OPINIÓN

Crimen y Castigo

La ola de asaltos, rapiñas, robos, asesinatos y todo tipo de felonías que nuestra sociedad está sufriendo, seguramente carezca de antecedentes. La sensación es peor porque las cifras indican que durante este año, los hechos criminales "han tomado impulso".

Jorge Larrañaga inició la campaña de recolección de firmas. Foto: Marcelo Bonjour
Jorge Larrañaga inició la campaña de recolección de firmas. Foto: Marcelo Bonjour

La crueldad de los actos deja a la sociedad, atónita, indignada, y con sensación de impotencia y vacío, de allí que las voluntades a favor de reprimir con severidad aumentan. La reacción inicial, diría "natural", es aumentar las penas y ello puede ser razonable en ciertos casos, pero no en otros. No estoy en condiciones de dar opinión en cuáles sí y cuales no, sencillamente porque desconozco los detalles de las leyes en la materia.

Ahora bien, el castigo, que debe existir siempre, es el costo que debe asumir quien comete la acción. Dicho costo debe ser proporcional al daño causado. El costo no es "el legal" sino el real esperado, que deriva del resultado de multiplicar la pena por la probabilidad de ser aprehendido y luego condenado (1). Si esta probabilidad es casi nula, como nos muestran las cifras oficiales sobre esclarecimiento de delitos (2), por mayores penas que se instauren, el costo real para el infractor va a seguir siendo cercado a cero; he aquí el mayor de los problemas que padecemos.

Entonces, la pregunta a hacerse es ¿por qué sucede ello? Naturalmente que es un fenómeno multicausal, donde la falta de liderazgo y voluntad política es clave; el "saber hacer" policial —la preparación técnica— es importante, pero también está el hecho que la forma de actuar de la policía en muchos casos está limitada por leyes que terminan favoreciendo al delincuente. El policía no actúa porque termina preso y condenado y en estos casos la eficacia es 100%. Entonces, sin perjuicio que en algunos casos se requiera cambios en las penas, son otros aspectos, entre los que están la preparación y las reales facultades que tiene la Policía para actuar, los que habría que atender en primera instancia.

Es evidente que, además, están jugando otros factores que se minimizan y no se atacan como corresponde; la droga y los "territorios liberados" donde nuestro elefantiásico Estado está ausente, constituyen parte esencial del problema. También es claro que hay un problema agudo de preparación de la policía y sus métodos. No alcanza con tener medios materiales, que son relevantes, hay que saber usarlos en forma eficiente y tener una preparación detallada de las acciones y planes delineados. La sensación es que poco de ello sucede.

Personalmente no voté introducir como norma de rango constitucional la reducción de la edad de imputabilidad —y discutí con varios por ello—, ya que consideraba, y considero, que la ley puede y debe solucionar el tema, siendo la sociedad cuando vota su gobierno y representantes quien decide. Lo mismo me sucede con la campaña de firmas que el impulsa el Senador Larrañaga. Al igual que la vez anterior, el propio Senador lo expresa, ya que el gobierno no quiere cambiar las leyes las cambiaremos por Constitución. Si se puede cambiar por ley, es mucho mejor y se puede hacer, la Constitución sólo debe declarar principios generales, dejando a la ley, los aspectos de la vida cotidiana.

Las sociedades, como seres vivos que son, mutan y las normas que la rigen, deben tener la flexibilidad de adaptarse a su tiempo.

Darle potestades a la policía o que en ciertos aspectos limitados pueda intervenir el ejército, es posible mediante leyes. La policía puede tener, como tiene, cuerpos de elite. En razonable que la actual situación de absoluta crisis en materia de seguridad requiera de algunas normas que bajo circunstancias normales no son aceptables. Sigo prefiriendo que no sean posibles los allanamientos nocturnos en las casas de familia y para ello basta definir que cuando un lugar es una boca de droga o se guardan armas, no se considera hogar en la definición del artículo 11° de la Constitución.

Por último, las penas deben graduarse en función de las faltas y delitos cometidos y la probabilidad de recibir la sanción correspondiente debe ser alta, de lo contrario se estimula la máxima audacia y crueldad en cada acto.

En resumen, seguramente el mayor problema hoy no esté en la pena, sino en la probabilidad que ella sea efectivamente cumplida y, por ello, el criminal se siente con impunidad absoluta y actúa como lo hace. Se puede cambiar, para ello hay que tener decisión política, mucho más dependiente de la "forma de administrar los recursos" (la acción) y ciertos cambios legales sobre los poderes jurídicos de la Policía, evitando el castigo a sus efectivos bajo ciertas circunstancias, que en el cambio legal sobre las penas, quizás sí necesario en algunos casos. Dicho lo anterior y a la vista de lo sucedido en otros lugares del mundo cuando las cosas tomaron el cariz extremo que están tomando aquí, no podemos ser ingenuos y no saber de antemano que, de procesarse estos cambios, habrá algún caso donde la Policía cometerá excesos y termine no siendo penada como corresponde.

Es tan lamentable como cierto, pero al extremo que se ha llegado es tal que la sociedad soporta lo que se vive y es preferible actuar ante el pedido, ante que aplauda ciertas acciones. Cuando no se paran las cosas en su etapa inicial, las soluciones cada día son más costosas y si dejamos pasar el tiempo, lo serán más aún.

(1) Suponemos que luego el recluso no se fuga.

(2) Personalmente conozco varios casos, ninguno menor, donde hecha la denuncia, la Policía jamás concurrió al lugar de los hechos ni llamó a nadie a declarar o reconocer posibles autores. Los papeles "se archivan".

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