El año 2015 será emblemático en la lucha mundial contra la pobreza y en favor del desarrollo sostenible. 

En los próximos siete meses, tres cumbres globales intergubernamentales terminarán de fijar una Agenda para el Desarrollo que —como nunca antes— comprometerá al sector privado en su cumplimiento: la Tercera Conferencia sobre el Financiamiento para el Desarrollo del 13 al 16 de julio en Addis Abeba; la Asamblea General de Naciones Unidas donde se fijarán los Objetivos de Desarrollo Sustentable del 25 al 27 de setiembre en Nueva York y la Cumbre sobre la "Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático" del 7 al 11 de diciembre en París.

Originalmente las tres tuvieron propósitos diferentes y su posterior proceso, sin embargo, terminarán siendo convergentes en una misma y ambiciosa agenda de desarrollo para el mundo.

Para esa nueva hoja de ruta, están siendo clave los aprendizajes adquiridos a través de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que se debían cumplir este año; tanto por sus logros como fracasos y por el financiamiento que implicaron. Vale tener en cuenta que los ODM se acordaron antes de la crisis financiera global de 2008 y el camino recorrido en la búsqueda de alcanzar sus metas dejaron en evidencia: i) las capacidades financieras existentes para asistir a los países en desarrollo en su esfuerzo (1) y ii) la efectiva intención de los países desarrollados de ser parte activa en esa primera agenda global (2).

Ahora en la nueva agenda post 2015 será el año 2030 el punto de referencia para alcanzar 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) orientados no solo a erradicar la pobreza sino a transformar las economías en desarrollo productivo más sustentable (cuidando simultáneamente lo económico, social y medioambiental siguiendo la Conferencia de Rio+20). Los debates mantenidos hasta el momento indican que estos ODS comprometerán al menos 179 metas y 300 indicadores de monitoreo. En la búsqueda de generar intercambios comerciales más justos que los existentes y una gobernanza más representativa del sistema financiero mundial, entre otros temas, se está acordando: garantizar pautas de consumo y producción más sostenibles; incorporar energías renovables; proteger la biodiversidad; disminuir las emisiones de carbono y gestionar riesgos y desastres resultado del cambio climático. Semejante desafío está dejando en claro que para cumplir esa tarea, el financiamiento público será harto insuficiente y deberá ser complementado con flujos privados.

En esta línea, los debates previos a Addis Abeba están mostrando que la comunidad internacional tiene firmes intenciones de movilizar una cantidad mayor de recursos para responder a este cambio de paradigma y generar mecanismos de financiamiento innovadores. En este sentido, se citan como ejemplo iniciativas que los países de América Latina y el Caribe ya han adoptado: los impuestos sobre las ventas de billetes de avión, la subasta (o venta) de permisos de emisión, un fondo de seguros soberanos denominado Fondo de seguro contra riesgos de catástrofe para el Caribe (Ccrif) y la Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF).

Por su parte, en la última reunión intergubernamental regional que hubo en Cepal, tanto gobiernos como Sociedad Civil —especialmente invitada— destacaron que la región necesita seguir aumentando la recaudación de impuestos, para lo cual los sistemas fiscales han de ser más progresivos. El aumento alcanzado entre 1990 y 2013 en relación con el PIB fue en promedio un 14,4% al 21,3%; este porcentaje está lejos del promedio de los países de la OCDE (34,1% en 2013).

A esto se suma otro factor no menor: los países de América Latina (excepto Haití) han dejado de ser prioritarios (3) según los actuales criterios de aplicación de la ayuda para el desarrollo (AOD); aún cuando están comprendidos en la "trampa de ingreso medio", con todo lo que ello conlleva (4), y a que allí viven el 60% de las personas en situación de pobreza, así como el 50% de los indigentes. Según la Cepal, la participación total de la AOD en la región descendió del 15% en 1980 y 1990 a cerca de un 8% en el año 2000 (5).

Como no podía ser de otra manera, Uruguay no escapa a las tendencias vigentes en la región en materia de AOD. A partir de 2014 ha dejado de ser elegible por cooperantes tradicionales como es la Unión Europea; la que supo ocupar el primer puesto en orden de importancia, seguida por el Sistema de Naciones Unidas y luego el BID. Registros de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (6) señalan que en 2012 (tramo final de la agenda de los ODM) el monto comprometido por los socios cooperantes para todas las iniciativas de cooperación tradicional bilateral y multilateral fue de US$ 157.770.09 y específicamente se movilizaron 40 millones de dólares. En otro orden y con miras a los temas Post 2015, en materia de Biodiversidad (ODS 15 de la propuesta vigente) existen ya claras expectativas del gobierno a que desde el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se generen condiciones de gestión a cargo de privados o de ONG (7).

Ahora bien, en atención a los compromisos que desde esta agenda de desarrollo sustentable asumirá Uruguay en setiembre, cabe preguntarse: ¿Qué grado de involucramiento ha tenido y tendrá el sector privado (empresas y/o organizaciones empresariales) en este proceso; su futura gestión y financiamiento? ¿Existe entre el sector privado y el Gobierno un marco compartido de confianza y compromiso para encarar conjuntamente las metas que —en un previsible contexto de restricción— impondrán estos 17 ODS? ¿Las intervenciones gubernamentales serán lo suficientemente selectivas y eficientes para aprovechar los mercados y flujos de capital privado que se necesitarán? Por último ¿Qué credibilidad ganada tiene el sistema multilateral para efectivamente involucrar al sector privado en esta nueva agenda?

(1) Un ejemplo: a través del Fondo - ODM España destinó de 528 millones de Euros para acelerar el cumplimiento de los ODMs y los países de Latinoamérica fueron los más beneficiados en esa cooperación

(2) Solo 5 cinco naciones ricas de la OCDE destinaron el 0,7% del Ingreso Nacional Bruto a la AOD fijado en el Consenso de Monterrey (Primer conferencia de Financiamiento para el Desarrollo celebrada en México en el 2002)

(3) La asignación de la AOD por país que realizan los donantes se guía por los ingresos, es decir, por un criterio que esencialmente equipara el nivel de desarrollo con el ingreso per cápita. Se considera que los países que superan un umbral de renta per cápita determinado han alcanzado un nivel suficiente de desarrollo institucional y de acceso a los mercados de capital privado

(4) En una simplificada descripción "la trampa de ingreso medio" se manifiesta en países cuyo desarrollo productivo está mayormente centrado en la explotación y exportación de recursos naturales e inician la desaceleración de su crecimiento al llegar a niveles medios de renta per cápita.

(5) Financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Un análisis estratégico desde la perspectiva de los países de renta media. Cepal 2015.

(6) Estado de situación de la Cooperación Internacional en el Uruguay 2013. AUCI

(7) El gobierno busca ayuda en el sector privado y planea reconocer sus esfuerzos de conservación. Búsqueda 4/6/2015

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

17. Fortalecer ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Guillermo Dutra - Columnista invitado