OPINIÓN

Consejos de Salarios sí, pero…

La consigna del Siglo XXI es “pensar globalmente para luego actuar localmente” y a esto tampoco escapan los mecanismos de regulación de las relaciones laborales.

Ministerio de Trabajo. Foto: El país
Ministerio de Trabajo. Foto: El país

Desde 2005 a la fecha, la perspectiva local aplicada en esta materia ha generado plena satisfacción ideológica a la mayoría de los decisores. Sin embargo, la protesta de los empleadores nos ha dado una cuestionable visibilidad internacional y puesto sobre nuestros hombros observaciones que no se terminan de corregir. A su vez, indicadores económicos y sociales demuestran que nuestra competitividad no está bien.

En este marco se inscriben las modificaciones incorporadas a la legislación que regulaba desde 1943 los Consejos de Salarios; válida herramienta para fijar el salario mínimo en el sector privado.

En términos generales preveía que:
• Su convocatoria estaba a cargo del Poder Ejecutivo o a petición de empleadores u obreros;
• Se constituían con 7 miembros: 3 designados por el gobierno, 2 por los empresarios y 2 por los trabajadores (pertenecientes a agrupaciones con personería jurídica o al menos reconocidas por la autoridad pública);
• La elección de esos delegados contaba con la intervención de la Corte Electoral y se basaba en un registro que preparaba la autoridad pública.
• Quienes sufragaban debían: i) justificar su identidad; ii) ejercer voto secreto; iii) acatar la decisión de la mayoría simple de votantes y si era el caso v) podían apelar el resultado.

Este viejo régimen, aún siendo de fecha anterior, estuvo siempre alineado con los Convenios Fundamentales de la OIT; tenía una finalidad muy concreta y de hecho dejaba establecido el basamento para que luego a través de la negociación colectiva bipartita se pudieran abordar los temas que desde siempre conlleva la relación laboral.

La reforma que introdujo la ley 18.566 de 2009, entre otros aspectos, determinó que la convocatoria de los Consejos de Salarios quedara en manos del Poder Ejecutivo o preceptivamente de oficio si mediare solicitud de las organizaciones representativas de un sector de actividad. No mantuvo los mismos parámetros para acreditar esto último, ni tampoco el voto secreto para la elección.

El nivel de negociación lo pasó a determinar un Consejo Superior Tripartito y se sumaron nuevos cometidos:
• Fijar el monto mínimo por categoría y por rama o cadena productiva;
• Actualizar remuneraciones de todos los trabajadores de la actividad privada;
• Acordar condiciones de trabajo cuando mediare acuerdo de partes;
• Definir licencias sindicales por cada rama de actividad;
• Crear fondos de vivienda.

Cuando esta ley se analizó en el ámbito de la Conferencia Internacional de la OIT un representante trabajador francés manifestó: “no se ha respetado completamente el principio de bilateralidad”. Por su parte los delegados empleadores y gubernamentales retomando las observaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos expresaron que:
• En estas nuevas condiciones, la negociación colectiva dejó de resultar bipartita, libre y voluntaria y su nivel de abordaje debió ser “establecido por las partes” no por una entidad tripartita donde hay mayoría gubernamental.

• La presencia de un tercero —Gobierno— ajeno a las cuestiones del bipartismo, puede afectar no sólo la adecuación de los salarios sino también otras condiciones de trabajo materia de la negociación colectiva autónoma.
• Colisiona con las normas internacionales al disponer que en ausencia de representantes organizados se acuda, por imposición legal, a la organización sindical superior.
• La extensión automática de los convenios colectivos expirada su vigencia (ultra actividad) debe ser resultado del acuerdo entre las partes y no establecida por ley.
• Una de las cuestiones más preocupantes, si no la más, es un decreto que consagra un “derecho a la ocupación” por parte de los trabajadores de las empresas y prevé su procedimiento.

La experiencia acumulada inevitablemente dispara interrogantes:
• ¿Las modificaciones que introdujo la ley 18.566 no terminaron desvirtuando un válido mecanismo para definir un referente de equidad como lo es el salario mínimo?
• ¿Bajo ese amparo no se está forzando la inclusión de otra agenda y consolidando estructuras corporativas que no pueden contemplar las especificidades propias de una empresa o de una realidad local?
• ¿Cuál es la posibilidad real con la que cuenta una empresa que atraviesa una situación crítica para acordar —antes de caer en concurso— con sus propios trabajadores un apartamiento a las decisiones que se adoptaron a nivel de rama?
• ¿El marco vigente asegura que exista pluralidad sindical como nuestra Constitución y la OIT disponen?
• ¿En lo que a la representatividad de los negociadores atañe, el actual sistema no termina desconociendo la legitimidad de actores clave, como es el caso de los Anestésico Quirúrgicos, representados sindicalmente en los Consejos de Salarios por su propia patronal?
• ¿Las madres trabajadoras con servicio doméstico tienen la posibilidad de intervenir —a través de la Liga de Amas de Casa— en el presente debate para rever categorías (y que inevitablemente terminará alterando su ya existente relación de trabajo)?

En resumen: llegó la hora de remangarse e instrumentar una responsable revisión en la regulación de los Consejos de Salarios.

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