Sobre el final del tratamiento de la RC 2015 en Diputados y, en medio de la "búsqueda de recursos" para la educación pública, surgió la propuesta de eliminar el beneficio tributario a las donaciones de empresas a las Universidades Privadas. Fue votada por la unanimidad del partido de gobierno más el representante Eduardo Rubio.

Al informarse los montos de "renuncia fiscal" involucrados, ínfimos, los promotores indicaron que la razón era ideológica, echando por tierra el supuesto propósito original. Es que las donaciones a Universidades privadas representan el 0.009% del total de erogaciones del Gobierno Central-BPS-BCU; como se lee, 9 pesos por cada 100.000 gastados y, el total de las donaciones bajo el régimen, incluyendo los centros de educación públicos de gestión pública y privada, así como otros beneficiarios, no alcanzan el 30 por 100 mil.

La cifra por sí sola muestra lo ridículo de la medida. Más aún cuando se lo compara con los beneficios potenciales.

Fue introducida originalmente hace muchos años, pero refería exclusivamente a Instituciones Públicas. Los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, con buen criterio ampliaron el ámbito de aplicación, manteniendo el mecanismo original. Las donaciones, a efectos de poder deducir parte de ella de impuestos, están doblemente limitadas.

Por un lado, su importe no puede sobrepasar un porcentaje —reducido—, de las utilidades totales de la empresa y, el receptor tiene un tope, monto absoluto, máximo establecido.

Es decir, no es posible que una empresa done el 100% de su utilidad y exonere ese monto, así como tampoco es posible que una institución independientemente del dinero que reciba, el Estado le otorgue al donante el crédito fiscal correspondiente.

La donación se hace para cubrir parte de servicios que de otra manera los soportaría el Estado de rentas generales. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿quién puede asegurar que los privados asignan esos recursos peor que el Estado? Con rendiciones de cuenta completas y control de parte de los donantes de los resultados reales —como he visto en algún caso—, la probabilidad de obtener un mejor resultado que bajo la asignación centralizada del Estado son muy grandes. En todo caso, se debe exigir estos extremos y la publicación de los estados contables a los receptores, pero no prohibirlo. Seguramente entre los donantes no primen los criterios políticos, que tampoco deberían estar presentes en el Estado, porque se trata es del uso eficiente de los dineros que siempre son de todos los ciudadanos.

Decir que las empresas no ponen casi nada, porque es el Estado quien resigna recursos es un argumento muy pobre ya que, si bien se puede descontar de impuestos el 82% del aporte, el restante 18% sale de su bolsillo. ¿Por qué, sin estar obligados, igual aportan si ya pagan impuestos de sobra? Algunos podrán decir que es caridad, otros, responsabilidad social y otros que quienes lo hacen buscan su propio beneficio de largo plazo porque si no hay formación de capital humano, nadie progresará en el país. De ser la última razón, de todas maneras sería por demás atendible. Muchas universidades del mundo reciben dinero de donaciones que las financian, en algunos casos para estudios específicos de interés de los aportantes. Si estos estudios resultan satisfactorios, terminan beneficiando a toda la sociedad por el progreso de conocimiento que trae consigo. Es común que el 100% del dinero aportado se permita deducir de impuestos, se premia el progreso y no una mezquina concepción cortoplacista que lo único que trae es atraso. Se puede decir que el retorno social de los recursos aplicados en donaciones a universidades, donde bastantes más personas piensan y a la vez aprenden, logrando un mejor producto final, dada la multiplicación del conocimiento, suele superar a otras aplicaciones.

Se argumenta que estas donaciones van en sentido opuesto a la redistribución del ingreso. Se sabe que estrictamente los recursos volcados en la universidad, es especial la UdelaR, ni ahora ni nunca fueron un gasto redistributivo, es más, la erogación pública más regresiva siempre fue la de la Universidad de la República, seguramente no menos que las pocas donaciones que reciben las universidades privadas, pero ello no es justificativo alguno. Las sociedades para prosperar necesitan de educación superior, la excelencia académica importa bastante más que una insignificante redistribución de recursos. Con ese criterio le quitamos un enorme porcentaje de los recursos que transferimos a la UdelaR y, entonces en pocos años veremos las consecuencias.

Los conocimientos generados se trasladan a la sociedad. Si Uruguay tuviera un programa de becas donde a los mejores 500 alumnos de cada generación concurrieran a las principales universidades del mundo, en 15 años seríamos otro país.

Esos mejores alumnos no necesariamente son de familias pobres, pero los beneficios de su conocimiento los usufructuaremos todos, el progreso se trasmite, la productividad de todos crece y, con ella, los ingresos de la totalidad de la población, no solamente de quienes tienen la dicha del conocimiento.

Es deber de los gobernantes pensar en el futuro y romper la "inconsistencia intertemporal de sus acciones". Los países que lo logran prosperan relativamente frente al resto. Medidas como la propuesta van en el sentido inverso al correcto.

ISAAC ALFIE