OPINIÓN

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Este tránsito cardinal propio de toda democracia plena tiene, en este caso, algunos simbolismos particulares.

Marca el retorno de un gobierno que se perfila de corte liberal recostado hacia la centro derecha después de quince años ininterrumpidos de administraciones pertenecientes al arco político opuesto, cuya gestión en realidad estuvo más emparentada con los postulados de la social democracia y la agenda de derechos que con la implementación de las viejas banderas de la izquierda vernácula que le dio origen.

No es un dato menor, cuando en nuestras cercanías observamos con cierto estupor como resurgen ideas emparentadas con esas visiones tales como los controles de cambio y movimientos de capital, el proteccionismo como mecanismo de fomentar el crecimiento y los impuestos a las exportaciones como forma de financiamiento de un estado hipertrofiado considerado motor de crecimiento.

Felizmente en nuestro caso, esas ideas pertenecen a un pasado sin retorno tal como lo ha reafirmado casi medio siglo de nuestra historia reciente en el que hubo gobiernos de signos diferentes.

Eso es resultado de una manera de ver y entender las cosas que nuestra sociedad se ha dado, después haberlas probado y sufrido sus consecuencias. Un ejemplo es considerar a la inflación como un flagelo que repercute negativamente con más fuerza entre los más débiles. Pero, aunque lo entiende, todavía ha quedado pendiente como objetivo permanente la consistencia macroeconómica, como condición necesaria para apuntalar crecimiento económico robusto y políticas sociales sostenibles. En otras palabras, un déficit fiscal cuyo financiamiento mantenga estable una relación deuda-producto baja y no recurra a la inflación como recurso alternativo.

En esa materia el gobierno saliente ha fracasado, dejándole a la nueva administración una realidad fiscal insostenible en el tiempo, lo cual se convierte en un tema a resolver urgentemente. Como se ha mencionado reiteradamente, eso se traduce en alto déficit fiscal a pesar de una presión fiscal récord, niveles de endeudamiento crecientes que erosionan la solvencia externa y alto desempleo explicado por tasas de crecimiento económico bajas a lo largo del último quinquenio.

Esto le impone al nuevo gobierno la responsabilidad de reencauzar un rumbo cuya permanencia es el estancamiento acompañado de alto desempleo, que puede llevarnos hacia realidades peores de las cuales tenemos ejemplos cercanos que nos alertan al respecto.

En la práctica implica reducir un gasto público actuando sobre componentes de especie diversa, que requieren tratamientos diferentes y donde los efectos de los correctivos mostrarán tiempos distintos para manifestarse. Por su importancia en la participación del gasto, la reforma del sistema de seguridad social ocupa el primer lugar. Sin duda es un tema complejo, sujeto a un debate que insume tiempo y por tanto obliga a empezar su tratamiento cuanto antes, más cuando sus efectos fiscales no serán inmediatos. La consolidación del sector público le sigue como capítulo de importancia, eliminando duplicaciones, transferencias innecesarias y adecuando el número de funcionarios a sus necesidades reales con la no provisión de vacantes.

En este marco conceptual, la racionalización de la gestión de las empresas públicas es clave por sus implicancias fiscales y sobre los sectores productivos. Como ejemplo, empresas como Ancap llevan adelante actividades a pérdida como el cemento portland, o mantienen a flote otras como ALUR gracias a subsidios cruzados debido a regulaciones existentes. En la práctica, implica tarifas más altas o menores transferencias al fisco como dividendos por el capital que la sociedad ha invertido en esas empresas. Si la sociedad entiende que se deben hacer políticas de promoción regional, no son las empresas publicas el mecanismo idóneo para ejecutarlas.

Corregir esa realidad es un tarea compleja y propensa a encontrar resistencias, lo cual implica que sus resultados tomarán un tiempo en manifestarse. Entretanto, la política tendrá la obligación de administrar esa transición disipando las ansiedades y las dudas sobre el rumbo propuesto. Encuadrar las cuentas públicas hacia un sendero sostenible, recuperar la inversión para lograr más crecimiento, reformar las empresas públicas y disminuir el desempleo, son fruto de un proceso que requiere un conjunto mancomunado de políticas, cuya implementación tiene sus tiempos propios como así también el logro de sus efectos. Lo cual, sin caer en el terreno de las excusas, implica incluir cautela en la obtención de resultados inmediatos.

Por último, me permito una nota personal que no puedo eludir. Con Azucena Arbeleche e Isaac (Lito) Alfie tuve el privilegio de trabajar en momentos importantes de nuestro pasado reciente. Ello me sirvió para aquilatar además de su excelencia como profesionales, su gran calidad como personas y ciudadanos. Les deseo éxito en este nuevo desafío.