Opinión

El Índice Global de Emprendimiento identifica el ecosistema emprendedor en un país, contemplando la calidad del espíritu emprendedor y el apoyo que efectivamente se le presta a tales iniciativas. 

GUILLERMO DUTRA

Esta es información que siempre interesa a quienes bregamos en estas tierras por mayor compromiso y respeto hacia la cultura emprendedora.

Aplicado anualmente desde el Instituto Global de Emprendimiento y Desarrollo, este indicador permite construir un ranking internacional cuya última edición reconoce para esta región el liderazgo de Chile y ubica a Uruguay muy por detrás, en el segundo lugar.

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Ucudal, en reacción a este informe, concluyó: "es importante el análisis de estos datos ya que miran al país desde un enfoque emprendedor y dinámico, posicionándolo dentro de los mejores de América Latina pero, aún queda mucho por mejorar y aprender de otras economías, impulsando tanto las características individuales como institucionales del emprendedurismo".

Una disrupción parece estar surgiendo desde la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, con una iniciativa (Promoción de Emprendimientos) que podría permitirnos no sólo un salto cualitativo en el citado ranking, sino algo más importante: lograr más y mejores empresas para insertarnos en la nueva economía.

Asumiendo un imprescindible basamento de gobernanza digital, este proyecto incluiría en nuestro ordenamiento jurídico, dispositivos para estimular la cultura emprendedora y el acceso a capital de riesgo. Con visión estratégica, presta especial atención a las startups, al liderazgo empresarial de las mujeres (en un país que necesita hacer crecer su población económicamente activa) y las cadenas globales de valor. Este trampolín ayudaría a que, sin olvidar los déficit no menores que se arrastran, esta pequeña economía pueda diversificar su matriz productiva.

A manera de quiebre con los prejuiciosos del imaginario colectivo que hemos padecido los últimos años, reivindica al:

Emprendedor, como aquella persona física que busca generar valor a través del desarrollo de una nueva unidad económica formal en el territorio nacional, de forma creativa, ética y efectiva, asumiendo la responsabilidad y el riesgo que ello conlleva.

Emprendimiento, como aquella unidad productiva con fines de lucro desarrollada por una persona jurídica en el país, resultado de una manera de pensar, analizar y actuar, planteadas con visión global y gestión con riesgo calculado.

Proceso emprendedor, como aquel que nace desde la identificación de la oportunidad de negocio hasta los 36 meses de constituida la empresa, siempre y cuando no se trate de continuar o ampliar una actividad preexistente.

A su vez, propone la transformación radical de muchas de las estructuras vigentes, a fin de ponerlas a tono con el siglo XXI, pero por sobre todo, para generar las certezas que los potenciales empresarios necesitan para adoptar sus decisiones.

La propuesta focaliza su anclaje en:

Fomentar la cultura emprendedora desde la educación en todos sus niveles, incluida la formación docente. Las currículas de aquí en más deberán abarcar contenidos vinculados a la creación y gestión de emprendimientos, con la finalidad de motivar este perfil en los estudiantes y dotarlos de herramientas para crear, gestionar y dirigir empresas.

La aplicación de estímulos fiscales para beneficiar a los titulares de un proyecto emprendedor, así como a las entidades que gestionen centros de emprendimiento o incubadoras de empresas y fondos de capital semilla, entre otras modalidades.

Instituir una nueva figura asociativa comercial: las Sociedades con Acciones Simplificadas. Éstas podrán ser constituidas electrónicamente, obtener mediante firma digital su RUT en 24 horas y acreditar su domicilio dentro de los 12 meses siguientes.

Habilitar sistemas de financiamiento colectivo (crowdfunding) para facilitar acceso al capital emprendedor a través de plataformas informáticas autorizadas por el Banco Central del Uruguay. Dichas plataformas pondrían en contacto personas físicas y/o jurídicas que actuarían como inversores, a cambio de un rendimiento dinerario, con aquellas otras que necesitan financiar un proyecto propio.

Sin perjuicio que estas ideas están ya exitosamente validadas dentro y fuera de la región, para Uruguay el planteo resulta disruptivo, además por su carácter inclusivo: principalmente se beneficiarán jóvenes y mujeres; incipientes emprendedores carentes de crédito y pequeños ahorristas.

Dando por hecho el —mayor o menor— respaldo que seguramente darán las instituciones públicas y privadas que conforman el ecosistema digital, no podemos dejar de preguntarnos: ¿qué apertura tendrá la ANEP para entender y desarrollar lo que aquí se les encomienda? ¿Podrá el BCU asumir con flexibilidad el rol de superintendencia que esta propuesta le demanda?

Y por último, en un contexto gubernamental que acumulativamente ha venido confundiendo aspiraciones, burocracia y resultados, ¿la Comisión de Emprendedurismo como entidad rectora para la aplicación de esta ley, y que funcionaría en la órbita de la ANDE, será instrumental al sector privado o terminará siendo una estructura más que se suma a la telaraña institucional que ha sabido tejer el partido de gobierno?