Opinión

Todos sabemos que hay decisiones estatales que restringen la libertad de elección de personas o de entrada de empresas a ciertos negocios.

No todos saben, sin embargo, que quienes las impulsan a través de reglamentaciones no coincidentes con los objetivos individuales, erróneamente creen que tienen un mejor conocimiento de cómo elevar el bienestar de los limitados: la población en general.

También todos sabemos que hay autoridades centrales que deciden solucionar ciertas situaciones con mayor intervencionismo estatal, pero no todos saben que esas decisiones terminan fracasando y estimulando al mercado a encontrar soluciones más eficientes. Decisiones de ambos tipos pueden ser sustituidas con mayor beneficio general liberando más el funcionamiento de los mercados y limitando el intervencionismo, como lo muestran infinitos ejemplos que fácilmente podemos encontrar. Ejemplos como la reducción de la protección arancelaria o de los subsidios en el comercio exterior, o la liberación de precios que tienen máximos fijados procurando beneficiar a los consumidores a quienes se les termina castigando. La evidencia microeconómica muestra que tras los fracasos de esos intentos intervencionistas, sus impulsores acaban reconociendo su inconveniencia. Hoy desearía comentar tan solo dos ejemplos de esas dos aseveraciones.

Durante mucho tiempo, la enseñanza universitaria se limitaba a la impartida por la estatal: la Universidad de la República. Desde la década de los 60, la poca evolución de la oferta de alternativas terciarias de esa enseñanza pública, la creciente demanda por nuevas profesiones, la innecesaria extensión de las carreras, el estancamiento ante el avance de la educación terciaria mundial y el no compartir muchos educandos el contexto ideológico involucrado en su enseñanza, llevaron a un creciente inconformismo. En el comienzo de la década de los ´80 se comenzaron a aflojar los obstáculos centralistas para la aparición de una nueva oferta de educación terciaria y se materializaron nuevas alternativas. Surgieron centros universitarios privados que en algunos casos operaban desde antes, hasta el límite de ser escuelas o colegios técnicos. Hubo entonces una transformación del espectro de instituciones educativas universitarias. La simultaneidad en la aparición de universidades privadas en aquella década, da la pauta de la acumulación por años, de la situación señalada. No hubo un arribo lento y progresivo con el paso de intervalos extensos; todo fue rápido, una oferta que surgió impetuosa y absolutamente por la existencia de la creciente y extendida demanda de los inconformistas.

Aunque inicialmente muy cuestionado, el aflojamiento de las restricciones para la instalación de la competencia privada generó un "mercado" que ha probado ser muy beneficioso para el conjunto de los uruguayos. La oferta de nuevas instituciones en respuesta a una demanda no conforme con el statu quo obligó a la propia universidad estatal a cambiar. La competencia ha llevado a aumentos significativos de la oferta de carreras, tanto cortas como más extensas, ha disminuido el tiempo para la culminación de los estudios de grado y se han creado carreras de post grado. El mercado de estudios universitarios —con libre entrada—, ha generado una competencia beneficiosa para todos, algo que no se lograba cuando la enseñanza era monopólica, cuando solo el Estado —en realidad una injustificable alianza coparticipativa— dictaba lo que cada persona y no cada uno, podía hacer: qué estudiar, durante cuánto tiempo y donde.

El funcionamiento libre del mercado también da muestras de superar a las decisiones centrales, sobre todo cuando esas decisiones no se basan en un análisis a fondo de lo que desean los consumidores. Un ejemplo es el tránsito de Montevideo, hoy sumamente intensivo en el uso del tiempo de los conductores que, como se sabe, tiene su costo. Cualquier desplazamiento entre dos puntos de la ciudad, cercanos o alejados uno del otro, se realice en cualquier tipo de transporte, insume más del doble de lo que requería en tiempo hace pocos años. El aumento del tiempo muerto tiene significativos costos explícitos —por mayor uso de combustible, del propio vehículo y de la cobertura de la probabilidad de accidente—, e implícitos —el ingreso que se pierde por negocios o por ocio—. Estos son los más importantes, ante la falta de alternativas para superar el problema —no hay transportes que pagándolos más caro reduzcan el problema del tiempo muerto, ni siquiera vías expresas con peajes— . No se vislumbra solución, porque quienes deben darla con mayor infraestructura para minimizar los costos señalados, apuntan en un sentido diferente: no amplían y hasta reducen las vías de tránsito y no asumen el costo inicial de construir lo que los privados no pueden por la negativa rentabilidad de inversiones en estacionamientos privados. Naturalmente, con libertad de elección, individuos y empresas intentan sortear esos problemas sustituyendo los lugares geográficos de su trabajo. Así es la forma como se logra aunque más no sea parcialmente, evitar los costos explícitos e implícitos que genera la muy poco eficiente gestión de una autoridad central.

Como he mencionado y se sabe, la libertad de elección y la menor injerencia estatal —no su ausencia—, aumentarían el bienestar de la población nacional.