El país debería hacer algunos ajuses a su legislación y mejorar el uso de instrumentos en ese terreno.

El énfasis en las políticas de competencia para combatir la inflación que expresó el gobierno recientemente es considerado un elemento clave para la defensa del consumidor, de las pequeñas y medianas empresas y reducir los riesgos de corrupción, sostiene el Dr. Guillermo Valles, experto de Naciones Unidas en la temática. Para Valles, en el caso de carteles, más allá de tener a nivel nacional una buena legislación y capacidad institucional para aplicarla, es crecientemente importante la cooperación internacional para evitar abusos. A continuación, un resumen de la entrevista.

—La UNCTAD tiene especial interés en que se avance en el marco de las políticas de competencia y usted puso énfasis hace unos días en Montevideo en ese tema.

—Así es. Nos referimos a la política pública que mediante la aplicación de un conjunto de reglas de mercado garantiza que los agentes económicos compitan entre sí de forma justa, promoviendo la eficiencia, dando al consumidor mas capacidad de elección, contribuyendo así a bajar los precios y mejorar la calidad. Supone la intervención directa del Estado contra prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición dominante que puedan afectar el funcionamiento eficiente de los mercados, en detrimento del bienestar de los consumidores. La lógica es que la competencia estimula la innovación, la productividad y la competitividad, lo que contribuye a un ambiente de negocios eficaz y más atractivo a la inversión. Esto contribuye a generar crecimiento económico y empleo. Pero la política de competencia. Además de proteger al consumidor, crea posibilidades para las pequeñas y medianas empresas, al eliminar barreras que protegen a élites arraigadas y reduce las oportunidades de corrupción.

—¿Qué dificultades presentan los mercados en este rubro? ¿Cuánto pesan los problemas de competencia por ejemplo en la inflación?

—Las prácticas restrictivas de la competencia son muy variadas. Las más frecuentes son los cárteles y el abuso de posición dominante. Los primeros, son acuerdos restrictivos entre empresas, para fijar precios, influir ilegítimamente en licitaciones públicas, restringir la oferta o demanda de un producto para determinar el precio, etc. Estos acuerdos suelen ser muy negativos e impactar directamente el bienestar del consumidor. Debido a su carácter secreto es muy difícil para las autoridades descubrirlos y probar su existencia, por eso la legislación y la práctica más moderna permite programas de clemencia para las empresas que, habiendo pertenecido a un cartel, denuncian estas prácticas y contribuyen a la investigación. También hay abusos de posición dominante, por el cual las empresas con capacidad de controlar el mercado relevante de un producto o servicio en particular, usan ese control para aumentar su posición en el mercado. Otra preocupación para las autoridades de la defensa de la competencia suele ser el control de las fusiones de empresas, para que, como resultado de ellas no se generen desequilibrios en el mercado. Dependiendo de las legislaciones, las autoridades de competencia también vigilan el comportamiento en sectores regulados como el financiero-bancario, el de las telecomunicaciones y energía. De esta manera la política de defensa de la competencia contribuye al combate a la inflación, en el sentido que la formación de precios se realiza como resultado de la efectiva aplicación de la ley de oferta y demanda.

—¿Los países latinoamericanos comienzan a tomar conciencia de este tema?

—Todos los países en desarrollo han avanzado mucho en la última década. Ha contribuído a ello la evidencia de que, de nada vale abrir la economía doméstica, buscando mejorar la eficiencia y beneficiar a los consumidores, si luego dichos beneficios son percibidos solo por algunos sectores con poder en la sociedad. Así las cosas las ventajas de la apertura comercial se concentra en algunas manos y no "baja" a los consumidores. De hecho todos los países latinoamericanos, salvo Guatemala, tienen ahora leyes y políticas modernas de defensa de la competencia. Paraguay ha sido el último en adoptar una legislación moderna y está fuerte y colectivamente decidido a continuar avanzando. La UNCTAD trabaja de cerca en la región hace mas de diez años y hemos podido constatar ese avance legislativo, en la aplicación de la ley, y en el desarrollo paulatino de una verdadera cultura de la competencia. Los países, las empresas y los consumidores se convencen cada día mas que este es un instrumento de desarrollo, de inclusividad social, de innovación productiva. Este progreso se verifica concomitantemente en la política de protección del consumidor, que es una disciplina muy afín pero más centrada en los derechos del consumidor.

—Hay una globalización del problema a partir de la internacionalización de los cárteles...

—La globalización de la economía ha traído como consecuencia mercados ampliados, en los cuales, los problemas de competencia ahora se tornan internacionales y no pueden ser resueltos en una única jurisdicción.

En el caso de cárteles, mas allá de tener a nivel nacional una buena legislación y capacidad institucional para aplicarla, es crecientemente importante la cooperación internacional. Por eso una de las cláusulas mas recurrentes en los nuevos acuerdos comerciales regionales o bilaterales, es la existencia de legislación y capacidad para cooperar internacionalmente en defensa de la competencia y en la protección del consumidor.

—¿Puede poner algunos ejemplos?

—Volviendo a la región, lo hemos visto en la práctica, en los últimos meses por ejemplo en Chile, Perú y Colombia, que han llevado a cabo investigaciones relevantes y tomaron importantes sanciones contra empresas, por prácticas colusorias en la fijación de precios abusivos de carne de pollo, papel higiénico, pañales descartables y azúcar. Todos estos son bienes de primera necesidad, parte de la canasta básica que afecta en particular el consumo de las capas más pobres de la sociedad, que tienen que destinar una mayor parte de sus ingresos a consumos básicos.

La política de competencia es por lo tanto un importante instrumento de combate a la pobreza.

—El ministro Danilo Astori hace unos pocos días se pronunció en el mismo sentido...

—Sí, hemos visto desde Naciones Unidas con gran interés estas manifestaciones del gobierno uruguayo de trabajar decididamente en pos de la defensa de la competencia y la protección del consumidor. Ya hace dos años habíamos firmado también un acuerdo de cooperación en materia de protección del consumidor. Va en línea con los países más modernos y preocupados por el desarrollo inclusivo de su economía y su sociedad. Uruguay hizo en el año 2000 un primer gran paso con la primera ley en la materia, que fue revisada y mejorada por la ley 18.159 siete años después. Esto marca una política de Estado y eso, según vemos desde Naciones Unidas, es una buena cosa porque muestra acumulación de experiencia histórica e institucional, bases fundamentales para el desarrollo. A veces se dice que por ser una economía pequeña, con un mercado necesariamente limitado, estos instrumentos son inútiles, pero la evidencia internacional nos demuestra lo contrario. Economías como la costarricense, para citar un caso, muestran ejemplos bien interesantes. Lo importante es que además de mantenerse en el tiempo estas políticas involucren a todos los poderes del Estado y al conjunto de la sociedad.

—¿ Cuál es su diagnóstico, a priori, de las necesidades que tiene Uruguay en la materia?

—No quiero adelantarme al trabajo que está realizando la redactora del informe. Mucho menos puedo anticiparme al examen que se llevará a cabo el 21 de octubre. Cuanto puedo decir es que Uruguay tiene las fortalezas de los países que van adoptando una legislación moderna, pero también adolece de tener una institución joven. Lo hemos visto en muchos países, que la autoridad debe ser reforzada en su independencia, atribuciones y medios. Que el poder judicial y los magistrados tienen que ser entrenados y especializados. Que la abogacía por una cultura de la competencia y también por la defensa del consumidor debe ser instalada en la sociedad. Los medios de comunicación también juegan un rol preponderante. En todas estas áreas, la ONU y otros socios pueden acompañar al país en sus reformas.

—¿De qué se trata la revisión a la será sometido en breve Uruguay?

—La UNCTAD es el punto focal, dentro de la familia de Naciones Unidas, en materia de defensa de la competencia y desde diciembre del año pasado también en materia de protección del consumidor. Este trabajo se lleva a cabo en mi División por las obvias conexiones que tiene con el comercio internacional. En la UNCTAD llevamos a cabo estudios analíticos y desde 1980 actualizamos cada cinco años el conjunto de principios y normas sobre competencia. Anualmente reunimos a todas las autoridades de defensa de la competencia del mundo, donde discutimos problemas específicos de actualidad, revisamos la globalidad de los avances legislativos nacionales y examinamos un par de países. Uruguay ha solicitado someterse a este examen voluntario entre homólogos. Allí se revisa la legislación y su aplicación, las atribuciones de la autoridad, su capacidad técnica, sus investigaciones y resultados. El examen termina con recomendaciones para la autoridad pero también, normalmente para los tres poderes del Estado.

A partir de ese diálogo constructivo y voluntario, suele surgir cooperación internacional para apoyar al país en sus cambios normativos y de aplicación. Uruguay será examinado por Perú, México y España en el seno de esta reunión mundial. Es un ejercicio que demuestra el compromiso firme y resuelto del gobierno uruguayo. Nos parece que es un ejercicio de madurez y liderazgo.

Se desempeña como Director de Comercio Internacional de Bienes, Servicios y Materias Primas de la Unctad (ONU). Doctor en Diplomacia, con 40 años de carrera profesional. Fue representante ante la ONU, Unión Europea y OMC.

ENTREVISTA AL DOCTOR GUILLERMO VALLES