OPINIÓN

Se puede probar (...) que el gasto público resulta menos multiplicador de la actividad económica y del ingreso de la población que el gasto privado

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Es la hora de las propuestas y de las promesas, en este lapso previo a las elecciones primarias. Y seguirán cuando se dispute la primera contienda electoral.

En principio, debemos pensar que apuntan a mejorar la situación económica y social, pero difícilmente sean todas beneficiosas para elevar el bienestar de nuestra población. Hay evidencia que no ratifica la bondad económica y social que traería un gran número de las medidas que se ubican tras las referidas propuestas. Veamos uno de esos ejemplos.

Aunque no se aclare, numerosas propuestas de competidores en las internas partidarias implican aumentos del gasto del sector público. Sea por la ya anacrónica visión keynesiana para reactivar a nuestra economía que se encuentra en recesión, sea para mejorar el bienestar de ciertos grupos de la población, o por la razón que sea. Y sea a través del gasto social, del gasto en infraestructura o del gasto de otra naturaleza.

La razón invocada para esas proposiciones radica en el efecto multiplicador de la actividad económica que tiene el gasto público y la necesidad de mejorar la distribución del ingreso. No obstante la falta de razón para su sostén, se insiste con ese afán de elevar el gasto público y pocas veces se mencionan los costos que tiene su financiamiento incremental: con el siempre aludido aumento de los gravámenes directos -al ingreso y al capital- y con el aumento del endeudamiento, interno o externo.

Muchos factores desmerecen y hacen descartar esas propuestas. Se puede probar -tanto empírica como académicamente- que bajo condiciones de menor intervencionismo, mayor libertad de mercado y buena conducción del núcleo de las políticas macroeconómicas -y aún cuando ello no ocurre-, que el gasto público es menos multiplicador de la actividad económica y del ingreso de la población que el gasto privado.

El gasto incremental que se propone explícita o implícitamente en los discursos de algunos de los contendientes políticos, se debe financiar con más impuestos o con más préstamos. Los impuestos generan siempre pérdidas de eficiencia de la economía, que son irrecuperables en términos de actividad productiva y de empleo. Se manifiestan en costos implícitos (los de oportunidad del tiempo usado improductivamente) y explícitos (profesionales) para confeccionar las declaraciones impositivas; en costos derivados de la recaudación de los tributos (para el contribuyente y para la administración) del control impositivo (por la administración) y otros costos por el estilo. Luego de esos costos, el monto de recursos monetarios que llega por la recaudación de un impuesto al destino para el que fue creado, es mucho menor que la recaudación total del impuesto y es esa la pérdida de eficiencia de la economía o lo que se conoce como el “costo social de los impuestos”.

Simultáneamente, los tributos implican menos ingreso disponible que le queda a la población para consumir, o un menor ahorro para invertir.
Tanto en uno como en otro caso, la actividad se resiente: menos consumo es menos actividad productiva y menos empleo. Pero también es menos inversión, por lo que es menor actividad productiva presente y futura. La comparación es entre lo que se logra con la recaudación adicional por los eventuales y muchos de los actuales gravámenes -necesarios por la injerencia exagerada del sector público en la economía- y lo que se pierde en actividad productiva, en empleo, en ingresos y su distribución, por la aplicación de los impuestos al sector privado. El aumento impositivo subyacente en algunas propuestas que se hacen a la población es totalmente improcedente desde el punto de vista económico y social.

Además, si el financiamiento del mayor gasto se hiciese con más endeudamiento, es menos ahorro futuro para consumir e invertir y más gravámenes para quienes en el futuro deban repagar la deuda sin haber tenido participación en el usufructo del destino del gasto presente. Pero existen consecuencias adicionales no deseadas con un aumento del gasto público que implique su financiamiento con mayor endeudamiento. Una de ellas es el mayor costo del financiamiento, al aumentar la deuda sobre una economía que no crece. Y otro es el que deriva de la transformación por el sector público a pesos, de los préstamos que recibe en dólares. El cambio a pesos presiona a la baja del tipo de cambio y se torna un impuesto a las exportaciones y a las empresas que sustituyen importaciones, que aumenta la liquidez en la economía y que traslada la necesidad de evitar presiones inflacionarias con una esterilización de moneda local costosa -como la evidencia muestra-, para la autoridad monetaria. Si eso no ocurriera, las presiones inflacionarias aumentarían más, con lógicas consecuencias: pérdida de poder adquisitivo, mayor conflictividad social, pérdida de competitividad de la producción transable y otras consecuencias no deseadas para la actividad económica en general, para la productiva, para el empleo y para la distribución del ingreso.

Es difícil no sentirse atrapado por propuestas cuyos efectos se miden solo por el lado de los beneficios que ilusoriamente aparecen. La atracción desaparece tan pronto se va más allá de los efectos de primer orden de una medida que en el corto plazo afecta tan profundamente al funcionamiento económico y en especial a la población de nuestro país. La dirección del cambio solo debe ir por el lado de bajar el gasto público y darle más espacio al sector privado que es el que genera la riqueza del país.