GONZALO RAMÍREZ

Educación, libertad, igualdad

Hace unos meses, el Subsecretario del MEF señaló en una conferencia de prensa que "Uruguay es el país con la mejor distribución de riqueza de América Latina y que tiene un coeficiente de Gini de 0,382 puntos, dato que lo ubica como el país más igualitario de América Latina y el Caribe".

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Los cursos a distancia se potencian porque permiten generar igualdad de oportunidades. Archivo El País.

Sin dudas, es bueno que haya disminuido la brecha entre los más ricos y los más pobres, pero eso no necesariamente quiere decir que la gente viva mejor, ni que el país esté en mejores condiciones.

En este sentido, el Ec. Claudio Sapelli en una conferencia sobre la educación realizada en el año 2013, demostró que Uruguay es uno de los países con mayores niveles de desigualdad educativa del mundo. En la conferencia, presentó una gráfica en la que se compara la desigualdad por distribución del ingreso, en base al índice de Gini y la desigualdad educativa utilizando como indicador en este último caso, el resultado de las pruebas PISA. La conclusión es lapidaria, ya que nuestro país, si bien tiene una baja desigualdad medida en relación al ingreso, tiene la desigualdad educativa más alta del mundo. Explica Sapelli que esa desigualdad educativa se evidencia —entre otros indicadores— por los niveles de egreso de la educación secundaria. Afirma que en la generación nacida en 1988 el porcentaje que completó secundaria en Chile es del 80% y en Uruguay solo del 30%, lo que coloca a Uruguay a la par de los países más pobres de América Latina.

A similar conclusión se llega en base a números manejados por el Sociólogo Fernando Filgueira, quien señala que solo el 31,77% de los jóvenes uruguayos de 20 a 24 años tenían terminado el bachillerato entre los años 2006 y 2007 y apenas el 6% de los que culminaron bachillerato pertenecían a sectores pobres. El ex Subsecretario de Educación, mencionó que el desempeño en la tasa de egreso de secundaria es de los peores de la región, sólo superando a Guatemala, Nicaragua y Honduras. Esto demuestra, que la mayor equidad en la distribución del ingreso si bien es un logro importante, no es más que un indicador relativo, y que el hecho de que la diferencia entre el quintil más rico de la población y el más pobre haya bajado de 19 a 12 veces, no sirve de consuelo, especialmente para quienes se encuentran en la trampa de pobreza que significa la falta de una educación adecuada a los tiempos actuales.

Estos números sorprenden, en la medida que todos aprendimos en la escuela que gracias a José Pedro Varela, nuestro país tiene una de las tasas más altas de alfabetización del mundo. Pero, ese indicador que era una ventaja cualitativa significativa hace 50 años, no lo es en el siglo XXI. En este sentido, la Educación es esencial para que los individuos puedan gozar efectivamente de sus derechos fundamentales, entre ellos, la Igualdad y la Libertad. Los hombres pueden ser libres e iguales en derechos desde el punto de vista formal y no serlo, en cambio, desde el punto de vista sustancial o material. Una persona educada en Cuba o Venezuela puede tener cercenadas sus libertades políticas, su libertad de expresión y de pensamiento, así como su libertad de trabajo o comercio, pero alcanza con que esa persona migre o con que cambie el sistema político, para que recupere automáticamente el goce pleno de sus derechos fundamentales. En cambio, quien carece de educación nunca va a poder ser plenamente libre en el siglo XXI en ninguna parte del mundo y a eso apunta la obligatoriedad de la Educación consagrada en nuestra Constitución. Nuestras normas constitucionales y legales consagran el derecho a la Educación como un derecho humano fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades.

No caben dudas, que si apenas el 6% de los estudiantes que culminaron bachillerato en Uruguay pertenecían a sectores pobres, esa inequidad educativa seguramente se perpetúe en una inequidad socioeconómica. En el próximo artículo analizaremos las normas jurídicas que regulan el derecho a la Educación en nuestro país y cómo el Estado debe garantizar el acceso a la Educación en igualdad de oportunidades (artículo 18 de la Ley 18.437), no siendo suficiente con poner a disposición de los estudiantes el sistema educativo, sino que debe asegurar la inclusión de las personas de los sectores socioeconómicos más vulnerables. En ningún caso, la Educación de un menor de 18 años puede depender de la situación socioeconómica o cultural de su familia y por eso, el Estado debe garantizarle la efectiva oportunidad de instruirse.

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