre de este año y a pesar de los efectos adversos de los factores antes indicados —Covid y guerra—, la economía se recuperó de la crisis y su PIB, en términos desestacionalizados, es más de 3% superior que el del final de 2019. También es mayor el nivel de la inversión y el de las exportaciones y levemente menor el del consumo privado.

El mayor PIB señalado se refleja en lo ocurrido con el empleo y con el paro forzoso —desempleo—. En los 938 días que estamos considerando, y no obstante los factores no económicos comentados, la cantidad de personas trabajando ha pasado de 1.526.000 a 1.648.000, es decir ha aumentado en 122.000 personas. Las personas desempleadas que eran 179.000 en febrero de 2020, el mes previo al cambio de gobierno y al surgimiento de la primera y más profunda ola de contagios de Covid, han pasado a 144.000, una disminución de 35.000 personas. En consecuencia, la tasa de desempleo se contrajo de 10,5% de la población económicamente activa en el mes final de la anterior administración de gobierno, a 8,1% en julio de este año.

En lo que se refiere al comportamiento del nivel general de precios, el registro inflacionario no ha mejorado. En febrero de 2020 era 8,3% en términos anuales y en julio de este año ha sido 9,5%, pero cabe indicar la fuerte presión alcista que, sobre el registro indicado, han tenido, primero, la recuperación de la economía mundial y, en segundo lugar, la guerra entre Rusia y Ucrania que se ha reflejado en el precio del petróleo y el de cultivos agrícolas así como en otros productos que son insumos para la producción en el mundo y en nuestro país.

En relación con el sector externo de la economía, su resultado se puede resumir en el comportamiento de las reservas internacionales netas del Banco Central que en julio de 2022 son aproximadamente 1.500 millones de dólares más que en febrero de 2020. Y eso ocurre por significativos aumentos en las exportaciones de bienes y de servicios y por los resultados que se han dado en los movimientos netos de capitales, por endeudamiento privado y público con el exterior.

Lo que viene 

En los 886 días que restan a esta administración, el objetivo antiinflacionario será, seguramente, el que sea prioritario para la conducción económica, obviamente sin renunciar a los otros equilibrios. En la medida en que lo ocurrido en la segunda mitad de 2021 con la recuperación de la economía mundial que trajo consigo aumentos importantes de los precios internacionales y que luego, esos aumentos fueran agravados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, no sería extraño que, cuando lleguemos a junio del año entrante, la tasa de inflación anual se ubique cercana al límite superior de la banda objetivo de la autoridad monetaria que, para ese momento será de 6%.

Será la segunda mitad de 2023 el momento en que se pueda lograr el equilibrio macroeconómico general, con la economía creciendo al ritmo potencial dados sus recursos humanos —más bajo desempleo—, y materiales —menor capacidad ociosa de los bienes de capital—, así como una inflación relativamente baja, en el rango objetivo y un sector externo con equilibrio de la balanza de pagos.

Luego de esa mitad del año entrante, tanto para los sectores políticos de la coalición que gobierna como para los de la coalición de oposición, el posicionamiento para las elecciones será lo prioritario y la conducción económica difícilmente pueda hacer más de lo que desearía.