JULIO PREVE FOLLE

Una debilidad congénita

El agro está en problemas. No me refiero solamente a la cantidad de rubros que enfrentan dificultades; me quiero detener hoy en un modo de ejercer el gobierno que puede suponer crecientes problemas para el sector, más acá o más allá de lo que sus mercados relevantes supongan.

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Las opciones de ahorro se han ampliado en los últimos años. Foto: Shutterstock

He desarrollado en otras ocasiones un punto de vista que propone no mirar las dificultades de tantos rubros como un problema circunstancial. En efecto, los principales rubros ostentan precios que no son desconocidos en absoluto, y a partir de ellos en otros países la producción crece. Por ejemplo 3.500 dólares para la carne, 9 dólares por bolsa de arroz, 2.900 para la leche en polvo, 360 para la soja, no son ni por asomo precios que no se conocieran en el pasado. Y con ellos otros países como Argentina, Brasil, Paraguay o Estados Unidos igualmente crecen, y Uruguay en estos rubros no. La producción de carne está más o menos igual que hace 10 años, la de arroz también, y la de leche cae significativamente. Señalé en esta línea hasta qué punto el tema son —dada una determinada productividad— los costos asociados a la gestión dispendiosa del gobierno, tales como el gasto público fuera de lógica —63 mil empleados públicos más en un total de 300 mil— el aumento consecuente de la presión fiscal vía impuestos o tarifas y, más tarde o más temprano, endeudamiento. A esto hay que sumarle muchas rigideces incorporadas que suponen "maneas de papel" aplicadas a un sector que la política suele creer infantil, al punto de obligarlo a hacer cosas en su beneficio, como por ejemplo la trazabilidad o los famosos planes de uso y manejo del suelo, ambas prácticas crecientemente objetadas.

Quien da más.

El problema básico está en una suerte de populismo que plantea objetivos de redistribución del ingreso que no se pueden compartir. En efecto, sacarle a los que tienen más para darle a los que tienen menos, tiene que reconocer ciertos límites: en primer lugar el de la justicia. En efecto, no es demostrable que quien posee menos, tiene derecho a los bienes de los que tienen más. No es así. Además, con toda esta zarabanda de lenguaje socialista, se va creando una sociedad en la que la gente vulnerable cree tener derecho a que la asistan con los bienes de otros. Y esto, además de constituir un deterioro de una parte del cuerpo social que así difícilmente trabaje, pone en carrera a los diferentes candidatos según quién da más, en sentido estricto. Es grave sostener una causalidad de puro resentimiento, basada en creer que lo que uno tiene de más se lo sustrajo de alguna manera al que tiene de menos. Y si bien esto es genéricamente un error, más lo es cuando se cree que los vulnerables de nuestro país se vinculan con los favorecidos de este país y viceversa. En rigor y razonando por el absurdo, la suerte de los uruguayos menos favorecidos probablemente se vincule más con la de los agricultores franceses, o con la suerte de los Lehman Brothers, o de los votantes de Estados Unidos o Inglaterra, que con los contribuyentes uruguayos. Por tanto redistribuir en un ámbito nacional para resolver un problema mundial, es no solo un error sino una fuente de división entre uruguayos innecesaria. Hay otro punto importante: es la confusión de suponer que resulta moralmente superior determinar ayudas con plata de otro y desde el Estado, que a partir de la libertad individual. Me explico: no es más solidaria una sociedad si aumenta el IVA para ayudar a los ancianos, que otra con mucho menos impuestos y llena de organizaciones intermedias que ponen en práctica la solidaridad ejercida en libertad. En un caso se llega al populismo, en el otro a la mejora de la calidad de vida.

Bienes públicos.

Para ser todavía más preciso, en mi opinión no es función del gobierno dedicarse a redistribuir el ingreso. Es ineficaz y puede ser muy injusto, en tanto la causalidad de la vulnerabilidad no tiene por qué estar en los que tienen, y si esto fuera así, los verdaderos causantes no tienen ni siquiera por qué ser compatriotas, a lo mejor están en otro continente. El Estado, lejos de dedicarse a Robin Hood, debe extremarse en generar bienes públicos: ésta es su contribución al desarrollo, no necesariamente a la igualdad. La generación de bienes públicos como la educación, la seguridad, la infraestructura, estos son los objetivos que los gobiernos deberían priorizar para contribuir al bien común y a la promoción de los más débiles. En cambio las políticas distributivas, el proteccionismo, el aumento de empleados públicos, todo genera un fenomenal gasto público que hay que financiar con impuestos, tarifas, endeudamiento o emisión monetaria. Así, es duro que el país premie al partido político que trate de llegar al poder prometiendo la mayor redistribución posible, porque esto termina a corto plazo en una mayor carga tributaria sobre los sectores menos numerosos de la población para transferírsela a otros. Y en el largo plazo, en una sociedad confundida en sus valores y estancada en su desarrollo. Esta es la debilidad del título: los productores son pocos, sus empleados también, aunque buena parte de la riqueza deriva de lo que hacen.

Este gobierno no ha entendido a la producción, le ha aplicado trabas e impuestos que había prometido no poner, y desconfía de ella. Las cosas deberán cambiar aunque no será fácil, ya que se han introducido rigideces en el gasto, en los impuestos, en los mecanismos de protección. Alguien lo deberá encarar.

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