OPINIÓN

Los desafíos del desempleo

La debilidad para generar empleo genuino y de alta calidad, se ha consolidando como una característica estructural del Uruguay. Esa realidad, a pesar que el país tuvo una década y media de crecimiento esplendoroso, lo que significa una de sus bonanzas más prolongadas.

En enero hubo 28.837 personas desocupadas más que el mes previo. Foto: D. Borrelli
Foto: D. Borrelli

Los indicadores muestran que el desempleo porfiadamente se ubica en guarismos elevados, superiores al 8%, lo cual va convergiendo hacia los promedios históricos pertenecientes a periodos de crecimiento económico promedio mucho más bajos. Ello es consecuencia principal de la destrucción de más de 35.000 plazas laborales en los sectores económicos más dinámicos.

A ello se le debe agregar que el nivel alto de desocupación se genera a pesar del aumento del empleo público en más de 60.000 puestos de trabajo en los años recientes. En definitiva, el sector público es el generador de empleo de última instancia que amortigua la caída del empleo por parte del sector privado. Además, es fácilmente constatable que, en gran proporción, es empleo de baja productividad por más que se lo quiera justificar como imprescindible para cubrir necesidades sociales básicas como seguridad, educación y cuidados a sectores vulnerables. Lo cierto es que no responde a una estrategia de racionalización de la gestión del sector público, eliminando ineficiencias y supliendo carencias, sino que es el producto de la agregación simple de nuevas actividades que por definición siempre requiere más contrataciones laborales.

Con esto se confirma una dinámica cuyo resultado es la hipertrofia creciente del sector público, hecho que se intentó revertir en nuestra historia reciente con alguna reforma del sector público, pero que a partir de 2005 comenzó el afloje que condujo al engrosamiento del tamaño del empleo en el Estado, que lo ubica en la delantera de la comparación continental. Es una forma a la uruguaya de resolver las carencias de la demanda de trabajo. Los incentivos para el ciudadano medio escasamente entrenado para acceder a un puesto laboral de calidad en el sector privado, son enormes. Es que el acceso al empleo público equivale a recibir una suerte de renta vitalicia traducida en la inamovilidad del cargo público, más la certeza de recibir una jubilación a una edad relativamente temprana. Eso trasvasa fronteras ideológicas y políticas, pues está integrado ya en la genética de nuestra sociedad. Sin embargo, no implica dejar de reconocerlo como un problema que distorsiona por diferentes vías el comportamiento del mercado laboral.

Es comprensible que no se trata de un tema fácil de resolver, por su multiplicidad de causales y porque además por detrás de un puesto laboral hay una necesidad humana a resolver. Además, de yapa, despierta el apuntalamiento del clientelismo electoral del cual en grados diferentes casi nadie estuvo libre de utilizarlo. Pero los indicadores actuales muestran que ese proceso se vino profundizando a pesar de las justificaciones esgrimidas para crearlo.

Esa realidad condiciona la creación de empleo genuino en el sector privado.

En primer lugar, descarga una presión fiscal adicional inflexible que erosiona la capacidad de crecimiento económico y por ende de la demanda de trabajo. Por normas legales, cada puesto laboral en el sector público va haciendo cada vez más rígido al gasto público, y por ende las necesidades de recaudación para financiarlo.

Segundo, genera un mercado laboral cojo, pues descarga sobre los trabajadores del sector privado todo el peso de los ajustes necesarios resultantes del ciclo económico. Esto se explica porque sus aspiraciones salariales quedan topeadas por la rentabilidad neta de impuestos de las empresas, porque la demanda laboral cae por la contracción del giro de los negocios o son sustituidos por máquinas. En pocas palabras, la desocupación y el subempelo recae sobre los trabajadores que no acceden a un empleo público.

Finalmente se agregan las rigideces que aporta la gestión macroeconómica al mercado laboral. En una fase de atraso cambiario, la componente salarial se convierte en una componente estratégica de los costos empresariales, en particular de los sectores de bienes transables. Y más importante aún, cuando en nuestro país es en ese sector donde reposan los sectores más dinámicos.

Para éstos, la regla óptima sería negociar pautas salariales usando otro indicador que no fuera la inflación doméstica, pues traducida a dólares contrae notablemente sus márgenes de rentabilidad, lo cual a su vez es inaceptable para el trabajador ya que su poder adquisitivo está referido a los precios domésticos, y con toda razón lo menos que pretende es protegerlo.

Con este panorama, no es de extrañar que la demanda laboral caiga en los sectores productivos más dinámicos y que también lo haga el número de personas que buscan trabajo por lo estéril del esfuerzo, todo lo cual conlleva a un escenario nuevo en el cual una economía que viene creciendo ininterrumpidamente, converja hacia un equilibrio que destruye trabajo de calidad..

Esto explicita un desafío que siempre estuvo latente, y que hoy ocupa uno de los primeros planos, dados sus visos de continuidad y lo complejo de sus soluciones. El gobierno parece haber tomado nota, privilegiando mantener el empleo en las próximas rondas salariales. Pero revertir el desempleo actual requiere mucho más que el afinamiento de pautas salariales. Se trata de ejecutar reformas sustanciales, sabidas pero tantas veces anunciadas como frustradas.

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