El arte de corregir sin deteriorar

Entre las obligaciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige a un país cuando se hace miembro del organismo, está la de "someter" sus políticas económicas y financieras a la consideración de la comunidad internacional representada por el organismo.

Exige además el compromiso de seguir políticas que conduzcan a un crecimiento económico ordenado y a una razonable estabilidad de precios así como evitar manipular las paridades cambiarias.

El país miembro debe brindar información sobre su economía para que el FMI haga un monitoreo regular y provea asesoramiento en políticas para identificar debilidades que estén causando o que pueden causar inestabilidad económica o financiera. Este proceso lo define el FMI como de "vigilancia", y se desarrolla en consultas generalmente anuales, que son conocidas como "Consultas por el Artículo IV". Durante una consulta, un equipo de economistas del FMI visita al país para evaluar su desarrollo económico y financiero y discutir con las autoridades económicas del gobierno, con el Banco Central y con otras entidades y personas, las políticas que se llevan adelante. Tras su vista, el equipo informa a la gerencia del FMI sus conclusiones y luego se presenta su informe al Directorio de la institución, que aprueba lo que se trasmite después al gobierno del país en cuestión. Finalmente lo dispuesto en el informe de la Consulta por el Artículo IV aprobado por el Directorio, se publica para conocimiento general del público.

En marzo se dio a conocer públicamente el informe del FMI de la Consulta por el Artículo IV sobre Uruguay. Contiene una parte sobre la situación y perspectivas macroeconómicas y otra sobre la atención que se debe dar a factores estructurales con efectos en el mediano plazo —mejorar la infraestructura, la educación, etc.— a las que no me referiré.

Las conclusiones sobre las causas de la situación actual son compartibles. Tengo algunas discrepancias en cuanto a lo que el equipo visitante considera los problemas macroeconómicos básicos —que son los problemas a solucionar en el corto plazo— y, en consecuencia, si bien considero válidas algunas medidas para algunos objetivos, discrepo con otras que harían surgir otros problemas macroeconómicos.

El FMI sostiene en algunos casos en forma implícita —pero también explícitamente— que el problema macroeconómico fundamental, el prioritario a resolver por las autoridades uruguayas en adelante sigue siendo la inflación. En su informe el FMI no considera que haya otros problemas macroeconómicos importantes, no obstante señalar que la economía se enlentece y que el déficit del sector externo se puede corregir por el sistema cambiario de flotación y por el uso de las reservas internacionales del Banco Central.

La sugerencia es apuntar prioritariamente a corregir a la inflación, llevándola al rango oficial y evitar además así que las expectativas que se quieren orientar por la autoridad monetaria no terminen por descreer la meta inflacionaria definida. Aunque se reconoce que la reducción del precio de los combustibles debido a la disminución del precio internacional del petróleo y asimismo la caída de los precios de bienes transables, tanto importables como los exportables uruguayos, dan un marco favorable al abatimiento del ritmo inflacionario, el FMI afirma que para reducir la inflación debe haber una mezcla de políticas macroeconómicas restrictivas.

En consecuencia, para reducir el ritmo de crecimiento de los precios se aconseja al gobierno que mantenga la política monetaria contractiva que lleva adelante hasta ahora y que se tomen medidas restrictivas de la política fiscal. En ambos casos se señala que ello ayudará a bajar la inflación moderando la demanda agregada interna —consumo privado, inversión privada, gasto público— que es la que presiona sobre la producción y recibe su respuesta y la de los precios. Sugiere además que se pase a una desindexación de los salarios de la inflación pasada a un criterio de determinación de manera nominal.

Una política monetaria restrictiva como la actual es apropiada, con los demás aspectos constantes, para reducir la demanda agregada privada —consumo e inversión— y ello favorecería al abatimiento inflacionario. También una política fiscal contractiva como la que se sugiere —aumentar el superávit primario con un crecimiento del gasto público menor al del PIB y con aumentos tributarios debidos a reducción del mínimo no imponible del IRPF, limitación de las exoneraciones del IVA y revisión de las exoneraciones tributarias a empresas eliminando las que no llevan a un crecimiento de largo plazo— reduce la demanda agregada tanto privada como pública y ello tiene efectos favorables para reducir a la inflación.

Pero esas medidas tendrían un efecto secundario muy adverso sobre el ritmo de expansión de la economía uruguaya. No veo que el informe del FMI esté evaluando en su total dimensión una serie de factores que ya afectan a la economía y su crecimiento ni que esté anticipando otros, como el aumento de la tasa de interés mundial relevante para Uruguay. Afectado por la situación regional ante precios relativos desfavorables; afectado por la situación de los precios internacionales, por la situación de bajo crecimiento mundial y con potencial agravamiento por la alta probabilidad de recrudecimiento de esos problemas debido a una decisión de política monetaria más restrictiva en Estados Unidos, además del bajo tipo real de cambio traducido en baja competitividad, el ritmo de crecimiento de la economía uruguaya se vería comprometido aún más por medidas que apuntan a reducir la demanda agregada, la pública y la privada.

Hay medidas que se proponen que pueden ayudar a una menor inflación. Por ejemplo la desindexación salarial, que si no es aceptable como hasta ahora, con problemas de actividad se daría naturalmente. O la lógica traslación a los precios de los combustibles de los menores precios del petróleo o una política monetaria relativamente más restrictiva para moderar desbordes devaluacionistas en caso que ocurran. Y hasta correcciones en los beneficios a la inversión, que de todos modos no se concretarían en el corto plazo pues las utilidades de las empresas caerán en éste y en los años que vienen si se aplica una combinación de políticas como lo desea el FMI.

Es importante bajar la inflación pero también lo es no tener problemas de actividad. Una combinación de políticas como la sugerida bajaría la inflación, mejoraría el sector externo pero provocaría una disminución no deseada en el ritmo de expansión que podría llegar a volverlo negativo.

La mezcla de políticas macroeconómicas para lograr el equilibrio macroeconómico general — crecer al potencial de la economía, tener inflación en el centro de la meta y un sector externo equilibrado— pasa a ser un arte condicionado además, por numerosas variables externas.

JORGE CAUMONT