JAVIER DE HAEDO

En una entrevista publicada en este diario el domingo 5 de noviembre, Gabriel Oddone disparó que "el gobierno no tiene agenda, pero la oposición tampoco", lo que no ha de haber caído bien ni a tirios ni a troyanos.

Pero Oddone tiene razón en al menos una de las siguientes acepciones de "tener agenda": una, en el sentido literal, más obvio, significa que no tienen clara la lista de temas relevantes para nuestro futuro; otra, que aun teniendo tal lista, no tienen las propuestas como para encarar su contenido; y otra, que aun salvando las dos instancias anteriores, no tienen el coraje para encararla o no existe la base suficiente de apoyo en el sistema político, por estar éste plagado por demagogos y pusilánimes, tanto en el gobierno (donde se debaten contra retrógrados contrarios a toda reforma modernizadora) como en la oposición.

La agenda es bastante evidente. En mi caso particular, no hace mucho, el lunes 7 de agosto, la publiqué en esta hoja bajo el título "Nutrida agenda de pendientes", donde incluí: enseñanza pública, infraestructura, inserción internacional, la conducta fiscal con una regla que la apuntale, la salud del sistema previsional y la inclusión social. También expresaba la necesidad de que los políticos dejaran de hacerse eco de planteos de corporaciones que parecen haber pasado a dominar la redacción de la agenda en nuestra sociedad. Desde que escribí aquella columna, mucha agua pasó por debajo del puente y no hizo más que confirmar que nuestra dirigencia anda mal de reflejos.

Uno de los temas que se ha instalado sobre la mesa es la llamada "reforma del BROU", cuyas autoridades, razonablemente, quieren adaptar su estructura a una nueva realidad. Pregunto al lector, ¿cuántas veces visitó su sucursal bancaria en el último año y cuántas veces lo hacía hace tres o cuatro años? En esa sencilla pregunta está la razón de la propuesta del BROU (y de otros bancos, menos bulliciosamente, cuando AEBU los deja) y está también la sinrazón de quienes se oponen, en el partido de gobierno y en la oposición.

Por otro lado, en las últimas semanas en las que se habló de hidrocarburos, la primera reacción de las autoridades fue hablar de crear un nuevo organismo que se encargue del tema, mientras nada se ha avanzado en lo importante, es decir el diseño de una institucionalidad para el caso en que algún día haya hidrocarburos con posibilidades de ser comercializados.

Hace unos meses nos visitó un experto noruego que explicó cómo funcionan allá las cosas, que ya están inventadas, como en todos los temas importantes.

Otro tema en el tapete tiene que ver con determinadas regulaciones laborales a las que la OIT se opone, y que pasa el tiempo y el gobierno se resiste a corregir. Pasan los trimestres y el empleo sigue sin levantar vuelo, a pesar de que la economía comenzó a despegar en la segunda mitad del año pasado. ¿A las autoridades no se les pasa por la cabeza que las regulaciones laborales puedan tener algo que ver con esto? Y este es, sin dudas, uno de los temas que me quedó en el tintero el 7 de agosto: la legislación laboral debe adaptarse a una realidad que es dinámica y no puede mantenerse rígida con reglas propias de tiempos en que las cosas se hacían de manera diferente.

Sin embargo, en las últimas semanas las contradicciones y contrariedades tuvieron su cenit en uno de los temas favoritos de los uruguayos: la seguridad social. En línea con reflexiones anteriores del ministro Astori, el presidente Vázquez expresó que el sistema debe ser ajustado nuevamente (lo fue en 1996) porque si no, colapsará. El presidente tiene razón y pocos temas como este deberían recibir el rótulo de "política de país". Pero es el mismo presidente que promulgó una ley "de flexibilización" en 2008 que fue aprobada sobre bases equivocadas y que está contribuyendo grandemente al creciente déficit del sistema previsional. Y es el mismo que ahora impulsa una absurda ley para la corporación de los "cincuentones" con un costo descomunal para la sociedad. Si Vázquez quiere evitar el colapso del sistema debe derogar ya la ley de 2008 y apoyar la iniciativa del MEF en lugar de la del MTSS sobre cincuentones y, como ha expresado Pablo Rosselli, condicionar el cambio de régimen a que el beneficiario trabaje hasta los 65 años. A todo esto, ¿qué dice la oposición? ¿O es que hay muchos votos en juego?

Y, hablando de agenda, last but not least, parece que UPM tiene clara la suya, que no es muy diferente a la que muchos tenemos escrita. Para poder tomar una decisión de inversión, esa empresa ha solicitado, además de un régimen impositivo más benigno que el general (propio de un régimen de zonas francas, como en los dos casos anteriores), costosas necesidades específicas de infraestructura, una regulación laboral sui géneris y una mejor capacitación de los trabajadores.

Creo que en Uruguay hay hoy una clara agenda de temas a encarar. Creo también que, en un plano técnico, todos los puntos de esa agenda tienen soluciones viables. Pero también me parece que, como tantas veces, posibles consensos a nivel técnico chocarán con el frontón de los "costos políticos", las corporaciones, las etiquetas y, por sobre todo, de retrógrados, demagogos y pusilánimes. Quizá no nos falte agenda, sino carácter.