OPINIÓN

DGI: puede permanecer callado

Si bien el Fisco es un acreedor especial por el destino público de los fondos recaudados, eso no puede hacernos perder de vista que la relación jurídica con los contribuyentes es una relación obligacional de naturaleza pecuniaria, como la que existe entre cualquier acreedor y deudor.

DGI estima que la estafa alcanza como mínimo los $ 78 millones. Foto:      F. Ponzetto
Foto: Archivo El País.

Y en ese marco jurídico, el Estado como cualquier acreedor, debe actuar en un pie de igualdad frente al presunto obligado, sujetando su actuación al ordenamiento jurídico, sin que exista una relación de poder o supremacía de uno sobre el otro.

Esto es parcialmente así, porque la DGI tiene facultades inspectivas para la determinación o cuantificación de los tributos adeudados por los contribuyentes. Además, en los últimos años se le ha otorgado a la DGI el derecho a acceder a un cúmulo importante de información relativa a los contribuyentes, que en otra época era reservada o secreta, lo que le permite hacer cruzamientos de datos y realizar expediciones de pesca, antes de que exista un procedimiento inspectivo respecto de un sujeto en particular.

Recientemente, el TCA ha puesto un importante freno a la DGI, al dictar la sentencia N° 1067/2017, que anula un procedimiento administrativo en el cual se habían determinados tributos y multas por defraudación, en base a una actuación inspectiva en la cual se violaron las garantías del debido proceso.

En esencia, la DGI había determinado que un contribuyente incurrió en la infracción de defraudación tributaria, mediante un procedimiento inspectivo, en el cual se obtuvo la declaración del contribuyente sin que los funcionarios le hicieran saber en forma previa a su primera declaración que tenía derecho a guardar silencio, a no brindar información que pudiera incriminarlo y a estar asistido desde el inicio por un abogado. Esta advertencia que habitualmente vemos en las películas policiales, cuando al detenido se le "leen sus derechos", se conocen como las "Advertencias Miranda", y tienen por cometido respetar el derecho constitucional de toda persona a no auto-incriminarse. En la medida que la DGI determinó que existió defraudación tributaria y cuantificó los tributos y las multas reclamadas en base a un procedimiento administrativo en el cual se obtuvo una primera declaración del contribuyente, sin "leerle sus derechos", el TCA anuló el acto administrativo. Es importante destacar que el TCA consideró que no solo la primera declaración o confesión del contribuyente estuvo viciada y no podía ser tenida en cuenta como prueba por la Administración, sino también, "todas aquellas derivadas que, aunque hayan sido obtenidas lícitamente, tienen su origen en la información o datos obtenidos como consecuencia de la actuación ilícita inicial."

La sentencia es concluyente cuando afirma: "La necesidad —sumamente atendible— de colectar elementos de prueba por parte del Fisco no lo habilita, indiscriminadamente, a obtener la confesión o reconocimiento de determinados hechos de parte de los particulares, sin la más mínima formalidad y por contrapartida, proyectar consecuencias indudables sobre las esferas de los sujetos pasivos. Esa declaración espontánea del sujeto pasivo debe obtenerse en estricto cumplimiento de determinadas reglas de Derecho, ya que, además, el proceder de buena fe del Fisco, se estima, no permite que el Estado compulsivamente actúe sin el más mínimo recelo para dar satisfacción al interés general que, huelga decir, también es el puntilloso aprecio por el cumplimiento de las garantías como lo es el derecho subjetivo a no autoincriminarse. Como todo sujeto, objeto de un procedimiento con eventual contenido represivo, el contribuyente o responsable tiene un deber de colaboración que no implica, sin más, facilitar en todo momento y circunstancia la fiscalización si ello importa asumir un comportamiento infraccional".

Esta sentencia seguramente tenga un fuerte impacto en las futuras actuaciones inspectivas, al marcar un parámetro de conducta para los funcionarios de la DGI, que en el afán de cumplir con su cometido, muchas veces ignoraron este derecho. También debería ser una señal clara para poner fin a otras situaciones que se verifican en el curso de algunas inspecciones. Como es sabido, la DGI tiene facultades para inspeccionar a los contribuyentes por el plazo máximo de prescripción de los tributos, que son cinco o diez años según como haya sido la conducta del contribuyente.

Sin embargo, es habitual que las inspecciones se realicen por períodos de 3 años hacia atrás, pero los inspectores están habilitados a extender el periodo inspeccionado por los plazos máximos de prescripción, lo que siempre juega como un elemento de presión tácita para que el contribuyente reconozca adeudos que generalmente son técnicamente discutibles. Si a ello le sumamos que la DGI tiene facultades para llegar a un acuerdo con los contribuyentes, la situación de éstos para discutir firmemente con los funcionarios frente a una inspección es bastante endeble.

Esta sentencia del TCA viene a poner las cosas en su lugar, al regular adecuadamente la relación entre un supuesto acreedor y un supuesto deudor en ocasión de una inspección fiscal. Incluso, facilita el rol de los abogados y contadores que asesoran a sus clientes en el curso de una inspección, pudiendo señalarles a los funcionarios actuantes que las facultades que invoca la DGI al inspeccionar una empresa en base a los arts. 68 y 70 del Código Tributario, deben ser interpretadas a la luz del derecho constitucional a la no autoincriminación. Como dice contundentemente la sentencia: "Se insiste, el sujeto pasivo no está obligado a decir la verdad o reconocer pormenores de su actividad con trascendencia tributaria que puedan merecer el reproche sancionatorio del órgano público". Parece quedar claro, que el contribuyente no está obligado a permitir el acceso indiscriminado de los inspectores a todos las computadoras, muebles y biblioratos de la empresa, limitándose dicha obligación, solamente a aquella documentación a que refiere el literal A) del art. 68 del C.T.s

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