La disputa entre las gremiales rurales y algunos intendentes pone en evidencia una discusión que es el papel propio de las intendencias, al menos en la gestión de los temas productivos que aparentemente le competen. No es por tanto esta polémica sobre un tributo en particular la que importa sino quizás aprovechar la ocasión para algo más.

Sobre esta situación que se ha generado con el fin de una rebaja debida al gobierno de Jorge Batlle, cabe señalar que al menos su oportunidad es manifiestamente inapropiada. O que, dicho de otra forma, el reclamo de los intendentes, dado el contexto del sector es el menos adecuado. En efecto, no solo los precios de todos los rubros experimentan una baja importante, sino que los costos, empezando por el costo país, desbordan la situación de muchos productores. Por tanto, hablar de elevar impuestos en un contexto como el actual, después de la reaparición del Impuesto al Patrimonio y de Primaria, parece una desconsideración para con el momento actual de la producción, así como una fuente inútil de conflictos.

Tampoco es razonable plantear la situación como si al faltar US$ 15 millones no se van a poder hacer caminos, como sugiere el intendente de Cerro Largo. En tanto, no es claro que los intendentes sean necesariamente los mejores ejecutores de obra pública; algunos sí, otros no.

Trabajando con las rendiciones de cuentas de las intendencias del interior entre 2000 y 2012, aparecen realidades interesantes. Una primera es que los ingresos de éstas se han incrementado casi 26% por encima de la inflación, una cifra nada despreciable. Por otra parte el total de ingresos de esas intendencias para 2012 fue cerca de US$ 950 millones, una cifra para comparar con los US$ 15 millones más que se pretenden recaudar, o con los US$ 344 millones de transferencias del gobierno central para ese mismo año. Las transferencias del gobierno se han multiplicado por dos veces y media desde 2000 en pesos constantes, pasando de representar en promedio el 15% de los ingresos totales de las intendencias, a representar el 30%. En lo que refiere a los gastos, es ilustrativo comparar el porcentaje que suponen los servicios personales en los egresos de cada intendencia en 2012. Las cifras tienen una dispersión enorme entre San José o Rivera con el 35% y 37%, o Lavalleja con el 70%. Entre el 44% y el 60% están la mayoría, y por encima del 60% están Río Negro, Paysandú, Salto y Lavalleja.

Tomando globalmente la magnitud de la recaudación total, la de las transferencias del gobierno, la del porcentaje de los egresos que se va en sueldos, y el total recaudado de la propia contribución inmobiliaria en ese año 2012 —unos US$ 66 millones— no se puede afirmar razonablemente que a falta de US$ 15 millones no se puedan reparar los caminos; más bien ese déficit parece conectarse con temas de gestión. Y estoy seguro que la fracción de ese aumento que le tocaría a cada intendencia, supone poco en términos de sus ingresos o egresos totales; y que por tanto si no hay plata para caminería habrá que analizar la gestión completa de cada municipio y no la recaudación de este impuesto. Finalmente, hay que mencionar que la mayor recaudación en pesos constantes de todas las intendencias del interior entre 2000 y 2012 es muy superior al aumento del Producto Pecuario en pesos constantes (11,5%), justo la actividad que más pagaría esa suba. Y que ese aumento se parece al del producto de todo el sector para el mismo período que fue 29,01%.

Algunos entienden por descentralización el solo hecho de cambiar de circunscripción estatal: lo que antes hacía el gobierno central, ahora lo haría la intendencia. Otros entendemos que descentralizar es devolver acciones que el Estado ejerce en nombre de la sociedad, a los ciudadanos.

Los intendentes suelen evaluar una buena o mala gestión en función de cuántas obras han hecho: escuelas, comedores, policlínicas. Descentralizar en cambio supondría asumir el desafío no de hacer sino de estimular a los particulares a hacer, por sí o a través de sus organizaciones. Y esto es lo difícil de encontrar: intendentes que se resuelvan a hacer menos, cobrar menos, pedir menos, pero para lograr mucho más, estimulando el esfuerzo de los particulares. Que haya en efecto más escuelas, pero administradas por padres, mas policlínicas barriales, pero gestionadas por vecinos organizados en mutualistas, o más comedores, pero gestionados por instituciones de bien público.

El principio de subsidiariedad, que no otra cosa es la descentralización, implica que el Estado debe ejecutar una labor cuando advierte dificultades de los particulares. E implica además la responsabilidad de promover y ayudar a esas instituciones intermedias —la primera de todas la familia— para que puedan resolver sus asuntos dejando lo que no se puede al Estado, primero en su circunscripción local, luego regional, finalmente nacional.

En este contexto de discusiones podría debatirse la generación de más —o menos— recursos para las intendencias.

Julio Preve Folle