OPINIÓN

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Lo antedicho implica que, junto al desafío de mejorar las cuentas públicas de su curso actual conducente al aumento del endeudamiento y la carga fiscal, se agrega la necesidad de revivir la inversión, sin la cual no se revertirá el bajo crecimiento que deteriora los ingresos fiscales, impide bajar la desocupación y deteriora los ingresos que recibe la población.

La inversión actual como porcentaje del PIB cayó casi 29% desde 2014, siendo hoy similar a la del 2007 (16%). Y en ese escenario, el desplome de la inversión directa extranjera, que una década atrás llegaba al 5% del PIB y hoy es nula, ha sido uno de sus aspectos más relevantes.

Esto muestra varias realidades. Primero, la economía se encuentra reptando en un escenario de bajo crecimiento con alta inflación, hecho que le señala a la futura administración un doble desafío: por un lado, incentivar el crecimiento en un escenario de disminución de su déficit fiscal y por otro generar condiciones para fortalecer la rentabilidad empresarial, junto a recrear un entorno que promueva el desarrollo de nuevas fuentes de crecimiento demandantes de inversión.

El deterioro de la rentabilidad empresarial tiene varias explicaciones. Una de ellas es la elevada carga fiscal comparada con la realidad en otras latitudes, o sea con competidores directos. Las rigideces del mercado laboral también aportan en ese sentido. Pero como hecho positivo, la actividad empresarial opera en un ámbito donde no existen los riesgos presentes en otros lugares como las expropiaciones, controles de precios, dificultades para repatriar utilidades o violaciones a la ley. Hecho confirmado por la fluidez en la colocación de la deuda pública en los mercados globales con niveles de riesgo país muy bajos.

En un momento de precios internacionales que aún permanecen por encima de sus promedios históricos, el deterioro del crecimiento confirma que la rentabilidad esperada de la inversión se ha erosionado por causas que han sido propias. Máxime cuando ésta compite con la inversión de activos del gobierno de riesgo similar y con rentabilidad asegurada por el prestigio del emisor.

Resolver esta limitación implica actuar sobre varios temas ya sabidos por reiterados. Desde el pique, corresponde reconocer que a lo largo de su historia nuestra sociedad optó por un Estado proveedor de un espectro amplio de actividades que traspasan las tradicionales, como son la seguridad, la educación o la salud. En esta visión figuran las de índole productiva y servicios encarnados en las empresas públicas, para culminar con un sistema de seguridad social de vasta cobertura. Por esto, todo exceso o desperdicio en su gestión, incluido el empleo público desmedido, se traduce en un costo que soporta el sector privado que genera una pérdida social mayor, al restarle capacidad de expansión al sector con productividad más alta de la economía. En otras palabras, el costo social es mayor que el de la carga fiscal aplicada al sector productivo. Por tanto, la modernización de la gestión pública en todos sus ámbitos es una tarea ineludible. Implica la disminución del desperdicio, la búsqueda de sinergias consolidando duplicaciones dentro de la administración y la puesta a punto de los marcos regulatorios de las empresas públicas para forzarlas a operar como entidades en régimen de competencia.

La reforma de la seguridad social también opera sobre la rentabilidad empresarial futura, pues de su buen diseño y trayectoria depende la carga impositiva esperada. Como ejemplo de su importancia, vale recordar que empresas emblemáticas del mundo desarrollado se vieron forzadas a entrar en concordato (chapter 11) y otras a la quiebra (Pan Am) por la insostenibilidad de sus sistemas de retiro. En estos casos operó la misma lógica, aunque a escala diferente.

Otra limitante es que, en lo que va del siglo, nuestra matriz productiva no presenta cambios significativos, salvo el ejemplo notable del desarrollo de la industria del software, de la agricultura de secano por transferencia tecnológica recibida desde el exterior al impulso de precios extraordinarios y la silvicultura por políticas de Estado de décadas. Más aun, puede decirse que hay rubros que retroceden o tienen crecimiento nimio como el arroz o la lechería, sobre los cuales hay convicción sobre su capacidad de competencia.

Aquí hay varios aspectos a resolver, que van desde las restricciones que impone el Estado de modos diversos, hasta preguntarnos si las cadenas industriales, de transporte, logística y servicios privados están operando con regulaciones adecuadas que faciliten la competencia y que eviten el ejercicio de prácticas monopólicas, que generalmente desestimulan la inversión y el cambio tecnológico. Eso impide la aparición de nuevas empresas, sobre todo las más innovadoras, pues a éstas les implica primero superar una barrera de entrada alta por certificaciones y burocracia excesiva y luego sobrevivir en mercados donde la rentabilidad se erosiona por la falta de competencia que favorece a las empresas ya instaladas. En definitiva, hay entramados regulatorios inadecuados tanto en el ámbito público como privado, que deben ser modificados.
Las premuras por resolver los temas fiscales han relegado modernizar los temas regulatorios en lo público y lo privado, que faciliten la creación de nuevas empresas y generen mercados abiertos operando en competencia. Regulaciones inadecuadas promueven prácticas monopólicas que aumentan el costo operativo de todo el sistema y generan pérdidas sociales ocultas de envergadura.

La Ley de Urgencia trata de resolver algunos de estas limitaciones, lo cual es bienvenido y necesario. Pero mucho más lo es haber puesto sobre el tapete un tema que no se agota en la aprobación de normas al respecto, sino que traza un nuevo camino que se debe transitar sin pausa. De ello se nutre el fortalecimiento de la rentabilidad empresarial, el consiguiente aumento de la inversión y el bienestar ciudadano.