Opinión

Desafíos de la herencia macro

En los albores del cierre de gestión de la administración actual, ya están delineadas tres asignaturas pendientes que deberá resolver el próximo gobierno: seguridad, educación e inserción internacional.

En horas pico hay 120 policías patrullando el barrio. Foto: F. Ponzetto
Foto: archivo El País.

A lo cual se le agrega una cuarta que es la transición hacia una macroeconomía sustentable en el tiempo, entendiendo por ello un déficit fiscal que no requiera aumentos del endeudamiento neto para financiarse.

A pesar de los esfuerzos del gobierno vía aumentos impositivos solapados, tarifas públicas elevadas e inversión pública insuficiente, la realidad muestra que la brecha fiscal y el endeudamiento neto crecieron sin pausa, hecho insostenible en el tiempo.

La rendición de cuentas en vías de aprobación es la continuación del mismo derrotero, pues el gasto aumenta y los recursos para financiarlo declinan por obra de la contracción del ciclo económico.

Un quinquenio atrás advertíamos de llegar al escenario donde nos encontramos, pues la proyecciones estaban fundadas con supuestos optimistas, en particular la referida al crecimiento económico, ciertas características de crecimiento endógeno del gasto explicado por la reforma del sistema de salud, la seguridad social, aumento del empleo público y al deterioro de la situación regional.

Ante la situación, hay quienes en el Ejecutivo dicen que unas décimas más de déficit no es relevante pues resuelven urgencias sociales impostergables. En tanto, el Ministerio de Economía solicita cautela ante los embates por expandir el gasto, a lo que agrega una vez más proyecciones de consolidación fiscal reñidas con la realidad imperante. Añade también que la situación de liquidez del gobierno es muy cómoda para enfrentar eventuales adversidades, dada la alta disponibilidad de reservas del BCU y del Gobierno Central. Aquí corresponde hacer algunas precisiones para entender de qué se trata. Las reservas del BCU, netas de encajes bancarios, tienen como contrapartida los pasivos de la institución consistentes en su mayoría por el circulante (emisión monetaria), el endeudamiento en letras de regulación y, como uso alternativo en situaciones extremas, la capacidad de actuar como prestamista de última instancia ante dificultades de liquidez del sistema bancario, principalmente los bancos públicos. Pero por ley, tiene prohibido financiar al gobierno, salvo en un porcentaje menor por razones coyunturales de falta de caja.

La liquidez disponible del gobierno, acumulada con más endeudamiento, equivale a un seguro ante la eventualidad de un corte abrupto en el financiamiento externo. Al respecto, conviene recordar que el resultado fiscal antes de pagar intereses (resultado primario) no alcanza para cubrir el pago de los intereses. En buen romance implica que se recurre a más endeudamiento para cubrirlos. En consecuencia, las reservas son seguros contra accidentes pero que no resuelven el tema de fondo: un resultado fiscal que deviene en endeudamiento neto creciente.

Con esto no hay apología a una situación de crisis económica inminente, sino advertir sobre el drenaje de la capacidad de crecimiento y el agregado de vulnerabilidades. En la década de los 80 el peso excesivo del endeudamiento (burden of the debt) se lo consideró una de las causales del pobre desempeño de América Latina, pues su servicio detraía recursos que podían ser destinados a la inversión. Ello derivó en efectos que nadie desea repetir.

A esta altura, es lícito preguntarse cuál sería el nivel de déficit fiscal para lograr la consolidación macroeconómica y los medios para lograrlo. Responderlo será el desafío del equipo económico del nuevo gobierno.

Para tener un orden de magnitud, las matemáticas de la macroeconomía dicen que la economía creciendo a su potencial del 3% puede sostener un déficit fiscal del 2,5% del PIB que estabiliza la relación deuda/producto y logra revertir su deterioro.

Aceptándolo como referencia, estamos hablando de achicar una brecha fiscal del 1,5% del PIB, equivalente a casi 1000 millones de dólares anuales.

La administración actual intentó inicialmente ese objetivo aplicando ajustes fiscales y tarifarios que fueron insuficientes para luego, forzado por los hechos, modificar metas y plazos que al final trasladaron el desafío hacia la mesa del equipo económico del nuevo gobierno.

Al respecto corresponden varias consideraciones. La primera es que resolverlo no se trata de un tema ideológico. Es una cuestión de responsabilidad ineludible, desnudado por lo que muestran las matemáticas macroeconómicas impermeables de cualquier ideología. Un quinquenio más con la misma tónica de deterioro fiscal conduce a vulnerabilidades que se deben evitar. Basta mirar al vecindario.

Obviamente que en el proceso de consolidación fiscal hay una dimensión social que hace al trámite más complejo. Buena parte del aumento del gasto se explica por remuneraciones, seguridad social y transferencias que más allá de su pertinencia estricta, nuestra sociedad las considera un derecho adquirido hecho piedra. El peso de las propuestas recaerá en corregir la gestión del sector público, tarea que lleva su tiempo detectarla y también en recoger sus efectos. El nuevo gobierno deberá balancear cual es la velocidad optima en reequilibrar las cuentas sin descartar ninguna opción, incluyendo la impositiva, atendiendo al mismo tiempo las demandas pendientes en seguridad, educación e inversión. Sin dudas, un desafío enorme donde la política en su dimensión más amplia deberá conjugarse en mayúscula para lograr los grandes consensos sociales necesarios.

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