Opinión

El decreto firmado por el Presidente Vázquez para extender por un año el corralito mutual, violenta un derecho humano como es la libertad de elección del prestador de salud.
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“Ser héroe es abrumador. Gracias por acompañarme en este particular momento de mi vida. Gracias a quienes me trajeron hasta aquí, mi esposa, mi familia, mis docentes, mis colegas, mis colaboradores, y porque no también mis pacientes, fundamentales, sin cuyas enseñanzas, confianza y apoyo este recorrido hubiera sido imposible”.
“Títulos como el que hoy recibo son mucho más que un diploma, son un compromiso. El compromiso de demostrar día a día que el reconocimiento recibido es merecido. Yo no he trabajado para ser héroe y no sé si lo soy, pero sé que continuaré trabajando para ayudar a que el oficio de vivir sea el mejor oficio humano”.
Son las palabras del Presidente de la República al ser distinguido por la OPS como “Héroe de la Salud Pública de las Américas”, título más que merecido por su lucha contra el tabaquismo.

Por eso, resulta inentendible que la semana pasada haya firmado un decreto para extender por un año el corralito mutual, violentando un derecho humano como es la libertad de elección del prestador de salud, consagrado expresamente en la ley 18.211 que en su artículo 3 literal H), que establece como “Principio Rector” del SNIS: "La elección informada de prestadores de servicios de salud por parte de los usuarios”. En el mismo sentido liberal, reitera el Legislador en el artículo 50: “La elección de prestador es libre. Una vez formalizado el registro ante una de las entidades integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, podrá modificarse en los términos que fije la reglamentación.”
Sin embargo, luego que el Ministro de Salud había anunciado que en febrero se levantaría el corralito, el Presidente cambia inexplicablemente de parecer y contra la opinión del ministro firma un decreto mucho peor que el anterior. Fue así, que en la fecha convenida para presentarle a las mutualistas un sistema informático útil para combatir la intermediación lucrativa, el Ministro Basso tuvo que comunicar la peor de las noticias: continuaría la violación a la libertad de elección del prestador de salud, hasta febrero del 2020.

El decreto contiene a lo largo de sus nueve considerandos, una motivación tan falsa como fútil, que evidencia una clara desviación de poder. Se trata —sin suerte— de maquillar el verdadero motivo, que es proteger a las instituciones más ineficientes, a las más endeudadas, a las que tienen los peores indicadores en la Encuesta de Satisfacción con los Servicios del Primer Nivel de Atención contratada por el MSP en el 2017. El motivo es simple, si se levanta el corralito, las instituciones de peor desempeño, perderían muchos afiliados y el Estado tendría que acudir a salvarlas en pleno año electoral con fondos públicos que escasean, dejando en evidencia que el SNIS bajo esta administración fue un fracaso, entre otras cosas, por culpa del corralito, que al premiar los malos administradores, incentiva la ineficiencia.
Nadie puede tomar por válida la motivación del Poder Ejecutivo, invocando que la necesidad de mantener el corralito se justifica porque el Estado no está preparado para controlar la intermediación lucrativa. Ese fue el motivo invocado en el decreto de diciembre del 2017, en el cual se resolvió atacar el problema, cometiendo a la Junasa “la redacción de un proyecto de protocolo destinado a garantizar la transparencia del derecho del usuario a la libre e informada elección del prestador de salud, a cuyo efecto recibirá la asistencia y recomendaciones de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, sin perjuicio de otros asesoramientos.” Todo ello sucedió, la Junasa tenía pronta la tecnología para cumplir con lo que se le había encomendado por el decreto del 2017, pero algo convenció al Presidente de hacer lo contrario.

Pero eso no es todo, el nuevo decreto sin explicación alguna, vuelve mucho más arbitrario el procedimiento “bolivariano” ideado en el 2017 para que los usuarios se puedan cambiar de prestador de salud. El mecanismo vigente consiste en un tortuoso y maquiavélico procedimiento administrativo que los usuarios deben tramitar ante la Junasa. En dicha junta colegiada —de siete miembros—, al menos hay un representante de los usuarios, lo que constituye una mínima garantía de transparencia. Sin embargo, el reciente decreto concentra el poder en el Ministerio de Salud Pública y torna el procedimiento aún más arbitrario, al establecer que “las solicitudes de cambio serán sustanciadas ante la Dirección General de la Salud del MSP, quien de aceptar la objeción la comunicará a la Junasa a fin de habilitar el cambio de prestador”.
Seguramente —como anuncia la prensa— el decreto será recurrido, lo que le otorgará al Presidente de la República la posibilidad de enmendar el error y devolverle a los usuarios un derecho humano fundamental. Esperemos que el médico prime sobre el político y que aproveche la oportunidad de revocar el decreto y honrar así el título de “Héroe de la Salud Pública de las Américas”.