Esta fuera de discusión que la economía se encuentra en un proceso de enfriamiento y que se han ajustado a la baja los pronósticos en relación al crecimiento del PIB.

A su vez, si bien el gobierno se cuida en no utilizar la palabra crisis y anuncia un importante plan quinquenal de obras de infraestructura, al mismo tiempo ajusta los gastos de todas las empresas del Estado y negocia con los empresarios listas de precios para controlar la inflación.

Asimismo, conforme señala una reciente encuesta de la consultora Equipos, "la percepción de los uruguayos sobre el desempeño de la economía en el corto y medio plazo ingresó en un área de menor optimismo, incidiendo sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos, donde el desempleo pasó a ser una prioridad".

En este complejo escenario, el gobierno debe negociar y aprobar la ley de Presupuesto y acordar en el ámbito de los Consejos de Salarios (CS) las remuneraciones aplicables para los próximos tres años. Por si esto fuera poco, echando nafta en la hoguera, el Pit-Cnt realizó el primer paro general contra el gobierno de Tabaré Vázquez en protesta contra los lineamientos del Ejecutivo para los CS.

Cabe preguntarse si el Pit-Cnt es realmente consciente de la situación económica y de la perspectiva para los próximos años, es decir, si el paro general se trata tan solo de un ejercicio sindical para mejorar su capacidad de negociación o si los lineamientos de "su propio gobierno" realmente decepcionaron a la central sindical.

Lo cierto es que lamentablemente, lo único que logra el Pit-Cnt con este paro general es perjudicar a los trabajadores. Una medida así cuando el gobierno está tratando de generar confianza y seguridad en el rumbo económico para fomentar las inversiones, no tiene otro efecto que provocar en el sector empresarial temor y menor inversión, afectando directamente el nivel de empleo. De forma equivocada, concentra todas sus fuerzas en el valor de los salarios, olvidando que el peor enemigo del trabajador es el desempleo, que generalmente golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos.

La mayoría de los empresarios se encuentran planificando cómo ajustar sus costos en tiempos de crisis y obviamente, una de las principales variables de ajuste es la mano de obra. Las empresas tienden a, reducir la cantidad de trabajadores y horas trabajadas. Por tal motivo, en el radar de cualquier empresario la primera herramienta que aparece como mecanismo para reducir sus costos es el seguro de paro, bajo las causales de "suspensión de actividades" o "reducción parcial del trabajo". Para los empleadores el seguro de paro por estas causales especiales cumple la función típica de un contrato de seguro, en cuanto le compensa la totalidad del daño sufrido. En efecto, si por causa de la crisis una empresa tiene capacidad ociosa de mano de obra, se puede liberar temporalmente de este costo improductivo trasladándoselo a su asegurador, que es el Banco de Previsión Social, que pasará a soportar las pérdidas económicas derivadas de la recesión. Sin embargo, el seguro de desempleo no funciona como un seguro tradicional para el BPS. En cualquier contrato de seguro el asegurador cobra una prima fijada en base a cálculos actuariales, que le permite solventar los gastos indemnizatorios de verificarse el siniestro. Si los cálculos actuariales están bien hechos, las empresas aseguradoras generalmente no tienen pérdidas, pero además, pueden reasegurar los riesgos que ellos mismos aseguran en otras compañías de seguros.

Por el contrario, el BPS debe soportar el financiamiento de todos sus programas de seguridad social, como ser el seguro de paro, jubilaciones, subsidio por enfermedad, subsidio por maternidad, pensiones, etc. con los mismos ingresos y además, no puede reasegurar estos riesgos contratando a un tercer asegurador. Como es sabido, los ingresos del BPS por aportes patronales y obreros no son suficientes para solventar sus gastos, siendo subsidiado permanentemente por el Estado a través de lo recaudado por diferentes impuestos.

En consecuencia, cuando la economía entra en recesión, aumenta el desempleo y el BPS percibe menos ingresos genuinos por aportes a la seguridad social. Y al mismo tiempo, se incrementan sus gastos para solventar el seguro de desempleo en sus diferentes modalidades —despido o suspensión total o parcial— con lo cual también aumenta el déficit y debe requerir mayores contribuciones del Estado. Pero lo peor de todo, es que esto sucede en momentos en los cuales también baja la recaudación fiscal producto de la menor actividad, generándose así un círculo vicioso.

Es evidente que el seguro de desempleo puede ser una solución adecuada para las empresas, pero no así para los trabajadores, quienes percibirán apenas el 50 % del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal.

En consecuencia, el Pit-Cnt debería estar preocupado —al igual que el gobierno— por la pérdida de puestos de trabajo y especialmente porque el aumento del desempleo va a impactar con mayor incidencia en las personas con salarios más bajos.

Gonzalo Ramírez - Abogado