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Costos, tarifas e institucionalidad

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Foto: El País

OPINIÓN

A principio de año, el gobierno saliente tomó la decisión de no ajustar las tarifas de los servicios públicos como lo venía haciendo habitualmente.

Esta situación trasladó la discusión a los primeros días de gestión del nuevo gobierno que, atento a la realidad de los costos y de la situación fiscal, planteó el ajuste.

Rápidamente, la discusión pública se dio entre los”buenos” que no quieren aumentar y los”nuevos malos” que sí quieren hacerlo, intercambio que no ayuda a fomentar un debate de calidad sobre el futuro de los servicios públicos en Uruguay.

No obstante, y por sobre la discusión maniquea y superficial, consideramos importante destacar dos problemas subyacentes que son relevantes y que Uruguay tiene pendiente desde hace muchos años.

En primer lugar, la confusión institucional de roles entre fijación de políticas, la regulación y la operación comercial de las empresas.

En este caso, queda en evidencia que la fijación de precios se ha regido sustancialmente por criterios políticos, sin una regla técnica transparente y sin un período de ajuste pre establecido. La participación de la Ursea es prácticamente inexistente y la fijación de precios se reduce a una discusión opaca entre el Poder Ejecutivo y los operadores. Han primado objetivos macroeconómicos (fiscales y anti inflacionarios) y no ha tenido peso alguno en la discusión, la rentabilidad y competitividad de las empresas.

Esta debilidad fue anotada en el “Libro Blanco” de nuestro Observatorio (1) y recientemente reforzada en un documento desarrollado por un amplio grupo de profesionales: Reforma de las EE.PP. – Propuesta de Agenda (2). Dicha carencia no permite generar los imprescindibles incentivos para la eficiencia, ni los mecanismos para una adecuada rendición de cuentas de los responsables de las compañías. Objetivos confusos y diversos no permiten una adecuada asignación de responsabilidades, ni la corrección de los desvíos detectados.

En segundo término, la discusión se centra de manera voluntarista en los precios y no en los costos y por ende, en la eficiencia de la operación comercial. Una discusión de fondo, requiere avanzar sobre estos puntos y discutir los resultados de las empresas y cada uno de los negocios, a la luz del capital que la sociedad ha invertido en ellos. Es sobre esta base real de reducción de costos y competitividad en el mediano plazo, que se debería discutir una disminución de los precios.

Esto implica enfrentarnos a la resolución de los problemas de fondo, que además de la mencionada eficiencia, implica tomar decisiones sobre aquellas operaciones o negocios que generan pérdidas o bajo valor, así como adecuar y explicitar subsidios que hoy afectan los precios.

Esta debería ser la discusión real, cómo se generan los incentivos y los controles para mejorar el valor y productividad de los negocios. Discutir baja de precios, sin ir a la mejora de gestión real de las empresas, no pasa de un voluntarismo oportunista.

Hay que avanzar en medir el problema y plantear las reestructuras e incorporaciones de tecnología requeridas, avanzar en la separación de roles y dar reales potestades de regulación independiente a las unidades reguladoras.

Nuestras empresas públicas tienen capacidades para desarrollar estos cambios, se requiere el impulso hacia la rentabilidad y un control independiente del accionista y el regulador que permita evaluar su comportamiento. Requiere también mejoras en su gobierno corporativo, que las acerquen a las mejores prácticas internacionales en la materia.

Por otro lado, es importante reconocer que la ley de urgente consideración propuesta, tiene señales valiosas en cuanto a darle a la Ursea un rol más relevante en la fijación de precios en estos mercados. Es necesario reforzar esto, con amplios acuerdos que, con claro espíritu reformista, pongan a nuestras empresas y nuestras instituciones a la vanguardia de las reglas de funcionamiento de los mejores mercados energéticos.

Esta será la garantía de largo plazo para que los ciudadanos y las empresas tengan precios competitivos y sean en la realidad, y no en la retórica, una palanca para el desarrollo del país.

(*) Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable, Universidad Católica del Uruguay
(1) Institucionalidad en el sector de la energía – ”Libro Blanco””
(2) https://ceres-uy.org/wp-content/uploads/2019/12/ReformaEEPP.pdf

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