Francisco Rosende - Economista - Chile

Tiempo de definiciones

Mientras la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), controlada por el Partido Comunista, acompañada por los sectores más radicalizados de la coalición de gobierno, promueven la pronta aprobación de una reforma laboral que eleva considerablemente el poder de los sindicatos en las negociaciones con la empresas, el Ministro de Hacienda lleva a cabo una intensa agenda de reuniones con los parlamentarios oficialistas con el propósito de advertir las restricciones al crecimiento del gasto fiscal que plantea un escenario marcado por la fuerte caída del precio del cobre y en la tasa de crecimiento de la actividad.

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Central Unitaria de Trabajadores

Ello, no obstante la importante alza de impuestos que se introdujo el año pasado, la que se encuentra en ejecución.

Una de las primeras consecuencias de una enorme cantidad de compromisos de gasto público asumidos por la actual administración —que llevó a un crecimiento de esta variable a una tasa próxima a 10% durante el presente año— es la dificultad que está encontrando el gobierno para financiar una agresiva reforma educacional, la que tiene como ingredientes esenciales el otorgamiento de gratuidad para educación universitaria y el aumento de la participación de la educación pública en la educación escolar. Esto último implica llevar a cabo un programa de compras de muchos colegios privados.

Más allá de la desprolijidad con la que llevó a cabo la reforma tributaria —aspecto que ha reconocido el propio Ministro de Hacienda— la poca claridad y coherencia de la reforma educacional y la amenaza al funcionamiento de la economía y la estabilidad social de la reforma laboral en discusión, cada día resulta más evidente para la opinión pública en Chile como una estrategia de política económica sustentada fuertemente en consideraciones ideológicas, que soslaya las lecciones que entregan tanto la Teoría Económica como la experiencia de numerosos países, está afectando sus perspectivas de progreso. Esta percepción queda claramente de manifiesto en las encuestas de opinión pública, las que muestran un amplio rechazo al gobierno y a las reformas emblemáticas de éste.

El profundo impacto que han provocado las políticas que se están implementando en los planes de inversión de las empresas y las decisiones de emprendimiento era esperable, a la luz de sencillos razonamientos económicos. En este momento la mirada —esencialmente de las autoridades— está puesta en lo que puedan hacer la política monetaria y la fiscal en términos de impulsar la demanda agregada, la actividad y el empleo. No obstante, es evidente que la debilidad del dinamismo que observa actualmente la economía chilena va mucho más allá de un problema de demanda agregada. Más aún, perseverar en esta dirección solo puede acarrear más problemas, en tanto se eleva el déficit fiscal —que se estima alcanzará este año a una cifra entre un 3 y un 3,5% del PIB— mientras que la inflación se proyecta para este año en torno a 5%, no obstante que el rango meta del Banco Central está entre 2 y 4%.

En marzo próximo el actual gobierno cumple la mitad de su mandato y poco después de ello se inicia el ciclo electoral. Primero con elecciones municipales en octubre y posteriormente, el año 2017, con elecciones parlamentarias y presidenciales. El bajo nivel de popularidad del gobierno y también de los partidos de oposición, plantea importantes dudas con respecto a la forma en que se planteará la agenda política. Para la propia coalición de gobierno se avecina un período de definiciones complejas, puesto que mientras algunos sectores, más moderados, quisieran retornar sobre la agenda de la Concertación que prevaleció hasta el año 2013, sin el Partido Comunista, otros quisieran radicalizar las reformas hasta llevarlas a un "punto de no retorno" al modelo de economía de mercado. Esta tensión se ha hecho cada vez más visible en la discusión política cotidiana y tiene en la actualidad uno de sus signos más claros en el debate del proyecto de reforma laboral antes comentado.

En efecto, para muchos economistas de la coalición de gobierno, más identificados a lo que fue la antigua Concertación, dicha reforma provocará daños considerables y difícilmente reversibles, en el ambiente económico y social en Chile. Para los líderes sindicales de la CUT y algunos políticos de izquierda, este es un compromiso de campaña y sus consecuencias económicas están siendo artificialmente exageradas.

Lo que ocurra con este proyecto —que se resolverá en pocos días— será un indicador importante de rumbo económico y político que seguirá Chile, tras varias décadas de progreso y estabilidad política. Mientras tanto, el esfuerzo de disciplina fiscal que lleva adelante el Ministro de Hacienda se enfrenta a intensas demandas de los trabajadores de diferentes reparticiones del sector público, los que a través de huelgas están ocasionando importantes costos e inconvenientes a la comunidad. Ceder a estas demandas podría permitir al gobierno conquistar un cierto período de tranquilidad, pero a costa de incubar importantes desequilibrios en una economía que por varias décadas se ha caracterizado por una disciplinada conducción de su política económica. Sin duda, Chile está en una etapa de definiciones críticas.

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