OPINIÓN

Las expresiones de los autoconvocados van a estar presentes en las propuestas electorales de la oposición, lo que permite ser optimistas respecto de un giro político que parece alcanzar a buena parte de la sociedad.

Como parte de este cambio, se extiende la sensación de un oprobioso peso del estado sobre el trabajo de la gente, que parece no soportar que le saquen más recursos de su esfuerzo individual. Y ya no solo se padece el peso en su valor absoluto, con una presión fiscal de más del 35 % del PIB, sino también como conciencia de derroche, de dispendio, de abuso.

Cómo justificar que el gasto haya llegado a 17 mil millones de dólares en 13 años. Y menos aún cuando en ese número están los 70 mil empleados públicos más, sin contar porque nadie lo sabe, los que ingresaron en las empresas satélites del estado en régimen de derecho privado como Inac, Inale, Alur, (Ancap tiene más de 10) etc. A todo esto hay que sumar lo ocurrido en Ancap, en Pluna o en el Fondes. El conjunto de todo produce una sensación de frustración, de rebeldía, máxime cuando con ese gasto público tenemos la infraestructura que tenemos, la educación que nos duele, y la seguridad que padecemos. El sentimiento que se extiende quizás difunda en la sociedad un sistema de valores que premie más el esfuerzo individual como generador de riqueza, que valore al sector privado como motor de la sociedad.

Con un nuevo concepto de estado mínimo, eficaz y austero, promotor de la iniciativa individual para emprender, enemigo de todos los corporativismos, bien puede soñarse también con un país más abierto, como lo supo ser Uruguay, y no como este en el que estamos desde 2005, sin una rebaja arancelaria, sin un solo acuerdo de libre comercio con nadie, mientras nuestros competidores avanzan y mejoran condiciones de acceso a mercados a la vez que reducen los precios de todo lo que consumen.

Dentro del sector privado es el agro probablemente el que tenga una posibilidad más inmediata de reaccionar si le mejoran establemente sus condiciones de trabajo. Hay que recordar como siempre lo hago que desde 2005, en tanto la economía creció hasta 2016 un 60 %, el PIB agropecuario lo hizo en 11 años un 14, 8 % o sea casi nada, la pecuaria creció solo un 1.8 % o sea estancamiento puro, la agricultura 18,4 %, y un buen desempeño de la forestación (40 %). Por qué ninguna voz oficial explica tan magro desempeño en un contexto de increíbles condiciones económicas y crecimiento global es raro. Es que no entienden al campo. Y qué decir de la pecuaria. Con un precio de la carne que se duplicó en dólares, nadie se pregunta como con estos precios la producción, que había crecido entre 90 y 2006 un 3,18 % anual, entre 2006 y 2017 solo lo hizo un 0,38 %, lo mismo que entre el 60 y el 90, o sea nada. Y la respuesta está en que la izquierda recela ideológicamente de la pecuaria, tal como se evidenció con la exclusión de ese sector, el más estancado desde 2005, en la batería de medidas homeopáticas que se tomaron.

Se podría haber hecho mucho más. Más allá de las medidas de naturaleza macroeconómica reclamadas por todos —congelación de ingreso de empleados públicos, regla fiscal que elimine el déficit, revisión del gasto con miras a su reducción, cambios en la política monetaria— en lo sectorial había mucho por hacer. Solo en lo tributario, si se miran las cifras oficiales de Opypa se ve que en el año peor —2017— la presión fiscal aumentó en el mayor porcentaje de los últimos años. Y que esto ocurrió con un impuesto a la renta de apenas el 50% que el de 5 años atrás, lo que debió suponer una seria advertencia. No obstante los impuestos a la tierra duplicaron a la renta, alcanzando en 2017 el valor máximo del quinquenio. Esto es una barbaridad, que hubiera admitido al menos corregir la forma de actualizar los impuestos a la tierra, que indexan el retraso cambiario a favor del estado. Hubiera sido una gran señal, seguida de un shock de costos imprescindible.

Lo primero es el gasoil. Tiene que empezar a quedar sin impuestos, y cambiar esta política de combustibles que llevó el precio del gas oil al de la nafta, solo por el prurito de refinar todo nosotros, y cambiar el parque automotor, pero a expensas de todo el país productivo. El gasoil debe volver a ser la mitad de la nafta, aunque sobre nafta al refinar, o haya que importar gas oil. Hay que empezar a terminar también con la ya superada política de agrocombustibles que en solitario cuestioné, que todo el mundo abandona, y que cuesta 120 millones de dólares también en los precios que pagamos a Ancap.

Debe dejarse importar libremente, sin registros nacionales ni permisos previos, con respeto por el tiempo del empresario, todos los agroquímicos con registros en la región, herbicidas, insecticidas, zooterápicos, raciones, semillas, fertilizantes. Dejemos los controles previos obligatorios para servicios que no suponen nada en términos de valor.

Hay que dejar que la gente siembre lo que quiera, incluso semilla más barata, hoy prohibido en avena y raigrás. Hay que suspender la obligatoriedad de la trazabilidad no solo para bajar costos sino para terminar con la comedia de su aplicación. Hay que eliminar los obligatorios planes de suelos, otro costo indebido, así como todos los registros, permisos previos y declaraciones juradas aunque sea por un tiempo. Y dejémosnos de jorobar con recetas de agroquímicos como si cada uno no pudiera ser responsable si se lo informa bien.

Y nada de obligar a usar GPS en máquinas para luego controlarlas por satélite. Me dicen que se ha llegado incluso a poner GPS en las máquinas limpiadoras de semillas para controlar cundo trabajan en campos en los que puede haber "peligro" de utilización de semilla comercial.

Hay que liberar también las exportaciones en pie, sin registros, permisos o actas notariales, atendiendo solo a lo que pida el comprador. Y terminar con este mamarracho de tener que pagar el impuesto municipal derogado, para después — siempre con trámites— recuperarlo.

Hay que terminar, en fin, con la conducción agropecuaria de corte antidiluviano, según la cual todas las acciones del sector privado o son obligatorias o están prohibidas. No es función del estado señalar qué, cuánto o cómo producir, no solo porque no le corresponde, no solo porque agravia la libertad de la gente, sino especialmente porque todo sale mal y es más caro, como todos los agroquímicos, las semillas, el fertilizante, embarcar ganado, plantar, etc. Pero seamos optimistas porque un cambio de fondo parece estar alumbrando.