OPINIÓN

Si bien es cierto que las estimaciones son realmente sonrojantes –hasta 2 trillones de dólares al año en sobornos a nivel mundial, según algunos informes–, probablemente el efecto más nocivo de la corrupción es la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes y hacia las instituciones públicas, así como su impacto en la economía.

En América Latina, la desafección hacia lo público se evidencia en prácticamente todos los índices globales, donde la percepción de corrupción se sitúa ligeramente por encima de la media. Además, según el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019) de CAF, el 51% de la población considera que el principal problema de la región es la corrupción y el 23% de los latinoamericanos reporta que un funcionario le solicitó una coima en los últimos doce meses.

Esta realidad ha provocado que los gobiernos latinoamericanos reaccionaran, en su mayoría implementando instrumentos legales y fortaleciendo los órganos de justicia y, complementariamente, varios países están llevando a cabo iniciativas para aumentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas.

De todas formas, todavía tenemos un largo camino por recorrer para llenar vacíos legales y asegurar la efectividad de muchas de las medidas que se están implementando. Este camino pasa también por evitar los efectos negativos sobre la productividad y el crecimiento económico, reducir el clientelismo y la falta de integridad en algunos negocios, que a su vez provocan caídas en el nivel agregado de inversión, especialmente en proyectos de larga duración. En este sentido, cuando las conexiones y el tráfico de influencias definen las políticas económicas y regulatorias, la competencia y la innovación disminuyen y las empresas alteran el uso que dan a sus recursos, alejándolos de tareas productivas y dedicándolos a la extracción de rentas.

Para combatir la corrupción en América Latina, hemos identificado cuatro grandes frentes que también contribuirían a una gestión estatal más eficiente y transparente. El primero de la lista es mejorar los mecanismos de regulación y control de la función pública, es decir, ante la discrecionalidad inerte en la corrupción, se pueden disponer arreglos de dos tipos: reglas ex ante que limiten las atribu¬ciones de los funcionarios (qué decisiones pueden tomar y cómo) y controles ex post que fiscalicen esas decisiones y acciones una vez que han sido ejecutadas. En otras palabras, es necesario adoptar criterios objetivos para la toma de decisiones, reforzar las instancias de fiscalización (como lo órganos auditores) y fortalecer los sistemas de justicia.

El segundo frente de acción tiene que ver con la sofisticación de los mecanismos de entrada a la política y a cargos de funcionarios públicos. Esto implica la selección de individuos capaces y con baja tolerancia a la corrupción, por lo que las reformas para la integridad tienen que ser capaces de comunicar los logros, con el fin de mejorar las opiniones y las expectativas de la ciudadanía.

El tercer frente implica al ciudadano y a la promoción de actividades que fomenten la transparencia, como por ejemplo las iniciativas de gobierno abierto, mejoras de canales de reclamo y creación de nuevos espacios para la participación y denuncia. El ingrediente fundamental en este caso es la información sobre las acciones que se toman en la administración pública y, por tanto, es natural partir de la hipótesis de que un mayor nivel de transparencia se debería traducir en menores niveles de corrupción.

Y por último, es imprescindible mejorar las regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado. Para lograrlo, se requieren leyes fuertes contra el pago y ofrecimiento de sobornos, promoción de programas de cumplimiento dentro de las empresas, regulación de los conflictos de interés y refuerzos en sectores vulnerables, como el de la construcción.

En los próximos años, los países de la región tienen una importante tarea por delante: recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas a través de una gestión transparente que minimice las opciones de corrupción. Y esto solo se logrará con Estados más transparentes, modernos y eficientes optimicen los recursos públicos y los pongan a disposición de las verdaderas necesidades de los ciudadanos.

(*) Vicepresidente de Conocimiento en CAF- Banco de Desarrollo de América Latina.