CARLOS STENERI

En estos días tuvimos la oportunidad de presenciar hechos que delinean el vigor actual del crecimiento del mundo desarrollado. También de constatar cómo en nuestro país vamos cercenando nuestro potencial de crecimiento por posturas inadecuadas.

En lo que va del 2018, grandes empresas han comenzado a fusionarse frenéticamente, aprovechando las buenas perspectivas que otean, la disponibilidad de crédito barato y la apreciación de sus acciones como facilitadoras de las adquisiciones. Hasta ahora, el acumulado es US$ 1,8 billones, equivalente a 30 veces el PIB de Uruguay. En Estados Unidos, como ejemplos relevantes recientes aparecen involucrados dos gigantes de las telecomunicaciones como TMobile y Sprint. A lo que se agrega, la tercera y quinta refinería de petróleo (Andeavor y Marathon Petroleum) cuya fusión las capacita para cubrir el 3% de la demanda mundial de refinados, incluyendo los de bajo contenido de azufre obligatorio a partir del 2020 en el transporte marítimo. También es inminente la fusión de las cadenas de tiendas y supermercados más importantes del Reino Unido (J. Sainburys y Asda) buscando fortalecerse frente al desafío creciente del comercio electrónico

En definitiva, se trata de cambios estructurales que buscan explicitar complementariedades que reduzcan costos mediante la optimización de los procesos de adquisición de insumos, el uso de la infraestructura existente y de su operativa, incluyendo la correspondiente a los recursos humanos. Con ello, potencian su capacidad de competencia y mejoran su participación en el mercado.

Estos procesos —que no son nuevos— están ligados intrínsecamente al vigor del capitalismo. Encuentran al Estado como custodio para evitar prácticas monopólicas, pero nunca como impedimento. En realidad, son parte de un proceso necesario que va regenerando a los sistemas productivos para hacerlos más eficientes, y por consiguiente mejorando el bienestar del consumidor. También la historia nos viene enseñando que los monopolios, cuando existen, tienen corta vida pues son arrasados por la potencia de nuevos participantes. Y eso es tanto a la escala de empresas como de naciones. Sólo basta pensar que hace apenas medio siglo EE.UU. y Europa eran prácticamente los únicos productores de bienes industriales sofisticados. Hoy Japón, China y su periferia le compiten en pie de igualdad a través de cadenas industriales nuevas, las cuales también están sujetas a reglas similares para prosperar en un mundo donde la competencia es la regla general. También se constata que los monopolios perduran cuando son amparados por normas legales que los amparan de la competencia. Y eso les permite extraerle al consumidor una renta monopólica, vía mayores precios, que luego es repartida entre sus accionistas y los trabajadores de la empresa. Es un tema de estudio clásico de la historia económica del siglo XX, donde la industria del acero en EE.UU. es uno de sus ejemplos más relevantes, hoy en dificultades frente a la irrupción de competidores externos.

Aunque las circunstancias en apariencia lucen diferentes, hay un sustrato común para reflexionar sobre lo que ocurre en el resto del mundo en materia de fusiones empresariales y los esfuerzos para reestructurar a Ancap. Estos enfrentan a la oposición de su gremio junto a la resignación de la población, y a cierta indiferencia del cuerpo político.

Para comenzar, en nuestras latitudes los procesos de fusión son la excepción y no la norma. Junto a los tradicionales monopolios públicos, las cadenas industriales han florecido al amparo de la protección los que les ha permitido instrumentar prácticas monopólicas en los mercados domésticos durante décadas. La irrupción de China forzó las puertas del encierro arancelario, demoliendo sistemas productivos ineficientes, desconcertando a los responsables de la política industrial y generando beneplácito en los consumidores. Una vez más vamos corriendo estos temas desde atrás, moviéndonos en un arco de opinión donde en uno de sus extremos la solución es más protección y en el otro mirar para el costado sin hacer nada. Revertirlo implica actuar sobre las políticas comerciales, los incentivos a la inversión y la educación de la mano de obra.

Otro aspecto es discernir el rol actual de nuestras empresas públicas, que fueron creadas para suplir necesidades de tiempos diferentes. Su permanencia se justifica si cumplen ese mismo rol adaptándose a las circunstancias de los tiempos nuevos, los que indican que deben ser vehículos de cambio tecnológico, apuntalar al sistema productivo y mejorar el bienestar social. Para ello, es necesario que compitan eliminado su carácter monopólico en todas las aéreas que sea posible. Es difícil aceptar el argumento que su estabilidad peligra cuando tiene al Estado como accionista y cuando se mira al Banco República y al Banco de Seguros operando bajo condiciones de competencia. También implica aceptar que puedan operar asociadas con empresas privadas.

A su vez, la opinión pública debe considerarlo como otro de los temas que integra las políticas de Estado, pasibles de acuerdos partidarios que apuntalen la gestión de los directorios.

Lo que tenemos hoy no puede seguir. Las tímidas reformas en Ancap en áreas accesorias como el portland, muestran a un directorio legitimado por ley que enfrenta en solitario a un sindicato que se ha desbordado en sus cometidos. De paso, la población queda rehén de una situación de la que en definitiva es responsable. Pues más allá de expresar cierta molestia, ahí se queda sin recoger el guante. Esto se llama debatir para un acuerdo nacional sobre el tema.