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Elecciones y economía en Brasil: riesgosa combinación

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Foto: Getty Images

OPINIÓN

Las previsiones de crecimiento del PIB para el primer trimestre, cuyo resultado se dará a conocer en la primera semana de junio, apuntan a un crecimiento en torno al 1%.

Los datos recientes de actividad económica en Brasil, relativos a marzo, sorprendieron positivamente. El volumen de las ventas al por menor creció el 1,0% frente a febrero, tras ajuste estacional, y el 4,0% frente a marzo de 2021.

Para el indicador que incluye las ventas de automóviles y material de construcción, estas variaciones fueron del 0, 7% y del 4,5%, respectivamente. Las actividades de servicios, por su parte, tuvieron un desempeño aún más positivo, con un crecimiento mensual de 1,7% y anual de 11,4% en marzo. En la comparación trimestral, el comercio amplio y el volumen de servicios crecieron el 2,3 y el 1,8%, respectivamente, con relación al último trimestre del año pasado.

La producción industrial también aumentó en el primer trimestre (0,3%), pero sólo por el efecto de la industria extractiva (aumento del 1%), ya que la industria manufacturera permaneció estancada en el período. Aunque menos integrada a las cadenas globales de valor que en otros países, la industria brasileña también viene sufriendo cuellos de botella en el suministro de insumos y componentes y en la logística: la producción de la industria automotriz en los primeros cuatro meses del año fue un 13,6% menor que el mismo período del año pasado.

Las previsiones de crecimiento del PIB para el primer trimestre, cuyo resultado se dará a conocer en la primera semana de junio, apuntan a un crecimiento en torno al 1%. A fines de 2021, estaban cerca de cero. En la misma línea, las previsiones de crecimiento en 2022 pasaron del 0,5% de finales del año pasado al 0,7% de finales de abril, pero lo más probable es que ya hayan superado este valor (como las actualizaciones del sistema “Expectativas de Mercado durante mayo dejaron de realizarse debido a la huelga de los empleados del Banco Central, esta declaración se basa en informes de un número reducido de instituciones financieras que hacen públicas sus proyecciones).

Las previsiones de crecimiento en 2023, sin embargo, se han reducido: del 1,9% a finales de 2021 al 1% en abril. Este contraste entre las trayectorias de las expectativas de crecimiento para este año y el próximo no es casual: refleja, por un lado, la percepción de que la demanda agregada está más caliente de lo imaginado y, por otro lado, que la inflación también se mantiene más presionada que expectativas sugeridas hace unos meses. En el primer caso, el impulso derivado de la expansión de las transferencias de ingresos por parte del gobierno federal sobre el consumo parece haber sido subestimado. En el segundo, la perspectiva de una política monetaria más dura, con tasas de interés alcanzando un nivel más alto y por más tiempo de lo esperado, indicaría condiciones monetarias más restrictivas y, por lo tanto, un menor crecimiento el próximo año.

También hay un factor ligado a las incertidumbres electorales que, a su vez, parece pesar sobre las perspectivas de crecimiento a medio plazo. En particular, la polarización entre campos en extremos opuestos del espectro político ha dado lugar a una radicalización de las propuestas y políticas de los dos candidatos que encabezan las encuestas, que apuntan en dirección opuesta a la que conduce la madurez de las instituciones brasileñas. Al mismo tiempo, y también movido por intereses electorales de muy corto plazo, el Congreso ha aprobado leyes —como la que vincula la privatización de Eletrobras, que debería ocurrir en los próximos meses, a la construcción de centrales termoeléctricas a gas— en regiones remotas a un costo asumido por los consumidores, cuyo impacto en las condiciones económicas se sentirá durante mucho tiempo.

La aceleración de la inflación, que en mayo registró 12,2% en 12 meses por el IPCA-15, está muy ligada a la variación de los precios de los combustibles: las gasolinas y el gas de cocina aumentaron alrededor de 30% en el período, mientras que el precio del diesel aumentó casi 50%. Si bien se trata de un fenómeno global, derivado en gran medida del conflicto en Ucrania, estos aumentos afectaron negativamente la popularidad del presidente, quien comenzó a presionar a Petrobras para que frenara los aumentos.

Durante el gobierno de Dilma Rousseff, los controles artificiales de precios de los combustibles casi quiebran a Petrobras, llevándola a pérdidas sucesivas y a un endeudamiento gigantesco que sólo recientemente se pudo revertir. Como reacción a esta situación, el gobierno de la empresa, así como el de otras empresas estatales, sufrió profundos cambios en la Administración Temer para blindarla contra tales injerencias, protegiendo así su salud financiera y capacidad de inversión. Luego de dos cambios en la presidencia de Petrobras y un cambio en el ministrerio de Minas y Energía, el actual gobierno busca cambiar las reglas de fijación de precios de los derivados, para evitar más reajustes hasta las elecciones, con un fuerte impacto negativo sobre el valor de la empresa y en las condiciones del mercado de combustibles, incluyendo el riesgo de escasez de diesel en el mediano plazo, ya que parte de la oferta de derivados hoy es hecha por importadores privados.

Una política adecuada, que minimizaría el impacto negativo del aumento de los precios de los combustibles, sería la aprobación de un subsidio temporal financiado con recursos del presupuesto. Podría beneficiar a la población de bajos recursos, muy afectada por el precio del gas para cocinar, y a los camioneros autónomos, que sufren por el precio del diésel. Sin embargo, el techo de gastos ya se ha alcanzado, incluso después de la reducción artificial del pago anual de las deudas reconocidas por las Cortes, lo que implicaría la reducción de otros gastos.

Aquí viene el otro extremo: el ex presidente Lula, en declaraciones recientes, viene atacando sistemáticamente el techo del gasto, bajo el argumento de que sería un mecanismo para garantizar el servicio de la deuda pública, y así beneficiar a los “banqueros codiciosos”, en detrimento del gasto en educación y salud que beneficia a la población más pobre. Si bien estas declaraciones solo podrían pretender movilizar la base política de apoyo, y que una vez electo el candidato podría adoptar una postura pragmática y responsable, los ejemplos negativos de los gobiernos de Lula II y Dilma en términos fiscales, nos señalan los riesgos que se avecinan.

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