Opinión

Si bien desde hace ya varios lustros se tienen claros los objetivos macroeconómicos en Uruguay, no existe consistencia en la combinación de políticas que se emplean para alcanzarlos.

Circunstancias externas son las que en ese lapso han determinado los resultados que pocas veces han sido los oficialmente esperados. No hay prueba de que la mezcla empleada de instrumentos de la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria, acompasadas por las negociaciones salariales entre partes que luego se validan oficialmente, haya apuntado a la solución simultánea de desequilibrios tales como la inflación, el comportamiento de la actividad y el resultado del sector externo.

Cuando ha habido alto crecimiento como el empujado desde afuera por el influjo de capitales inducido por las bajas tasas de interés mundiales relevantes y sus efectos sobre los precios de los commodities, la inflación ha sido también alta. Cuando el crecimiento se modera y hay amenaza de perderlo ante una situación externa difícil que revierte precios de commodities, resultados de comercio exterior y los flujos de capitales, la inflación tiende a empeorar. Macroeconomía es corto plazo, y las políticas que se emplean para alcanzar los objetivos se deben manejar flexiblemente, y también de manera consistente. No es lo que ocurre en un país con alta dependencia de sus vecinos, y también en lo comercial y financiero, de la economía global.

El proyecto de ley de presupuesto que se discute es lo que se añade a nuestra política fiscal. El gasto público, lo que se decida respecto a la estructura tributaria y a la forma cómo se financia o se dispone del resultado presupuestal, son los instrumentos de la política fiscal. No está claro cuál es el objetivo de esta política, más allá de mantener el aumento del gasto en términos reales y de ampliar la presión fiscal o aumentar el endeudamiento. Hoy es expansiva por el lado del gasto público, pero restrictiva por el lado tributario. No es anticíclica, es decir expansiva en momento de baja actividad y restrictiva cuando la actividad crece y amenaza con mayor presión inflacionaria. Y no es puramente expansiva porque no lo fue puramente restrictiva cuando el resultado fiscal pudo haber sido positivo durante los años de alto crecimiento. Aquellos durante los cuales el gasto se expandió exageradamente, sobre todo con altísima contratación de funcionarios, que le privaron de su natural carácter exógeno ante las exigencias indexatorias.

Una política muy discutible porque, por otro lado, el financiamiento con aumentos de tributos que ha ocurrido, termina por permitir un multiplicador de la actividad económica sensiblemente menor al multiplicador del gasto privado que se habría tenido, si la presión fiscal hubiese sido menor. Y porque además, no se tiene en cuenta el sistema cambiario en el que se desarrolla, lo que al margen de la dualidad de resultados por la aplicación de sus instrumentos, ya de por sí puede condenarla a la ineficacia.

Hoy todos reconocen el alto déficit fiscal y las dificultades para manejarlo sin llegar a aumentar su costo, el que provocaría más altas tasas de interés. Tarde, ahora, las calificadoras de riesgo y algunos organismos multilaterales hablan de un déficit que, pese a los reiterados ajustes por el lado del aumento de la presión fiscal, es necesario reducir. Una política fiscal contractiva es lo que proponen, sin descartar nuevos aumentos tributarios, ahora que merma la inversión y se revierten factores externos favorables.

Es imposible referirse a la política monetaria si simultáneamente su eficacia para solucionar problemas macroeconómicos, como mencionara para la política fiscal, no se la asocia con la política cambiaria. Hoy es difícil encontrar el objetivo que se pretende lograr con los instrumentos de la política de manejo de dinero primario, y con el instrumento de manejo de la creación secundaria de dinero por parte del sistema bancario.

Es que en ciertas circunstancias, el régimen cambiario es de intervención de la autoridad monetaria —con lo cual pierde el control de la cantidad de dinero— y en otras es de flotación —cuando adquiere el control total—. Pero esa flexibilidad de la política monetaria, en un caso apunta a controlar el movimiento de los precios y a desatender a la actividad económica y en el otro a atenderla, pero perdiendo el control del movimiento de los precios. Hoy el nuevo panorama de más aumentos de la tasa de interés y de rendimiento de los títulos de EE.UU. y la pronunciada devaluación en nuestros dos vecinos, ha provocado una fuerte depreciación del peso sin que se interviniera en el mercado de cambios, a pesar de los anuncios oficiales justificativos de la intervención para evitar aumentos o bajas bruscas del valor de la moneda local. Y asistimos a un arreglo monetario-cambiario expansivo, contrario al contractivo que había hace tan solo dos meses. La inflación deja de ser prioridad y el objetivo al que apunta naturalmente una situación de ese tipo es a lograr una transitoria mejora del nivel de actividad de la producción transable.

La política fiscal, la política monetaria y la cambiaria constituyen una combinación que apunta a objetivos volátiles y contrapuestos y que el resultado que se perfila en las discusiones salariales entre empresarios y trabajadores les distancia aún más. Inflación más alta y menor actividad, resultarán de la mezcla señalada.